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La sociedad está perdiendo la batalla por la rendición de cuentas en los estados, pues los sistemas estatales anticorrupción están entrampados en luchas partidistas, a pesar de la reforma constitucional de 2015, que fomenta la participación ciudadana.
A casi dos años de la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los brazos estatales de este mecanismo se encuentran “paralizados” por la intervención de gobernadores y legisladores que han “obstaculizado” la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA).
Una investigación realizada por ETHOS en diez entidades federativas muestra además que en todos los casos hubo acciones para “bloquear” la participación de la sociedad civil en esos sistemas, independientemente del origen partidista del gobernador.
En Baja California, donde luego de 30 años de dominio blanquiazul la administración local pasará a manos de Morena, la acusación es directa: “El PAN en el Congreso (que está por concluir Legislatura) y en el gobierno del estado, con dolo, alevosía y ventaja, están congelando nombramientos para afectar este esfuerzo ciudadano”. Quien hace el señalamiento es el diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California (PBC).
El gobernador de esta entidad, Francisco Vega de Lamadrid (PAN), navega el tramo final de su mandato (2013-2019) sorteando acusaciones por poseer múltiples propiedades, que justifica por su actividad empresarial. Esta entidad es una de las tres que todavía no tienen fiscal anticorrupción. Las otras dos son Baja California Sur y la Ciudad de México.
Y es precisamente la capital del país una de las más atrasadas en la instalación de la estructura operativa del SEA. El rezago se remonta a la administración de Miguel Ángel Mancera (PRD), quien dejó el puesto en marzo de 2018 sin impulsar el nombramiento del fiscal anticorrupción. A la fecha, dicha silla sigue vacía, al igual que los asientos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y de la Secretaría Ejecutiva; además de la falta de instalación del Comité Coordinador.
El diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX, confirma que aún no hay presupuesto asignado, pero afirma que ya se perfila la instalación de las instancias operativas del Sistema Anticorrupción. También comenta que todo quedará resuelto a más tardar en diciembre.
Organizaciones civiles aseguran que los mandatarios estatales, cuya función, en teoría, es impulsar este esfuerzo de fiscalización y rendición de cuentas, en la mayoría de los casos entorpecen el proceso, con sus afanes de influir en las designaciones.
Por ejemplo, en Chihuahua, René Moreno, miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC), acusa al gobierno de Javier Corral (PAN) de “irresponsabilidad administrativa”, pues la Secretaría de Hacienda escatima fondos. “Lo que han querido que avance, avanza, y lo que no han querido, lo frenan a como dé lugar. Se han pasado la ley por donde han querido, básicamente”.
En Veracruz, Sergio Vázquez, presidente del CPC, lamenta la decisión del gobernador Cuitláhuac García (Morena), quien recortó a la mitad el presupuesto solicitado: pasó de 40 a 20 millones de pesos. “De octubre a diciembre de 2018 operamos con 9 millones de pesos. Con ese recurso montamos el SEA desde cero y proyectamos un plan de trabajo, de manera que solicitamos 40 millones de pesos para este año. La Secretaría Ejecutiva deberá ajustarse”.
A Juan Manuel Carreras, mandatario de San Luis Potosí (PRI), lo señalan de propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas. El Periódico Oficial del estado tardó ocho meses en publicar la toma de protesta de los miembros del CPC. Y, cuando lo hizo, registró como presidenta del mismo a una integrante que ya había renunciado al cargo, e inclusive fallecido. Esta entidad ni siquiera tiene presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del SEA, pues como no se han puesto de acuerdo para nombrar secretario técnico, el gobierno tiene el pretexto ideal para negar los recursos.
Y como ellos, en las demás entidades donde se desplegó la investigación de ETHOS, los señalamientos suelen apuntar hacia el mismo puerto: los gobernadores están frenando el combate a la corrupción, independientemente del signo partidista al que declaren lealtad.
La Ley General del SNA y sus réplicas estatales plantean requisitos de honorabilidad para quienes aspiren a ser secretario técnico o miembros del Comité de Participación Ciudadana, pues la idea es que sean probos y apartidistas, además de capacitados en el combate a la corrupción.
Sin embargo, estas designaciones han sido secuestradas por la élite política, a veces de forma simulada, y otras, de plano, sin rubor.
La Comisión de Selección de Veracruz, por ejemplo, incurrió en diversas irregularidades para nombrar a los integrantes del CPC. Tantas que Víctor Manuel Andrade Guevara, quien estaba involucrado en el proceso, decidió renunciar. “Nunca se definieron los parámetros para seleccionar al CPC. Para mí había que valorar la trayectoria, el prestigio y el trabajo previo del aspirante, pero además su independencia. No fue así, tanto que estuvieron a punto de designar a una persona que había sido pareja de un miembro de la Comisión de Selección”.
Abunda que, de la treintena de ciudadanos que se postularon, la mayoría habían sido funcionarios o colaboradores en las administraciones de Javier Duarte o Fidel Herrera.
En Guerrero, uno de los integrantes del CPC, Ignacio Rendón Romero, pasó ocho años como auditor general del gobierno del estado, desde 2002, con el gobierno del priista René Juárez Cisneros, hasta 2010, con el perredista Zeferino Torreblanca Galindo.
Mientras que, en Tabasco, el pasado 6 de mayo, se nombraron a Fernando Vázquez Rosas y a Mileyli María Wilson Arias como reemplazos de miembros del CPC que renunciaron. El primero ocupó dos cargos en el sexenio de Arturo Núñez: como vocero especializado en seguridad pública y, en la recta final, ocupó la titularidad de la Comisión de Radio y Televisión.
En tanto, Wilson Arias fue secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y asesora del exfiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas, cuando fue diputado local.
La lucha por la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción entrega estampas como esta: “El Comité de Selección se dejó comer el mandado por diputados muy avispados, que abusaron de la ingenuidad de los ciudadanos”. Es la descripción que hace el activista Daniel Butruille del SEA de Nuevo León, exhibido por su inoperancia en el tratamiento de casos de presunta malversación de fondos en la anterior administración, pero también en la del actual gobernador independiente, Jaime Rodríguez “El Bronco”.
El fiscal especializado de la entidad, Javier Garza y Garza, reconoce que tiene en su escritorio casi 200 expedientes sin resolver, por trabas de funcionarios poco acostumbrados a la rendición de cuentas. “Ahorita, entre las que tenemos dadas de baja por archivo, tendremos vivas unas 177 carpetas. Es lo que estamos investigando”.
Garza y Garza, quien fue designado por el Congreso local en marzo del año pasado, se queja amargamente de los obstáculos que impiden su trabajo: “Tengo que mandar miles de oficios, tengo más de mil 900 oficios girados, solicitando información a todas las instancias, se las pido de una forma y de otra, porque te la dan mocha o no te la dan; sí es un batallar, cuando estás fiscalizando actos que se están realizando ahorita por las autoridades”.
El actual gobernador, Jaime Rodríguez, no simpatiza con el SEA, incluso pidió su anulación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que debería ser la ciudadanía y no la Comisión de Selección elegida por el Congreso quien propusiera las ternas para nombrar a los fiscales general, anticorrupción y electoral, pero su controversia fue rechazada. Los legisladores retomaron el control y eligieron a los tres fiscales, pero el mandatario respondió aferrándose a un encargado de despacho de la Contraloría del estado, para evitar que la ratificación de su titular tuviera que atravesar por el Congreso. Por si fuera poco, a la entidad regiomontana le falta publicar la Ley de Responsabilidades Administrativas y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Esto es en Nuevo León, pero en otros estados el panorama también es pesimista, pues falta voluntad política para consolidar esta iniciativa, que comenzó en 2015 con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y la publicación el año siguiente de las leyes secundarias, incluida la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
¿Es esa la intención de los políticos, arrebatar a los ciudadanos este esfuerzo de fiscalización para volverlo ineficaz? Esa sensación queda después de revisar los procesos de integración de las versiones locales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El común denominador es el intento de eliminar la variable ciudadana por parte de políticos disfrazados de miembros de la sociedad civil, quienes defienden intereses de anteriores o actuales administraciones. Por otra parte, los gobernadores frenan esta iniciativa, de forma simulada o flagrante, o pretenden influir en ella.
Si solo se tomaran en cuenta aspectos cuantitativos, el panorama de los SEA para este año no sería tan negativo, pues la mayoría cuenta con presupuesto para la Secretaría Ejecutiva. Solo siete entidades aún no tienen asignados recursos: Campeche, Chiapas, CDMX, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.
En cuanto a la conformación de su estructura operativa, que incluye Comisión de Selección (CS), Comité de Participación Ciudadana (CPC), Comité Coordinador (CC), Secretaría Ejecutiva (SE), Fiscal Anticorrupción y Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), únicamente nueve estados son aún omisos en uno o más rubros, de acuerdo a un análisis de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA).
Tocante al grado de armonización de sus leyes (reforma constitucional y ocho leyes secundarias) con respecto a las federales, solo cuatro estados tenían una o más asignaturas pendientes.
Sin embargo, en términos cualitativos, ETHOS detectó –a través de más de medio centenar de entrevistas con políticos, académicos y miembros de la sociedad civil de diez entidades– que el proceso de integración de muchos de los SEA se aleja de las mejores prácticas en aspectos como la armonización de leyes con respecto al modelo nacional, pues cambiaron a modo disposiciones clave para el funcionamiento del sistema, lo cual, a decir de académicos locales, habla del interés de los congresos estatales de hacerlos un ente disfuncional.
A lo anterior se suman quejas por vicios en las designaciones de los miembros del Comité Coordinador o del Comité de Participación Ciudadana, pues no cumplen con requisitos de experiencia profesional y neutralidad política o se hacen en medio de la opacidad.
Además, legisladores y académicos señalan que un factor que afecta el funcionamiento de los SEA es la insuficiencia presupuestal de las Secretarías Ejecutivas (este problema se detectó en seis de los diez estados analizados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz), y apuntan que, en algunos casos, el Congreso ni siquiera ha asignado recursos a las Secretarías Ejecutivas de sus estados (son las cuatro entidades restantes, es decir, Chiapas, CDMX, Guerrero y San Luis Potosí).
Sin el presupuesto necesario, no se pueden implementar proyectos relevantes en materia de combate a la corrupción y, dada esta realidad, en ocasiones, los recursos destinados a los Sistemas solo alcanzan para pagar sueldos, señalan organizaciones civiles consultadas para este reportaje.
Por otro lado, un sesgo preocupante, en la mayoría de las entidades, es la apropiación de los SEA por parte de la clase política. Los altos salarios de las autoridades del Sistema, y las plazas que algunas de éstas tienen a su disposición, convierten a estas designaciones en un botín partidista.
Todo esto en un contexto nacional donde una de cada cuatro personas que tuvo contacto con servidores públicos experimentó algún caso de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) del INEGI.
Al tomar protesta como gobernador de Chihuahua, el 4 de octubre de 2016, Javier Corral prometió que esta entidad sería ejemplo nacional en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Lacerada por el caso de su antecesor, César Duarte, acusado del desvío de más de mil 200 millones de pesos, Chihuahua tenía sed de justicia y encontró un referente en la figura de Corral Jurado.
Sin embargo, la maquinaria del SEA es de las más lentas a nivel nacional. La Ley Estatal del Sistema Anticorrupción se publicó el 21 de octubre de 2017, un año después de la toma de posesión del mandatario panista, para colocarse, junto a Veracruz, como los últimos estados en promulgarla. A la fecha, aún no se ha integrado el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ni se ha aprobado la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado. Otro problema es el presupuesto. Para 2019 se asignaron 10 millones de pesos, de los cuales más de la mitad se va en salarios (“contraprestaciones”) de los seis miembros del CPC, que perciben 85 mil pesos mensuales. Por lo mismo, no alcanza para promover campañas de concientización y fomento de la denuncia.
Javier Corral intentó dejar su sello con la designación del fiscal general, César Augusto Peniche (aprobado por el Congreso), pero tuvo que ceder en el nombramiento de la fiscal anticorrupción, Gema Chávez, pues fue votada por mayoría de PRI y Morena en la Cámara de Diputados (reúnen 12 legisladores, contra 11 del PAN). Ella es la encargada de los “Expedientes X”, como se ha llamado localmente a casos mediáticos de corrupción, entre los que destaca el de César Duarte, actualmente en proceso de extradición de Estados Unidos.
Para René Moreno, miembro del CPC, el retraso en la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa es responsabilidad directa del gobierno actual, pues a pesar de que ya se había aprobado la ley correspondiente, se tardó nueve meses en publicarla en el Periódico Oficial, lo cual ocurrió apenas en marzo pasado. “Ni siquiera me gustaría llamarlo falta de voluntad, hay una documentada falta a sus responsabilidades públicas”, denuncia.
La Ciudad de México es ejemplo para el resto del país en rubros como cultura cívica y legislaciones de avanzada en temas sociales. Pero en cuanto al Sistema Anticorrupción es todo lo contrario. Es último lugar en la conformación de su estructura operativa, detrás de los estados de Chiapas y Campeche, y no cuenta con presupuesto asignado para este rubro en el año 2019. Por si fuera poco, circulan versiones de que el nuevo Congreso de la CDMX (2018-2021) continuará haciendo modificaciones al marco normativo que da sustento al sistema.
Y aunque la designación de los miembros de la Comisión de Selección del CPC ya está en proceso, aún no se ve claro para cuándo quedará lista la instalación de todo el sistema. Dos situaciones atrasaron su puesta en marcha. La primera, geológica, pues con el terremoto del 19 de septiembre de 2017, cambiaron prioridades y los recursos para la reconstrucción se volvieron un frente de batalla, por la opacidad en el manejo de 8 mil 200 millones de pesos. La segunda, política, pues en la convocatoria para elegir a cuatro comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (antes InfoDF, hoy INFO), una pieza clave en el combate a la corrupción, había “colados” que respondían a intereses de los ex diputados perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo, y del panista Jorge Romero.
Las organizaciones civiles presionaron y sacaron a esos emisarios. “Ellos sabían que cuando se fueran, el InfoDF iba a ser nuestra fuente de información. Querían tener a su gente para bloquear el acceso a muchas de las investigaciones que estamos trabajando”, recuerda Josefina MacGregor, dirigente de Suma Urbana, una organización dedicada al combate a la corrupción inmobiliaria en la ciudad, que ha estado presente en las exigencias para crear el sistema anticorrupción local.
“En la legislatura pasada quisieron elegir a los integrantes del Sistema Anticorrupción como lo hacían siempre, a través de cuotas políticas. Al final no se pusieron de acuerdo y nos dejaron todo a medias”, comenta el diputado Carlos Castillo (Morena), quien preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la CDMX.
Los nombramientos del SEA quedarán listos en diciembre, insiste Castillo. “Estamos buscando que sean perfiles honorables, comprometidos. Hay voluntad política de sacarlo, estamos comprometidos con que el Sistema Anticorrupción sea una realidad”, sostiene la diputada local Leonor Gómez Otegui (PT).
Mientras tanto, los habitantes de la megalópolis sortean sus trámites con la misma sospecha de siempre, pues de acuerdo con la ENCIG 2017, una de cada tres personas sufrió la dentellada de la corrupción. El diagnóstico de Obdulio Ávila Mayo, político panista y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre la administración pública de la Ciudad de México, es sombrío: “Cualquier trámite en una alcaldía prácticamente está ‘tarifado’, se pide dinero por todo, estamos hablando de un fracaso absoluto del combate a la corrupción”.
Ya se ha identificado la intromisión política como el principal lastre de los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, en Baja California llevaron al paroxismo la participación ciudadana. Y los resultados muestran que muchas voces conducen a muchas confusiones.
La participación de los 15 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) –un número tres veces mayor que en los sistemas del resto del país–, así como de los 22 miembros del Comité Coordinador (11 autoridades y 11 ciudadanos) hace más difícil llegar a acuerdos.
En palabras del titular del Instituto de Transparencia del estado, Octavio Sandoval, el proceso de implementación se ha vuelto lento y tortuoso. “Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y, al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”.
En Tabasco, la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, las designaciones de los miembros del CPC generaron sospechas por sus pasados partidistas. Además, contrario al espíritu de austeridad impulsado por el primer mandatario, ganaban casi 100 mil pesos mensuales, lo que generó críticas. Hubo renuncias por la presión social, aunque algunos las califican como parte de una “purga” del nuevo mandatario, Adán López Hernández (Morena), quien sustituyó a Arturo Núñez, exaliado de López Obrador, a quien señalan por permitir esos salarios.
En Veracruz, entidad azotada por la inseguridad y con el estigma de uno de los casos más insultantes de corrupción en la persona del exgobernador Javier Duarte, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), desde su instalación en agosto de 2018, no ha incidido en la investigación y seguimiento a los casos de desvío de recursos públicos que marcaron la administración de quien ahora está preso; ha sido omiso al presunto tráfico de influencias y la asignación de contratos de servicios y obra pública otorgados al primer círculo de Miguel Ángel Yunes Linares.
Para el presidente del CPC, Sergio Vázquez Jiménez, el actual trabajo del SEA ha quedado reducido a buenas intenciones, sin resultados concretos en el combate a la corrupción, que permea en todos los niveles de la administración pública y del sector empresarial.
“No hay un contrapeso real o por lo menos en el papel no existe. En una mesa de siete personas tenemos un solo voto y cuando se trata de tomar decisiones nos quedamos muy cortos (…) Cuando queremos pasar al terreno de los hechos es donde encontramos todas las barreras del mundo y hemos ido transitando en lo mediático, saliendo en los medios, para que por lo menos tengamos presencia pública”, dice quien representa la voz ciudadana y preside el Comité Coordinador. El enfrentamiento entre el actual gobernador, Cuitláhuac García (Morena), y el fiscal general, Jorge Winckler, percibido como un alfil del mandatario anterior, Miguel Ángel Yunes, tampoco contribuye al combate a la corrupción.
En San Luis Potosí, el gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras (PRI, 2015-2021), tiene la excusa perfecta para negar recursos al SEA en el presupuesto de egresos: la falta de nombramiento del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. La lucha contra la corrupción en esta entidad pasa a segundo término, pues resulta más encarnizada la disputa entre los miembros del CPC para quedarse con la presidencia del organismo. Han llegado al borde de las manos para dirimir sus diferencias, lo que beneficia a los corruptos.
En Chiapas, por el contrario, las cosas están tranquilas. Tan tranquilas que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se podrá integrar el SEA. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA, 7 de junio), Chiapas era la segunda entidad más atrasada (solo después de CDMX) en la conformación de la estructura operativa de su Sistema Anticorrupción, pues solo tenía cubiertos dos rubros, de los seis a tomar en cuenta: el fiscal anticorrupción (Rogelio Estrada Heleria) y el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA, José Ramón Cancino Ibarra). Le faltaban: Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y Secretaría Ejecutiva.
En Guerrero, los avances son opacados por los atrasos. Las trabas se antojan insalvables: desde la falta de asignación de presupuesto hasta los obstáculos burocráticos, producto, en el mejor de los casos, de omisiones legislativas o interferencia del gobierno; pero hay quien piensa que esta lentitud es orquestada para que el Sistema Anticorrupción no termine de cuajar. ¿A quién le conviene eso? Marcos Méndez, presidente del CPC, considera que ni más ni menos que al gobernador: “Lo que (Héctor) Astudillo quiere es que, en estos poco menos de tres años que le quedan (se va en 2021), el SEA no funcione, o funcione lo menos posible”.
Su respuesta, diáfana, a la pregunta si le ve futuro al SEA, de algún modo ilustra el estado actual de los sistemas locales: “La verdad, ya lo estoy dudando”.
En Quintana Roo tampoco han pisado el acelerador. El SEA no ha sesionado formalmente desde su instalación en julio de 2018, no registra resultados o acciones contundentes, y su trabajo es inexistente para el común de la población, familiarizada con la corrupción, pero distanciada de este nuevo modelo legal de coordinación entre autoridades y ciudadanos para combatir la impunidad. “Al Sistema le hace falta una victoria concreta, visible. No necesariamente que alguien vaya a la cárcel, pero sí un éxito pronto, concreto, resultado del trabajo del Sistema”, afirma el presidente de la Coparmex Cancún, Adrián López.
Es Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien opina más allá de sus fronteras y advierte poca claridad en el discurso del presidente López Obrador sobre este tema: “Esperemos que la visión nacional no vaya a ir desmantelando el Sistema. Al presidente no le gustan los temas de la sociedad civil, la transparencia. Hay un riesgo latente de que todo lo construido en los últimos 19 años atraviese una ruta crítica, donde se inhiba la actuación de la sociedad civil”.
Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya.
SEA: PRESUPUESTO POR ENTIDAD FEDERATIVA
ENTIDAD
PRESUPUESTO 2019
Aguascalientes
$14,762,000.00
Baja California
$15,000,000.00
Baja California Sur
$2,500,000.00
Campeche
Coahuila
$28,374,400.00
Colima
$2,600,000.00
Chiapas
Chihuahua
$10,000,000.00
Ciudad de México
Durango
$13,349,675.00
Guanajuato
$15,795,658.60
Guerrero
Hidalgo
$5,774,851.00
Jalisco
$50,178,924.00
México
$93,565,917.00
Michoacán
$18,664,625.00
Morelos
Nayarit
$9,000,000.00
Nuevo León
$22,365,400.00
Oaxaca
$16,945,808.92
Puebla
$32,531,108.00
Querétaro
$7,220,000.00
Quintana Roo
$10,000,000.00
San Luis Potosí
Sinaloa
$12,245,730.00
Sonora
$10,424,372.00
Tabasco
$22,126,498.00
Tamaulipas
$8,057,732.20
Tlaxcala
Veracruz
$20,000,000.00
Yucatán
$19,582,640.00
Zacatecas
$8,617,037.00
TOTAL
$601,871,310
Recursos asignados a la Secretaría Ejecutiva de cada Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Los espacios en blanco corresponden a estados que todavía no tienen presupuesto para 2019. En negritas la cifra más alta y más baja. (Datos tomados del SESNA)
Comisión de Selección
Comité de Participación Ciudadana
Comité Coordinador
Secretaría Ejecutiva
Fiscal Anticorrupción
Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)
Ciudad de México (-5)
Chiapas (-4)
Campeche (-3)
Morelos (-2)
Baja California (-1)
Baja California Sur (-1)
Chihuahua (-1)
San Luis Potosí (-1)
Tlaxcala (-1)
Reforma Constitucional
Ley Estatal Anticorrupción
Ley de Responsabilidades Administrativas
Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas
Ley Orgánica del TJA
Ley Orgánica de la Fiscalía General
Código Penal
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Ley de Extinción de Dominio
Nuevo León (-2)
Baja California (-1)
Chihuahua (-1)
Yucatán (-1)
27 de mayo de 2015 se publica la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)
18 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
18 de octubre de 2016 se integra el primer órgano colegiado del SNA: la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana
9 de febrero de 2017 se llevó a cabo la entrega de nombramientos a los ciudadanos que formaron parte del primer Comité de Participación Ciudadana del SNA
4 de abril de 2017 se instala el Comité Coordinador del SNA
19 de julio de 2017 entra en operación el Sistema Nacional Anticorrupción
19 de diciembre de 2018 se presenta ante la Comisión Ejecutiva de la SESNA propuesta de Política Nacional Anticorrupción
8 de febrero de 2019 designan a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal nacional anticorrupción
23 de abril de 2019 se somete a consideración de los miembros del Comité Coordinador la propuesta de Política Nacional Anticorrupción
14 de mayo de 2019 Comisión Ejecutiva de la SESNA aprueba la propuesta de Política Nacional Anticorrupción
7 entidades no cuentan con presupuesto para la Secretaría Ejecutiva del SEA (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala)
3 entidades no cuentan con fiscal anticorrupción (Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México)
3 estados no cuentan con CPC: Campeche, Chiapas y Ciudad de México
4 estados no cuentan con Comité Coordinador: Campeche, Chiapas, Ciudad de México y Morelos.
6 estados no cuentan con Secretaría Ejecutiva de su SEA: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Fuente: Investigación propia y SESNA.
Sonora 61,652
Durango 46,676
Sinaloa 40,682
Chihuahua 40,673
CDMX 34,111
Morelos 29,689
San Luis Potosí 28,007
Campeche 27,698
Tabasco 26,861
Michoacán 26,727
Jalisco 25,129
Oaxaca 24,780
Hidalgo 24,552
Aguascalientes 24,443
Tlaxcala 23,364
Guerrero 22,613
Nuevo León 22,559
Baja California Sur 22,469
Coahuila 22,455
Quintana Roo 22,046
Nayarit 21,640
Chiapas 21,173
Estado de México 21,124
Querétaro 20,663
Baja California 19,467
Yucatán 19,158
Tamaulipas 17,083
Zacatecas 14,721
Veracruz 14,277
Puebla 13,406
Guanajuato 13,245
Colima 12,601
Fuente: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017), INEGI.
Versión original:
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