Tuxtla Gutiérrez, Chis. 13 Agos.- Las 57 parroquias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas recabaron 40 mil 400 firmas para respaldar el amparo que interpuso la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en contra de los decretos de reserva de agua promulgados por el presidente Enrique Peña Nieto.
Las 40 mil 400 firmas, fueron recabadas en cada una las 57 parroquias, en ejidos y rancherías, y se sumaron organizaciones sociales y no gubernamentales.
En conferencia de prensa, la coordinación Diocesana de Derechos Humanos que abarca a pueblos originarios de Tzotzil, Tzeltal, Chol, Tojolabal, Chuj, Q’anjobal, Acateco, Jakalteco, Zoque, Motozintleco y Mam, manifestaron su preocupación por las acciones de los gobiernos federal y estatal que están despojando los territorios de los pueblos y que están dando concesiones a las empresas nacionales e internacionales para realizar proyectos consistentes en minas, hidrocarburos y ahora el agua.
Al dar lectura a un comunicado exigieron al gobierno federal la derogación de los decretos de la reserva de agua para uso público y humano, ambiental y generación de energía eléctrica, la cancelación definitiva de los mega proyectos en minas, hidrocarburos, represas y cualquier proyecto que despojo los territorios de los pueblos originarios.
“Se percibe la huella de racismo, discriminación y despojo, que los gobiernos neoliberales, impusieron con mayor fuerza, desde la contrarreforma agraria de 1992, sin olvidar las contrarreformas estructurales, avaladas en el Pacto por México de 2013. El 6 de junio pasado, fue la coronación de tres décadas de graves violaciones a nuestros derechos humanos y como pueblos indígenas, no obstante de haber legislado y puestos en la Constitución, tales derechos”, señalaron.
Manifestaron su “total indignación y por consiguiente nuestra total desaprobación por los Decretos de Reservas del Agua para Uso público-urbano, ambiental y generación de energía eléctrica, publicado el pasado 6 de junio de 2018, en el Diario Oficial de la Federación y en particular nos referimos al Decreto que afecta la Cuenca Hidrológica Grijalva-Usumacinta, sobre la cual se extiende el amplio territorio de los pueblos originarios, así como de poblaciones campesinas y urbano populares no indígenas.
Por separado, las 51 comunidades pertenecientes a la parroquia católica del municipio de Las Margaritas, exigieron al gobierno federal cancelar el proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en las comunidades de Loma Bonita y Las Nubes, municipio de Maravilla Tenejapa, sobre el río Santo Domingo, porque no se ha consultado a los pobladores y porque implica el “despojo de su territorio”.
“En nuestras comunidades el agua es sagrada, fuente de vida y no se negocia (…) ante la situación de despojo de nuestros derechos fundamentales y la falta de atención de los diferentes niveles de gobierno a nuestros pueblos denunciamos que el Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo, afecta a nuestras comunidades y en gran parte a las reservas naturales protegidas de la región”, manifestaron al exigir su cancelación inmediata.
En tanto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente e historia Natural de Chiapas (Semhn), Ricardo Hernández Sánchez, informó que su par nacional pospuso para la próxima semana la entrega del dictamen acerca de la viabilidad o no del proyecto hidroeléctrico citado.