Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 Mayo.- El cruce ilegal por la frontera sur, entre Guatemala y México, es asunto de todos los días. La porosidad de la frontera sur hace que el migrante tan pronto es deportado intenta de nuevo el regreso obligado por la pobreza endémica de los países centroamericanos y la violencia que aqueja al triángulo del norte.
En esta frontera el fenómeno no termina, cumple ciclos, se transforma, y mantiene la movilidad constante que abarca a generaciones de centroamericanos. Ahora los deportan vía aérea, pero regresan para intentarlo las veces que sean necesario.
La porosidad y el abandono institucional de la frontera sur sufrieron una sacudida con el desarrollo de las caravanas, aunque hay fuerte presencia policiaca, deportados, operativos y redadas todos los días, el migrante no cesa en su empeño para atravesar México y llegar a Estados Unidos.
Juan Cab, indígena maya guatemalteco ha sido deportado dos veces. Señala que en su aldea la vida es dura y las oportunidades no existen. Sus paisanos vía redes sociales le cuentan que en Estados Unidos un jornal es suficiente para que pueda vivir y también enviarle dinero a su familia; “por eso me voy, no hay otra manera de sacar adelante a la familia”.
Junto con dos amigos, Juan espera llegar al sur de Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas.
La frontera entre Guatemala y México tiene 965 kilómetros de longitud. El estado de Chiapas y Guatemala comparten 654 kilómetros de una frontera que además de porosa, no cuenta con infraestructura. Investigaciones académicas y ONGs afirman que existen 56 puntos de cruce fronterizos informales. Dato que confirman las propias autoridades mexicanas y guatemaltecas.
La atención migratoria se reduce a solamente 8 puertos fronterizos, llamados Suchiate I, Suchiate II, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nuevo Orizaba, Frontera Corozal y El Ceibo en Tabasco.
Esa porosidad, permite el tránsito de manera ilegal de mercancías de todo tipo hacia los dos lados de la frontera y de personas indocumentadas que quieren llegar a Estados Unidos.
De acuerdo a datos oficiales, la frontera sur de México sólo cuenta con 125 agentes para los casi mil kilómetros de la frontera sur, esto representa un agente migratorio mexicano cada ocho kilómetros.
Ello explica que México y el Instituto Nacional de Migración, organismo encargado de atender los asuntos migratorios del país; se encuentren rebasados ante la avalancha de migrantes que proceden de Centroamérica, pero que también han comenzado a llegar a México desde otras partes del mundo vía Guatemala.
El fenómeno migratorio golpea al estado de Chiapas, una entidad que tiene índices de pobreza similares a los países centroamericanos. 75 por ciento de su población es extremadamente pobre y las actividades económicas giran en su mayoría en torno a las inversiones gubernamentales.
A la pobreza chiapaneca se le suma la presencia de migrantes que deambulan por las calles de sus ciudades y poblados pidiendo ayuda a una población tan pobre como ellos.
Particularmente, los municipios de la zona del Soconusco y la Costa del Pacífico, han sido la tradicional ruta de la migración centroamericana hacia el norte, es por donde transitan los migrantes y quienes los transportan, los conocidos como “polleros o coyotes”. También es la zona del ferrocarril conocido como “la bestia”.
Siempre invisibles, los migrantes atraviesan las rutas de la porosa frontera chiapaneca con Guatemala hacia el norte huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica, encontrándose con una enorme facilidad para entrar a México, pero con grandes obstáculos para su avance hacia el norte del país, especialmente por la corrupción de las autoridades mexicanas y la presencia de la delincuencia organizada.
La población de Chiapas y las autoridades federales, estatales y municipales en un inicio se solidarizaron con las caravanas migrantes que se formaron desde Honduras. En consecuencia, se continuaron formando caravanas para ingresar a México, pero eso rompió la estabilidad social de los pueblos de la costa de Chiapas, que acusó a los migrantes de violentos.
Las caravanas en volúmenes grandes o pequeños; no solo de ciudadanos centroamericanos; también de grupos de cubanos, haitianos y de diversas nacionalidades africanas colapsaron también los servicios migratorios ya de por si insuficientes, además alteraron la vida cotidiana de las comunidades chiapanecas ubicadas en la ruta natural de la costa de Chiapas.
Ante la nueva coyuntura migratoria, el gobierno mexicano ha cambiado en diversas ocasiones de posición política. Comenzó otorgando todo el mes de enero de este año visas humanitarias. Los datos oficiales refieren que fueron 13 mil las tarjetas entregadas.
Con el otorgamiento de las visas humanitarias, los migrantes de varias nacionalidades incluyendo africanas se agolparon en las instalaciones migratorias de Tapachula.
El éxodo cubano es otro capítulo de la crisis migratoria. Por años, el Instituto Nacional de Migración otorgó a migrantes cubanos que ingresaban a México por Guatemala “un oficio de salida” conocido como un “salvoconducto” que se les brindaba para llegar a Estados Unidos mientras la nación estadounidense mantenía un conflicto con el gobierno de los hermanos Castro Ruz.
Esto por la ley americana conocida como “pies secos, pies mojados” cancelada por Barack Obama al normalizar las relaciones con Cuba. Pero la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump nubló esa nueva relación diplomática y México, no tiene una ley migratoria que cancele este “trato especial” a los migrantes cubanos.
Para marzo la posición gubernamental fue otra; comenzaron las detenciones de migrantes y la dureza contra ellos de parte de las autoridades migratorias mexicanas.
A finales del mes de abril; el Instituto Nacional de Migración anunció que se reiniciaba la entrega de tarjetas. Pero aclaró que esta entrega de tarjetas solo será para la población vulnerable. Es decir, para niños, niñas, mujeres en situación de embarazo y personas de la tercera edad.
La dureza de las autoridades mexicanas hizo que los migrantes cubanos comenzaran a amotinarse en las estaciones migratorias, especialmente en la ubicada en Tapachula. Motines que todavía suceden y que han involucrado a migrantes de otras nacionalidades.
Sin embargo, el regreso a las detenciones y a la dureza contra los migrantes ha provocado también que el tráfico ilegal de personal regrese. El flujo migratorio centroamericano por México hacia Estados Unidos no se detiene, se incrementa. A diario, la delegación en Chiapas de la Fiscalía General de la República reporta el rescate de migrantes a manos de coyotes.
Según las autoridades migratorias el 2018 tuvo un movimiento irregular de personas por la frontera sur de 350 mil migrantes. Especialmente de Honduras. Pero de acuerdo a la tendencia, las autoridades dicen que ese número a fin de año se duplicará y además el flujo migratorio ahora es de familias enteras y menores de edad.
En contraparte, las deportaciones de migrantes han roto todos los récords con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Con cifras hasta el mes de abril, 45 mil migrantes han sido expulsados de México. 15 mil de ellos tan solo durante ese mismo mes.
Hace días, el gobierno mexicano anunció el programa integral de desarrollo en el sur de México y para los países del norte de Centroamérica, con la idea de cambiar las condiciones de vida de la población en el sur mexicano y en los países centroamericanos a partir de inversiones en infraestructura que generen movilidad regional.
Al mismo tiempo, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración informó que se construirá en Tapachula un albergue en donde los migrantes no tengan restringidos sus movimientos, y donde existan condiciones de convivencia y no de control porque actualmente migran familias enteras.
El anuncio no fue visto con agrado por la comunidad empresarial de la costa chiapaneca que considera injusto que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el gobierno federal cierra los ojos a la realidad que se vive en la región. “El gran albergue definitivamente busca dejar aquí a los migrantes”, manifestó Alfredo Galván Sánchez, Vicepresidente de la Coparmex costa de Chiapas.
El consenso entre los activistas sociales y los académicos del fenómeno migratorio en la región es que ese trabajo es insuficiente debido a años de abandono de las políticas públicas nacionales que la han hecho porosa, además porque hoy ante la crisis migratoria centroamericana, la falta de infraestructura y de personal capacitado hace que México esté rebasado por el fenómeno.