Tuxtla Gutiérrez, Chis. 18 Julio.- Cinco indigenas tsotsiles presos en los penales de San Cristóbal de las Casas y Comitán, mantienen desde hace 65 días, una segunda jornada de huelga de hambre, protestando por lo injusto y discriminatorio de su proceso jurídico, por lo que su estado de salud se ha deteriorado gravemente, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Este jueves familiares de los cinco reos, realizaron un ayuno en las puertas del Palacio de Gobierno para alertar sobre el riesgo a la salud, el que denunciaron se incrementa por la falta de condiciones en las cárceles, la negligencia médica en su atención y por la indiferencia del gobierno de Chiapas para resolver sus demandas.

Foto: @GabyCoutino
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Susana de la Cruz Ruiz, dijo que la falta de agua potable les ha ocasionado enfermedades como salmonellosis. Otras complicaciones que presentan son: taquicardias, problemas hepáticos y renales, enfermedades gastrointestinales y ansiedad.

El Grupo de Trabajo No Estamos Todos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) que acompaña a los presos y a sus familias, señalaron que el pasado 15 de marzo, Marcelino Ruíz Gómez preso en el penal de Comitán, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, presos en San Cristóbal de las Casas, iniciaron una huelga de hambre denunciando que tienen sentencias de entre 20 a 25 años de años de prisión, por delitos que no cometieron y que sus declaraciones las hicieron bajo tortura.

Foto: @GabyCoutino
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Además que su juicio está colmado de violaciones al debido proceso.

El gobierno de Chiapas se comprometió a revisar los casos y como medida de buena voluntad los presos levantaron la primera huelga de hambre que duró 31 días.

Sin embargo esperaron 20 días en ayuno una promesa que no se cumplió. El 13 de mayo, terminó el plazo acordado para la revisión de los expedientes sin obtener avances representativos, por lo que decidieron iniciar la segunda jornada de huelga de hambre el 14 de mayo de 2019.

Foto: @GabyCoutino
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El Frayba señaló que de acuerdo a los reportes de Médicos del Mundo Suiza, organismo internacional que trabaja en la defensa del derecho a la salud y proporciona acompañamiento a Juan, Adrian, Abraham y Germán, la situación en la que se encuentran los presos en huelga de hambre es preocupante, su estado de salud se ha deteriorado gravemente.

El organismo afirma que la lucha de los presos en huelga de hambre evidencia la crítica situación de un sistema que no garantiza justicia y donde las cárceles se convierten en centros de “limpieza social”, que someten a personas pobres, indígenas, a quien no puede pagar un abogado que realice una defensa adecuada.

Por lo anterior, solicitaron a las autoridades del estado de Chiapas tome en cuenta el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la Organización de Las Naciones Unidas en donde indican que: Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

El Frayba reitera su reconocimiento a los presos en lucha y sus familiares quienes mantienen la dignidad ante los actos de discriminación e injusticia del gobierno de Chiapas. “Su voz es una denuncia constante que devela estructurales violaciones a derechos humanos, especialmente la tortura como método de autoincriminación para fabricar culpables”.

A cuatro meses de iniciada la huelga de hambre, el organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García insistió al Estado mexicano: Proporcionar urgentemente atención médica adecuada que garantice el derecho a la salud de los presos en huelga de hambre.

Resolver de manera inmediata la solicitud de libertad a los presos en huelga de hambre debido a las violaciones a sus derechos humanos cometidas durante su detención y en sus procesos jurídicos.

Continuar las investigaciones por las denuncias de 13 casos de tortura que constan en la carpeta de Registro de Atención 0043.101-2801.2019, de la Fiscalía contra la Tortura, en Chiapas.

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