Congreso de Chiapas analiza derogar decreto que obliga a dar protección policiaca a ex servidores públicos

La iniciativa para eliminar la protección policiaca pagada con el erario público a ex servidores del gobierno de Chiapas, como el ex gobernador Manuel Velasco Coello (2012 – 2018 ), se turnó para su análisis en el Congreso local, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz.

El legislador del partido Morena, señaló que es probable que el próximo domingo se apruebe la eliminación de proporcionar escoltas a ex servidores públicos. “No puede haber privilegios para algunos; la policía tiene la función y obligación de cuidar y velar por la seguridad de los ciudadanos, no la de ex funcionarios”, declaró.

Toledo Cruz dijo que se revisará la iniciativa; “era obvio que el decreto había sido hecho a modo: primero venía por un período de 10 años, luego lo modificaron y lo pusieron a 15 años”, comentó.

De acuerdo con el decreto 223, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de julio de 2017, Velasco Coello, cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre podrá disponer de un equipo de seguridad policíaca para su protección personal, por 15 años, tras concluir administración “por los servicios prestados al Estado”.

La resolución beneficia en los mismos términos al ex Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar; mientras que para los titulares del Poder Judicial de Chiapas ,y de la  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se fijó que la protección será por un período igual al que dure su función como servidor público en el último cargo.

Mientras que el decreto 358 , publicado en el periódico oficial 195 del gobierno del estado, el 31 de octubre de 2009, durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero  (2006-2012), establece que la protección al ex gobernador será por 10 años; al entonces Procurador General de Justicia del Estado, por cinco años.

Los  ex titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Función Pública serán resguardados por un período igual al que dure su función como servidor público, en su último encargo.