Escala la violencia en los Altos de Chiapas; la militarización no es la solución a la crisis de desplazamiento forzado: Frayba

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 26 Mar.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió al Estado mexicano  “investigue a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, logre su identificación, desarme y desarticulación”, para evitar que sigan atacando a pobladores de Aldama, donde fue herido de bala un niño de tres años, presuntamente por pobladores de Santa Martha, Chenalhó, en el contexto de la disputa de 60 hectáreas.

En un comunicado el Frayba, dijo que “la violencia escala en los Altos de Chiapas porque los grupos civiles armados tienen omisión e incluso protección por parte de instancias policiacas y militares encargadas de brindar seguridad a la población”.

El organismo explicó que “la BOM que estaba ubicada en la cabecera de Chalchihuitán, no detuvo en diciembre de 2017, el asedio de grupos armados y tampoco garantizó ayuda humanitaria integral a las 5 mil 266 personas víctimas de desplazamiento forzado de 9 comunidades de ese municipio y una de Chenalhó”, por la disputa de límites territoriales entre ambas localidades.

Por lo que consideró que “la militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en los Altos de Chiapas” y consideró que “a más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste el riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán”.

“Opciones militarizadas no sólo no resuelven los conflictos, sino que los intensifican, y ejemplo de ello son las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) situadas en la región”, destacó.

El Frayba señaló que “las medidas de contención de la violencia implementadas por el Estado mexicano en el caso de Aldama son ineficaces; el 1 de mayo de 2018 se instaló una BOM en Saclum, pero persistieron las agresiones con armas de fuego”.

Además refirió que 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama perdieron la vida “en ataques posteriores a la instalación de elementos militares y policiacos en la zona”.

El pasado 23 de enero “se instaló una BOM en la comunidad de Coco, Aldama para garantizar la seguridad de la población de Aldama y Santa Martha, pero esta medida ‘disuasiva’ también fracasó, y las fotografías de militares en el paisaje campesino denota una zona de guerra en un país que se dice democrático”.

Por lo que “la aceptación de la presencia militar por representantes comunitarios, se explica desde la coacción y manipulación de los programas sociales y desde el hostigamiento a quienes manifiestan oposición”.

Para el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz, “la estrategia mediática pro militares realizando tareas de `’asistencia y ‘pacificación’ no coincide con los objetivos reales de control de territorios y vigilancia a quienes defienden sus derechos humanos. 

“La vida cotidiana en las comunidades se daña con la presencia de más armas como supuestas opciones de solución a los conflictos. Las imágenes de niños jugando con fusiles de madera es una dimensión en la ruptura de los tejidos sociales. La integridad personal y la seguridad de las mujeres, es otra expresión de los riesgos de la militarización”.

Desde hace 40 años, los municipios de Aldama y Chenalhó se disputan 60 hectáreas; el conflicto ha dejado alrededor de 25 muertos y varios heridos, además pobladores desplazados de sus comunidades.