- El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 11 Mayo.- A “implementar medidas necesarias, urgentes y efectivas para proteger la vida e integridad personal de la población en las comunidades tzotziles, que se ubican en la franja límite de los municipios de Aldama y Chenalhó”, enfrentados por la disputa de 60 hectáreas, hicieron un llamado al Estado mexicano cerca de cien organizaciones de derechos humanos, grupos y colectivos.
En una carta pública donde manifiestan su preocupación por el asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón, el pasado fin de semana, las organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba), aseguran que “la población vive con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región”.
“El incremento de la violencia en los Altos, pone en riesgo la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios”.
En el texto refieren que “desde febrero de 2018, la población de Aldama vive una situación de crisis humanitaria; las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2 mil 36 personas”.
Sostienen que entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano, y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, municipio de Chamula, el 28 de marzo de 2018”.
De acuerdo a las Ongs, “en este escenario enrarecido por la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón, el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en los Altos de Chiapas”.
Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, aseguran “son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral”.
Para las Ongs “existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror”, por lo que hicieron un llamado al Estado mexicano a “cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades tzotziles de Aldama”.
Asimismo solicitan al gobierno “investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha, Manuel Utrilla, Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que desde 2016 han provocado desplazamientos forzados masivos en la región; investigar y sancionar a los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región e investigar de manera eficaz el asesinato de Ignacio Pérez Girón para garantizar el derecho a la justicia y la verdad”.
Las agrupaciones que firman el documento son: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otras.