La mayoría del partido Morena en el Congreso de Chiapas, nombró por unanimidad como nuevo Fiscal General del estado, a Jorge Luis Laven Abarca, ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), en el gobierno de Manuel Velasco Coello.
Por unanimidad, en sesión extraordinaria, con la abstención del diputado Juan Salvador Camacho Velasco, los diputados locales aprobaron al nuevo fiscal por un periodo de nueve años, de una propuesta inicial de cinco candidatos.
Antes de desempeñarse como titular de la SSPyPC, Llaven Abarca fue delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR), y anteriormente fue titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO), de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), durante el periodo de gobierno de Juan Sabines Guerrero.
Ha sido además agente del Ministerio Público del fuero común, fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.
De su desempeño como titular de la SSPyPC de acuerdo a la organización Causa en Común que preside María Elena Morera, especialista en analizar el desarrollo policial en el pais; Llaven Abarca tuvo las peores calificaciones de profesionalización policiaca.
Los policías chiapanecos carecen de cualquier condición mínima. No cuentan con viáticos, uniformes, entre otros. Además que muchos agentes a quienes se les aplicaron el control de confianza continúan laborando.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones en 21 estados del país, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ha señalado al nuevo Fiscal como responsable de tortura y otras violaciones a derechos humanos en Chiapas, como lo demuestra la recomendación 26/2002, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las detenciones y tortura durante el operativo policiaco en la comunidad San José, en el municipio de Marques de Comillas, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.
Como Fiscal de la FECDO, durante el periodo de Sabines Guerrero, el ahora Fiscal fue identificado como perpetrador en hechos de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, arraigo, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, entre los hechos más conocidos se encuentran la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, la detención y tortura a David Potencian Torres y las amenazas de muerte a su familia por señalarlo como victimario de la tortura, detención y tortura de Wilber Cortez Acosta, entre otros casos denunciados.
Durante su paso por esa fiscalía, organizaciones de derechos humanos registraron un elevado número de víctimas de tortura.
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