Al cumplirse 14 meses del desplazamiento forzado de tsotsiles de sus comunidades de origen del municipio de Chalchihuitán, por la disputa de más de 364 hectáreas de bienes comunales, con habitantes de Chenalhó, aun permanecen mil 237 personas fuera de sus hogares, y en el lugar la situación es delicada, el problema persiste, los grupos armados siguen en la franja territorial en disputa.
Representantes de los desplazados acudieron a San Cristóbal de las Casas para ofrecer una conferencia de prensa, y denunciar que la situación es tensa, la problemática se mantiene y temen regresar a sus casas
Un vocero de los desplazados, dijo que la alcaldesa de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, del PAN, ha confrontado a los desplazados, “debido a su cercanía política que guarda con el gobierno municipal de Chenalhó de donde proviene el grupo agresor” y que era encabezado por la ex presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, del PVEM, para provocar violencia en contra de los habitantes de Chalchihuitán.
Narraron que los mil 237 desplazados son originarios de las comunidades Pom, Kanalumtik, Chenmut, Tulantik, Pejeltón, Cruz Cacanam, Vololchojon, Tzomoltón y Cruztón, que siguen viviendo en las montañas por la presencia de los hombres armados del municipio de Chenalhó.
En los campamentos donde viven actualmente los desplazados, “se ha convertido en itinerantes debido a que las propias autoridades municipales han generado un clima de rechazo hacia nosotros como desplazados y quienes nos rentan los terrenos en los que nos ubicamos, luego nos piden que salgamos de estos sitios, por presión de las autoridades municipales”. explicaron.
“Es por esta razón que algunas veces los campamentos se tornan simbólicos, porque algunas familias se refugian con familiares o han optado por rentar cuartos para recuperar algunas condiciones de vida sobre todo para las mujeres, niños, niñas y ancianos. Los hombres salen a trabajar a otras comunidades, municipios y ciudades para traer alimento a sus familias”, dijo el vocero de los desplazados.
Autoridades municipales niegan la existencia de los desplazados
Los representantes de los desplazados comentaron que el 19 de diciembre, la alcaldesa Margarita Díaz García, y el síndico municipal de Chalchihuitán, Hermelindo García Núñez, acordaron una reunión con el Subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, en Tuxtla Gutiérrez, pero en el encuentro no permitieron el ingreso de los cinco integrantes del Comité Autónomo de Desplazados.
El argumento fue que ya “se había completado el cupo de quienes podían acceder al salón, logrando entrar después de diez minutos de iniciada la reunión, debido a la intervención de la diputada local Patricia Mass Lazos”.
En el encuentro con el gobierno del estado, denunciaron los desplazados, el síndico dio a conocer que el cheque por 15 millones de pesos, que sería para la reparación de daño, del juicio agrario 364-91-33, para los habitantes de Chalchihuitán, se extravío, y acusó de la pérdida del dinero, a los integrantes del Comité Chalchihuitle, que forma parte de la Comisión Investigadora del paradero del cheque, que se nombró el 29 de septiembre, en asamblea en Chalchihuitán.
Pero el Comité Chalchihuitle tiene en su poder un documento, donde “se avala que el cheque por los 15 millones de pesos fue devuelto a la Secretaría de Hacienda del Estado”, en el gobierno de Manuel Velasco Coello, explicaron.
Ante esta situación, los desplazados señalaron que ante un clima de desorden comunitario en Chalchihuitán, puede derivar de una confrontación interna, todo por el actuar violento del síndico municipal y la omisión de la alcaldesa.
“La negación de nuestra existencia como desplazados forzados internos, como acción constante del sindico municipal de Chalchihuitan, así como del gobierno del estado, para que el Estado Mexicano no cumpla con la responsabilidad que tiene de atender de manera integral el tema, así como generar acciones de desarticulación y desarme de los grupos armados de corte paramilitar que operan en la región”.
También la “presión ejercida” por parte del síndico hacia los agentes rurales “para que firmen un documento en donde se niega la existencia de desplazados forzados internos y se disuelva todo tipo de organización para impedir nuestra participación”, constituye una forma de coartar su libertad de expresión, denunciaron.
