Destruyen 9 campamentos de desplazados en Chalchihuitán

• 238 familias desplazadas perdieron sus pocas pertenencias: Frayba

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en  el municipio de Chalchihuitán, fueron destruidos en un contexto de agresiones por parte del ayuntamiento de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional, por lo que la población en su mayoría mujeres, niñas y niños se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El organismo explicó que los campamentos fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 horas, aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Nuñez, Sindico Municipal.  “Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades”.

“238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Por, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas”. 

Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

En la denuncia pública, el Frayba señala que al menos mil 237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán,  en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas. 

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano, alertó el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz.

En su denuncia, afirmó que el gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, «para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017».