Aprueba el cabildo de Huehuetán no otorgar permiso para construcción de hidroeléctricas

15 Julio.- El cabildo del municipio de Huehuetán, localizado en la región del Soconusco aprobó por unanimidad no otorgar ningún tipo de autorización a empresas para la construcción de hidroeléctricas en el municipio durante su administración 2018-2021, informó la organización La Voz del Pueblo.

Fue en sesión extraordinaria donde el ayuntamiento que preside la presidenta municipal, Victoria Aurelia Guzmán Reyes, se tomó la determinación de no otorgar ninguna licencia para los proyectos de hidroeléctricas durante tres años, dijo la asociación afiliada al Movimiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)-Chiapas. 

La decisión destacó La Voz del Pueblo, “nos protege de las consecuencias de este tipo de proyectos: deterioro del canal fluvial, erosión del lecho del río, los ecosistemas que viven en él, evaporación del agua dulce, pérdida de los nutrientes que lleva el río y que alimentan la tierra; así como evitar decisiones restringidas de un bien de uso colectivo ( agua) que se dan en procesos de privatización y mercantilización”.

Desde 2012, diversas comunidades del municipio de Huehuetán y Tapachula se oponen al proyecto Hidroeléctrico Cuilco, aunque el proyecto fue aprobado por la SEMARNAT,  “las comunidades impedimos el avance de la obra porque pondría en riesgo la vida del río Cuilco que abastece a cientos de comunidades que subsisten de él y a la Reserva de la Biosfera de La Encrucijada, donde desemboca”. 

Desde entonces, los pobladores se organizaron para vigilar la vida del río Cuilco y actuar frente a las amenazas del territorio, por ejemplo las concesiones mineras que también se han aprobado en la región, destacó la REMA en un comunicado. 

Las hidroeléctricas en el mundo se han construido en los pueblos con el falso discurso de “desarrollo y modernidad”, “oportunidad de empleo” o “generación de economía”, pero hemos comprobado en esto que tanto en las presas estatales como privadas se han beneficiado ciertos grupos: empresas, funcionarios públicos y consumidores lejanos y NO los pueblos donde se instalan, destacó la REMA.

“A nosotros/as se nos margina de todo tipo de desarrollo comunitario, se destruye nuestro ambiente y por ende se nos despoja de nuestra ciudadanía o Estado-nación. Eso es ser salvaje”, apuntó.