Nueva política migratoria pone en peligro a mujeres, advierte IMUMI

CIMAC – Sonia Gerth

Una nueva medida restrictiva en la política migratoria del gobierno mexicano podría poner en peligro la integridad de las mujeres migrantes, advirtió el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) luego del oficio girado por la Secretaría de Gobernación (Segob) donde solicita a las compañías de autotransporte que controlen los documentos de identidad y estatus migratorios de las y los pasajeros.

De acuerdo con el oficio No. INM/DGJDHT/213/2019, las compañías deben “apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración”, bajo el argumento de que muchos traficantes ocupan “los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo”.

Pese a que el documento existe desde abril de este año, la presión sobre las líneas de autobuses incrementó desde que se firmó el “acuerdo migratorio” con Estados Unidos para contener el flujo migratorio, el pasado 7 de junio.

En esta semana, las empresas Flecha Amarilla, ADO, y ETN anunciaron a sus clientes que el requisito para abordar el autobús sería presentar un documento de identificación. Esta medida, explicó la coordinadora de políticas públicas del Imumi, Berenice Valdez Rivera, es inconstitucional, ya que de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución, todas las personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte.

El peligro para las mujeres, tanto para migrantes como para mujeres mexicanas sin documentación, consiste en que se verán obligadas a buscar transportes informales, lo que supone más riesgo. Las mujeres generalmente viajan por la vía terrestre, manifestó Valdez, porque ellas consideran que conlleva menos riesgos.

Al aplicar las restricciones, va a haber más violaciones a los derechos de las mujeres y más abusos, explicó la experta, “porque la estructura en México sigue siendo corrupta, operan grupos del crimen organizado, a ellas se les va complicar muchísimo más migrar. Entonces, lamentablemente se van a ver expuestas a más violencia, más coerción.”

Por todo ello, el Imumi revisa medidas judiciales, aparte de que actualmente ya hay un caso sobre controles en la carretera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones 58/2015 y 22/2016 dice que ninguna autoridad mexicana debe preguntar la nacionalidad de las personas de México para transitar.

Hasta la fecha, el Imumi no ha visto indicios que la medida esté permeando en las terminales de autobuses. “La gente en México sabemos que es muy complicado conseguir un documento de identidad”, por consecuencia, la medida afectaría a una gran parte de la clientela de los transportistas.

En muchos casos, dijo Valdez, sería justo la población desfavorecida, como menores de edad o personas jornaleras que no tienen documentos. “Esta medida es contraria al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que su política va dirigida a los pobres. Afecta a la población más pobre, a migrantes, y población indígena”, constató.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y 1 por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.

Valdéz criticó que la nueva política migratoria, que según los primeros anuncios del gobierno y los discursos durante la campaña de AMLO estaría basada en Derechos Humanos “¡duró un mes!”.

El Imumi ha observado que desde febrero, mucho antes de las amenazas de Donald Trump, se fueron prolongando los procesos de visa humanitaria para las personas de Centroamérica, y que también se restringió la otorgación de documentos y visas. Al mismo tiempo, hubo más rechazos en los aeropuertos y más controles en las carreteras.

Desde inicios de junio, se suma el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, y la criminalización de personas defensoras de Derechos Humanos migrantes, como en el caso de la detención de Irineo Mujíca y Cristóbal Sánchez. Pero a pesar de los aparentes intentos de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y evitar el aumento de aranceles, “no sabemos qué va pasar después de los 45 días”, opinó Valdez.

El acuerdo migratorio tiene como plazo para ver si se contuvo o no el flujo migratorio hacia Estados Unidos el 22 de julio. La idea de un “tercer país seguro” constituiría el intento de desviar el flujo de migrantes y obligar a las personas de pedir asilo en México en lugar de Estados Unidos.

Para Valdéz, esto podría desencadenar una política mucho más amplia que afecta al país: “Literalmente vamos a ser una extensión, una gran estación migratoria de Estados Unidos. Ellos lo tienen sobre la mesa, y el 22 de julio, lo van a presionar. Es ahí donde México tendría que decir, ‘No’, por ningún motivo”, advirtió.

La defensora dijo que el Imumi ya está buscando el acercamiento con las empresas de autobuses y de otras organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas, y no permitir que estas medidas sean coerción del Estado.