Tuxtla Gutiérrez, Chis. 20 Mayo.- La organización Salvemos al Cañón del Sumidero exigió al Gobierno federal y de Chiapas, atiendan la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida en abril y termine con el ecocidio de la empresa Cales y Morteros del Grijalva que por más de 54 años se ha dedicado a la extracción de materiales pétreos para la construcción.
Los representantes de las colonias Ruiz Ferro, Pedregal, El Refugio, Plan Chiapas y Ribera del Cahuare con una década de lucha, protestaron en el exterior de la calera. Pidieron que las dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cumplan las peticiones de la CNDH.
Las comunidades que habitan esta región, denunciaron las afectaciones y daños irreversibles causados por la empresa Cales y Morteros.
El agua está contaminada con cal, la microcuenca Cahuaré esta atascada de lodos grises y material triturado, contaminación del aire, derrumbes recientes en la pared del cañón, ruidos y vibraciones de camiones y maquinaria pesada, casas fracturadas, además, obstrucción vehicular en la autopista Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas.
Mientras que la población sufre cada vez más de enfermedades, además que su economía que se basa en el ecoturismo y este está siendo afectado enormemente por la tala y el extenso hueco que hay en una superficie de 40 hectáreas en la Pared Oriente del Cañón del Sumidero con el riesgo de desplomarse en cualquier momento.
Los pobladores manifestaron que el Parque Nacional Cañón del Sumidero, sufre daños irreparables, pero aún están a tiempo de rescatar algo del principal atractivo turístico de Chiapas.
Señalaron que hasta ahora los procedimientos administrativos emitidos por la Profepa, no ha cesado en la extracción dentro del Parque Nacional, lo que significaría una acción a medias del gobierno. “Vienen, supervisan, detectan irregularidades, sanciona y le vuelven a dar anuencia para que la calera siga trabajando”, denunciaron.
Claribel Pérez Anaya, vocera de los inconformes, aseguró que la situación en la zona se ha ido agravando. “Las enfermedades son reales, todo está sustentado, no estamos inventando nada, la Secretaría de Salud sabe de lo que estamos padeciendo, porque han hecho estudios y de nada ha servido”.
El último reporte es que 11 niños cuentan con diagnósticos de enfermedades causadas por la contaminación que emite la empresa calera.
En la recomendación 12/2019, la CNDH solicita a la Semarnat y a la Profepa impongan medidas técnicas correctivas para evitar que continúe el daño ambiental, además que se emita una orden de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad e interponga el juicio de lesividad para promover la nulidad de la licencia de funcionamiento de la empresa.
Recomienda que la Profepa identifique cualquier documento que permita la operación dentro del Parque y que no sean compatibles con las normas de actividades en la reserva, para que promueva su revocación.
La CNDH también pide en la recomendación que se realice un diagnóstico integral de la conservación de la zona e implemente un Programa Integral de Restauración Ecológica.
Al Gobierno de Chiapas, la CNDH lo exhorta a que colabore con las dependías federales, además que realice un diagnóstico toxicológico de los riesgos y daños a la salud de la población cercana, así como implantar un programa de atención médica especializado, entre otras exigencias.
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