La complejidad caracteriza la relación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con Chiapas, esa complejidad es incluso paradójica y por tanto una fuente de conflictos permanentes que tal parece nunca terminarán
Aquí están las presas que aportan el 54 por ciento de la energía hidroeléctrica al país y el 12.3 por ciento de la energía eléctrica total que consume México. Aquí están también los clientes más pobres de la paraestatal y varios de los municipios del país más morosos.
El dolor de pagar el recibo de luz para las familias
Prácticamente toda la ciudadanía chiapaneca protesta contra la CFE. Esas protestan tienen por lo menos 20 años en toda la geografía estatal.
Lo menos que los ciudadanos chiapanecos dicen, es que los cobros son excesivos, representan un abuso y que la CFE los hostiga. Lo que se pide es que esos cobros sean acordes con la realidad económica. Incluso comunidades enteras se han declarado en resistencia en contra de la CFE.
Lo peor que ha pasado es que esa indignación contra la paraestatal ha provocado secuestros de sus trabajadores, toma de edificios municipales, marchas y bloqueos carreteros. Prácticamente lo que se vive en Chiapas es un clima de tensión permanente entre la CFE y la sociedad.
¿Qué explica esa conflictividad?
De acuerdo a datos del 2016, la Comisión Federal de Electricidad cuenta en Chiapas con 1.5 millones de clientes. De ellos, el 92.5 son clientes que caen en la categoría de “consumidores domésticos de bajo consumo”. Prácticamente para la CFE operar en Chiapas significa muchos gastos y poco rendimiento, pues todos sus clientes son pobres.
La otra cara de la moneda; la morosidad de los Ayuntamientos
Les han cortado la luz pública, la CFE los han boletinado al buró de crédito, les han condicionado los servicios al pago de los adeudos, les han interpuesto demandas penales y ni así los Ayuntamientos chiapanecos dejan de ser clientes morosos de la CFE.
Es más; la deuda de los Ayuntamientos ha crecido. En el 2016 era de 520 millones y con datos al mes de mayo de este año, la cifra era de 823.3 millones de pesos. La cifra representa un escandaloso incremento de 59 por ciento en solo un año.
Una petición ciudadana de acceso a la información realizada a través de la plataforma nacional de transparencia, permitió conocer la realidad de las deudas municipales chiapanecas ante CFE.
La respuesta fue un archivo donde pueden conocerse cifras alarmantes. La deuda total municipal chiapaneca es de 823.3 millones de pesos.
La CFE tiene seis medidas punitivas en curso contra los alcaldes morosos; ellos son de Altamirano, Chanal, Comitán, Frontera Comalapa, Huixtán y Zinacantán.
De acuerdo a los datos de la información proporcionada por la CFE a través de la plataforma nacional de transparencia; de 122 municipios chiapanecos, solo Belisario Domínguez y Tumbalá no tienen ningún adeudo con la paraestatal.
Las deudas van desde los 51,461 pesos que debe el Ayuntamiento de Marqués de Comillas, hasta la más alta que corresponde a la comuna de Comitán de Domínguez con 104.7 millones de pesos de deuda.
Por tamaño de municipio, Tuxtla Gutiérrez tiene una deuda de 7.6 millones de pesos; Tapachula de 10.2 millones, San Cristóbal de 4.2 millones y el ya citado caso de Comitán con 104.7 millones de pesos de deuda.
De los 122 municipios de Chiapas, 65 de ellos tienen un convenio de pago vigente con la CFE. Pero cuarenta y nueve no lo tienen.
La pobreza del estado no permite que los clientes de la CFE sean solventes. La categoría de “consumidores domésticos de bajo consumo” no permite a la paraestatal tener los mejores márgenes de utilidad, como tampoco lo permite la alta dispersión poblacional, que encarece lo que los chiapanecos consumimos.
Lo que no es posible es que si el 92.5 por ciento de los consumidores de electricidad del estado estamos en esa categoría: ¿Porqué de repente los recibos de consumo eléctrico vienen con alzas exorbitantes?.
Brotan deudas gubernamentales en Chiapas por todos lados
Ahogados con las deudas ante la CFE, algunos de los presidentes municipales fueron consultados para la realización de este texto. En esas conversaciones sale a relucir otro hueco en las finanzas municipales; la de las acumuladas ante el tribunal burocrático por los laudos laborales en las administraciones municipales.
El Tribunal nace para darle cause a las demandas laborales de los trabajadores del estado. Hoy esa institución está alejada de dicho propósito.
Los presidentes municipales acusan que es el parapeto para el enriquecimiento de los magistrados, quienes no garantizan la aplicación de la justica laboral.
Los dedos municipales acusan al Magistrado Juan Antonio Rodríguez Salim. A pesar de que ya cumplió con los dos periodos que marca el código de organización del Poder Judicial; al magistrado, que vive tiempos extras en el puesto; se le acusa de traficar con los laudos laborales. Por ejemplo ordenó el desbloqueó cuentas embargadas a Pueblo Nuevo Solistahuacán; cuando el municipio ya estaba en proceso de pago a los trabajadores.
En el tribunal -insisten los presidentes municipales consultados- hay un historial de corrupción contra el citado magistrado. Hay señalamiento de trabajadores y denuncias penales sobre las constantes violaciones constitucionales dentro de los juicios que provee.
El problema de los laudos laborales ha implicado que los jueces de distrito hayan ordenado en varias ocasiones el arresto precautorio para varios alcaldes por la negativa de cumplimiento de los laudos.
Actualmente Tapachula debe 100 millones y tiene tres cuentas embargadas, Tonalá 42 millones y Pijijiapan 40 millones. Nadie conoce algún esquema que garantice el pago de esos pasivos laborales y es que los laudos son sentencias y/o mandatos judiciales que los municipios tienen que cumplir.
La crisis del empleo en Chiapas ¿Quién nos protege?
Las deudas gubernamentales en Chiapas brotan por todos lados. Y claro, alguien tiene que pagarla. ¿Serán los que saquearon el estado? O tal vez ¿Llamarán a cuentas a quienes lo siguen saqueando?.
Es obvio que una medida de ese tipo implica sacudir intereses políticos y económicos. Sin embargo hay una medida más fácil, pero dura; porque los chiapanecos la resentirán. Esa es el recorte burocrático. En enero de este año, cinco mil burócratas fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Y pronto habrá más despidos.
El terror laboral se apoderó ya de una clase trabajadora acostumbrada a obedecer. Serán ellos los que paguen las deudas. Aunque detrás de esa decisión, la situación socioeconómica estatal sea ya de casi pobreza extrema generalizada.
¿A dónde va Chiapas?
Evidentemente que si la tendencia actual de la administración pública estatal es acumular deudas, Chiapas va hacia un pozo presupuestal sin fondo. No hay castigo para nadie. Pero en cambio tendremos parálisis de la obra pública, menos desarrollo, caída pronunciada de los indicadores de bienestar estatal y otra cosa segura: La protesta social en todo su esplendor.