· Encuentro del virtual secretario de Agricultura con el Congreso Agrario Permanente
· Se les acaba el negocio que hace a dirigentes ricos y a campesinos pobres
Por. Guillermo Correa Bárcenas
El encuentro había sido esperado con ansiedad y fue hace unos días en que se concretó. La sede del Congreso Agrario Permanente –mejor conocida como la Cueva de Alí Babá– estaba abarrotada. Los dirigentes campesinos ya habían escuchado a Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Los que quisieron preguntaron.
Al final no faltó el llamado para la foto con el futuro secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Tampoco la burlona y cínica expresión de Guadalupe Martínez, de la CONSUC que preguntó: ¿cómo cuántos años de cárcel estarán aquí reunidos? Y es que la dirigente sabe con seguridad que son muchísimos si se aplicara la ley. Tal vez del tamaño de la pobreza en que sobreviven los millones de campesinos que dicen representar mientras ellos gozan de lo mejor.
Por eso es que las risitas de los dirigentes campesinos se notaban nerviosas debido a la angustia que los azota ante la sospecha de que su gran negocio a costa de los más pobres está por acabarse.
Al menos lo han insinuado así el Presidente Electo y el funcionario que ocupará lo que ostentosamente se llama hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), pues han anunciado que se modificarán las Reglas de Operación de esa dependencia con el objetivo de que los productores no necesiten de ningún liderazgo para recibir los recursos que les corresponden para echar a andar sus proyectos productivos.
En la jerga campirana esto se llama acabar con Los Coyotes o intermediarios que eso son la mayoría de los que se dicen sus representantes cuyos bolsillos no tienen llenadera. Solamente para el año que corre se autorizó un presupuesto a esa dependencia superior a los 80 mil millones de pesos.
Resulta que con el neoliberalismo aplicado al campo mexicano la situación actual está más o menos así: cada año en la Cámara de Diputados se aprueba un millonario presupuesto que debe ser administrado por la SAGARPA. La mayoría de los legisladores, casi siempre del PRI, pedían por los recursos logrados su correspondiente mochada.
Con ese fin se elaboraban en el gobierno en turno Reglas de Operación burocráticas al grado de que solicitaban a los campesinos presentar sus proyectos en power point cuando la mayoría no sabe manejar una computadora.
Y aquí es donde entraban las organizaciones campesinas que les desarrollaban la propuesta bajo el entendido de que al ser aprobada los productores tenían que ceder un porcentaje del dinero obtenido, quedándose casi siempre con casi nada. En lo que respecta a los apoyos para la siembra –semillas y fertilizantes, entre otros– los dirigentes acostumbran también entregárselos a precios que en ocasiones hasta quintuplican su valor.
Además, cobran por cualquier trámite y, por si fuera poco, en cada elección venden el voto verde o lo manipulan a su antojo. Organizan los acarreos para eventos como el del Grito en la Plaza de la Constitución a cambio del frutsi, el sandwich y una lana miserable. Lo mismo pasa con las marchas, mítines y plantones de los hombres del campo a los que es cotidiano verlos en la capital de la República pobres y hambrientos, al mismo tiempo que los líderes se pasean en camionetas de lujo y desayunan en restaurantes de lujo.
Eso es lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere acabar apenas inicie el próximo primero de diciembre. De ahí que los dirigentes de las organizaciones que integran el CAP cambien de color, según el partido en el poder. Ahora, como irónicamente titularon su comunicado de la reunión que se comenta, dicen que se sumarán al combate contra la corrupción –de funcionarios de la SAGARPA, aclaran— y a que los recursos lleguen directamente a los productores.
En su hipocresía en esta ocasión llegaron a confesar a través del coordinador José Luis González Aguilera, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), que la distribución del Presupuesto de Egresos debe ir a quienes tienen más necesidad y que ninguna organización los rasure, porque no es justo que le quiten hasta el 50 por ciento.
Lo grave es que esa ha sido siempre la historia del CAP que se creó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en noviembre de 1988 con la firma del Convenio de Acción Unitaria entre diez centrales. En esos tiempos, CSG buscaba la legitimación de su gobierno espurio por parte del movimiento campesino, a la vez que se fraguaban la contrarreforma agraria y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para acabar con la incipiente rebeldía –relató Plutarco Emilio García Jiménez en La Jornada del Campo— se optó por la vieja idea echeverrista de constituir un solo organismo cúpula del campesinado, tras el fracaso del Congreso Permanente Agrario (Conpa) y el Pacto de Ocampo en la primera mitad de los años 70. Con ese fin fueron convocadas en Veracruz todas las agrupaciones campesinas el 6 de enero de 1989, fecha en que se conmemora la promulgación de la Ley Agraria carrancista de 1915.
Asistió la mayoría de los firmantes del CAU y, por supuesto, las afiliadas al PRI. En su llamado a la creación del Congreso Agrario Permanente (CAP), Salinas afirmó que éste “(…) permitirá fortalecer la unidad en el campo, y en consecuencia dar la fortaleza que el país requiere en los tiempos que vivimos”.
Los días 25 y 26 de mayo de 1989 se constituyó formalmente el CAP, con la CNC, CCI, CAM, UGOCM-JL y con firmantes del CAU, como la CIOAC, UGOCP, UNTA, UNORCA, CODUC, M-400 Pueblos, CCC, y Alcano. Las integrantes del CAU que decidieron no participar fueron la CNPA, FDCCh y CNPI.
Plutarco Emilio García Jiménez, fundador de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), recuerda que para mantener bajo control a la nueva organización cúpula, Salinas le dio subsidios, y cooptó dirigentes, ofreciéndoles candidaturas a cargos de elección popular por el partido oficial, como ocurrió con Margarito Montes Parra, de la UGOCP, quien a cambio de firmar el “finiquito agrario”, se hizo merecedor del manejo discrecional de grandes sumas de dinero, que usó en la compra de tierras y proyectos agropecuarios, además de que figuró en la lista de candidatos a diputados plurinominales por el PRI.
De esta forma, los apoyos económicos y prebendas del gobierno a las organizaciones del CAP se tradujeron en candados frente a cualquier iniciativa de movilización y participación de las bases. Como era previsible que el CAP no promovería protestas contra la reforma salinista al artículo 27 constitucional de 1992 ni contra el TLCAN que entró en vigor en 1994, en lo sucesivo representó el ala oficialista del movimiento campesino mexicano, apuntalando explícita e implícitamente la política neoliberal y las acciones autoritarias del gobierno.
Cuando cumplió 10 años de fundado (mayo de 1999), el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó: “Al CAP le ha correspondido impulsar la nueva etapa de certidumbre y corresponsabilidad para la modernización del campo mexicano, enmarcada en la reforma al artículo 27 de nuestra Constitución y la nueva Ley Agraria”.
Por su parte, el coordinador del CAP en turno, Juan Leyva Mendívil, de la Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) agradeció las “bondades” del gobierno, aplaudió el TLCAN y expresó: “Sabemos que contamos con el presidente de la República, sabemos que tenemos CAP para mucho tiempo”.
Sin embargo, con unos 30 años de vida, el desgaste y desprestigio del CAP ha ido creciente. La emergencia del Movimiento El Campo no Aguanta Más a finales de 2002, produjo el desprendimiento de la UNORCA, organización que desde ese entonces consideró que la cúpula era un lastre y un “cadáver”.
Del análisis del representante de la CNPA se conserva que la alternativa lógica y más viable para todas las organizaciones en lucha es la construcción de una gran expresión unitaria del movimiento campesino, que enarbole con dignidad y congruencia las actuales demandas sociales y deje atrás la simulación, la pasividad y las prebendas que han caracterizado al CAP, que ciertamente es ya un cadáver que apesta.
Basta señalar que su actual coordinador José Luis González Aguilera, cargo que ha ocupado varias veces, es un personaje versátil que durante el foxismo transformó a la UGOCM de priista a panista. El colmo es que ahora se vaya a tornar morenista, cuando no entiende que AMLO va a cazar coyotes.