Por Jaime Martínez Veloz
En los últimos días, el candidato Antonio Meade del PRI, ante la incapacidad para desarrollar una campaña políticamente estructurada, en un acto contrario a la legalidad vigente en nuestro país, ha lanzado la acusación a la C. Nestora Salgado de ser una secuestradora, utilizando una supuesta declaración de una supuesta víctima, que jamás, se presentó a las audiencias fijadas por las autoridades, para el desahogo de la causa judicial, por la cual el Gobierno del Estado se había justificado la aprehensión de la ahora candidata al Senado por parte de MORENA.
La historia de las luchas sociales en México ha documentado miles de casos en donde las castas caciquiles, para imponer los sistemas de dominación vigente y los mega negocios que de ellos se deriven, han utilizado la estrategia de fabricación de expedientes de carácter judicial a los luchadores sociales, para utilizarlos conforme sea necesario, ya sea como chantaje o como justificación para una acción penal, como en este caso, la cual al final, fue derrotada en los tribunales mexicanos.
Incluso el INE determino, que la propaganda política que el candidato Meade pretendía impulsar para utilizar electoramente, el caso de Nestora, debería retirarse, dado que, de acuerdo con la propia autoridad electoral, textualmente señala que “hace la imputación directa y especifica de un delito falso en perjuicio de la candidata mencionada, por lo cual el PRI tendrá que sustituir el promocional” donde se aludía al caso de Nestora Salgado.
Por azares de la vida en los meses previos a la aprehensión de Nestora, me correspondió desarrollar tareas relacionadas con mi responsabilidad como funcionario público, en las regiones de la Costa Chica y de la Montaña en el Estado de Guerrero.
Fui testigo de la forma arbitraria con que el Gobernador Ángel Aguirre, intento fracturar la estructura interna de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que desarrollaba sus trabajos en el marco de ley estatal 701 que reconoce el derecho de los pueblos a impulsar sus tareas de seguridad comunitaria.
Dicho gobernante creo un esquema con dos variantes: Cooptación de dirigentes por un lado y por otro, represión y cárcel para aquellos que no se plegaban a sus designios, con el propósito evidente de fracturar a la CRAC, la cual después de esa ofensiva gubernamental, tuvo la capacidad de reconfigurarse y fortalecer su cohesión interna, labrada durante años de experiencia comunitaria.
Mis diferencias con las autoridades estatales y los cuerpos de seguridad en Guerrero, estan documentados en los medios de información del Estado. https://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/92367
En paralelo a esta ofensiva, los megaproyectos y en especial la minería, ha desplegado una acción mas prominente en los territorios indígenas de Guerrero, que se encuentran enfrentados tanto a la proliferación de la siembra de estupefacientes como a los diferentes grupos mineros asentados en Guerrero, cuya actividad ha fortalecido la logística de las bandas criminales asentadas en cada región minera.
La conjugación de una serie de factores ajenos a la realidad guerrerense ha creado un coctel altamente explosivo, cuyas repercusiones las sufren directamente los habitantes del Estado. Entre esos factores se destacan los siguientes:
- El incremento del número de adictos (27 millones) en Estados Unidos, que demandan un volumen mayor de estupefacientes, que ha incrementado el numero de bandas criminales que se disputan las tierras para plantar amapola, mediante procedimientos agrícolas de alto rendimiento. Un funcionario norteamericano declaro a Reuters que en el año 2016 se sembraron en México 32 mil hectáreas. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ejercito-lucha-contra-la-violencia-generada-por-la-siembra-de-amapola-en-guerrero . El retiro del apoyo gubernamental al campo fue sustituido por la siembra de estupefacientes. El Narco sustituyo al BANRURAL.
- El ingreso ilegal de millones de armas, provenientes la mayoría de las armerías norteamericanas, desplegadas a lo largo de nuestra frontera norte, en donde del lado norteamericano, en los Estados colindantes con México, (California, Arizona, Nuevo México y Texas) se encuentran 6,700 tiendas de armas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro de línea fronteriza
- La generación de cantidades multimillonarias susceptibles de ser sometidas al lavado de dinero. En el año 2014 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calculo que el monto del narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes, generaban 1.13 millones de pesos susceptibles de ser sometidos al lavado de dinero. http://www.milenio.com/policia/narco-delito-fiscal-dejan-mexico-58-mil-mdd-ano
- La privatización de los Puertos del Pacifico a la firma oriental Hutchinson Hampoa. La licitación del Puerto Lázaro Cárdenas, se produjo una acción que ejemplifica el tipo de relaciones entre empresas trasnacionales y la corrupción gubernamental. El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió Hutchinson Port Holdings y lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (COTSA), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes, en una clara maniobra pactada desde antes del concurso, Hutchinson Port Holdings, apenas al mes de haberse adjudicado la concesión, les compró el 51 por ciento de las acciones, lo cual motivó a otra compañía concursante a demandar la nulidad de la concesión. El 24 de octubre del 2006, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA) a través de TMM Transportación Marítima Mexicana, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril de 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales (COT), e impide que se asigne el contrato parcial de derechos a (HPH) para operar la Terminal especializada de contenedores. Las autoridades de la SCT, en lugar de acatar el fallo de los tribunales mexicanos, violando el fallo del tribunal, le permitieron operar a HPH, cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante (SSA) en el puerto de Cozumel. http://www.15diario.com/hemeroteca/15diario/hemeroteca/2012-02-14/martinez.html
- Al retiro del Gobierno del control de los Puertos, el de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo, se convirtieron en plataformas para la exportación ilegal de productos mineros. La entrega de 1 millón 450 mil hectáreas a la minería y 860 concesiones mineras y en el Estado de Guerrero, de las cuales el 90% es decir 1 millón 300 mil hectáreas fueron entregadas durante los Gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, para los cuales trabajó, el ahora candidato del PRI Antonio Meade. https://www.animalpolitico.com/2014/12/esta-es-la-historia-de-corrupcion-y-extorsion-que-hay-detras-de-los-buques-chinos-varados-en-mexico/
- Cabe señalar que hasta el año 2000, la cantidad de hectáreas concesionadas a la Minería en Guerrero no eran mayor a 25 mil hectáreas. Los Gobiernos de Fox y Calderón repitieron la formula en la mayoría de los estados colindantes con Guerrero y los del resto del país, donde existe presencia minera. La irrupción del crecimiento de la industria minera se llevo a cabo, sin controles ni supervisión por parte del Estado Mexicano, según la Auditoria Superior de la Federación, “de las 27,915 concesiones entregadas entre el 200 al 2015, la SEMARNAT solo evaluó 287 Manifestaciones de Impacto Ambiental situación que implica que hasta el 99% de las concesiones operaron fuera del marco regulatorio”
- Según información de la ASF, en el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derecho a la minería fue 22, 396.9 millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos que genero la explotación de minerales como el oro, la plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso, dolomita.
- El Gobierno de Felipe Calderón, el 20 de junio del 2007 publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto promulgatorio del Convenio entre México y Estados Unidos para “evitar la Doble Imposición del Impuesto sobre la Renta”, lo que ha permitido que las empresas mineras canadienses, además de llevar el oro, la plata y los minerales, se lleven también el mayor de los impuestos, cuyo impacto genera una mayor debilidad de las finanzas nacional. http://www.rcinet.ca/es/2017/06/08/mexico-tiene-una-deuda-de-486-millones-de-dolares-con-las-mineras-canadienses/
- La relación entre la minería y el crimen organizado ha sido reconocida públicamente por las empresas mineras. Rob McEwen el principal operador de la empresa minera Gold Corp. admitió ante los medios de comunicación, el control de las mineras por parte el crimen organizado http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mcewen-mining-admite-control-de-carteles-en-exploracion-minera
- La empresa Gold Corp. tiene el control de la Mina “Los Filos” ubicada en el Municipio Eduardo Neri, colindante con el Municipio Iguala, donde se produjo el asesinato de jóvenes guerrerenses, así como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cabe mencionar que la cauda de asesinatos en la comunidad de Carrizalillo, del Municipio Eduardo Neri, desde que se instaló dicha empresa minera las personas ejecutadas se cuentan por decenas, http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/oro-y-narco-aumentan-violencia-en-guerrero ante el silencio y la omisión de la Fiscalía de Guerrero, la misma que frente al caso de Nestora Salgado, realiza una acción expedita, en sincronía con la estratagema rupestre del candidato Meade, funcionario del Gobierno de Felipe Calderón, que mantuvo, relaciones cercanas con la empresa minera canadiense http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/06/se-reune-el-presidente-felipe-calderon-con-el-presidente-de-goldcorp-charles-jeannes/
Por último, tengo claro que la relación entre minería y crimen organizado, es la principal afectada con la presencia de los sistemas de seguridad comunitaria y en este caso la presencia de Nestora Salgado, en el Senado de la Republica se constituirá en un pilar de la lucha de los pueblos contra los mega proyectos, que han arrasado con el medio ambiente y se han constituido en una fuente de financiamiento del crimen organizado en el Estado de Guerrero y en muchos otros Estados con presencia minera.
Por ello cabría preguntar si la acusación desproporcionada contra Nestora Salgado ¿es solo un artilugio político electoral? o ¿es parte de una ofensiva tras bambalinas de las empresas mineras y sus socios del crimen organizado, en donde el candidato del PRI participa por complicidad o por omisión?