Apelan decisión judicial de líder anti minero chiapaneco asesinado

19 Agos.- Luego que el juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Bowell, rechazara ordenar una investigación contra la embajada canadiense en México, presuntamente implicada en el asesinato del líder anti minero, Mariano Abarca Roblero, asesinado hace casi 10 años, en el municipio de Chicomuselo, sus familiares informaron que apelaron la decisión  judicial sobre el caso en aquel país.   

José Luis Abarca, hijo de Mariano, dijo en conferencia de prensa que no aceptan la  última decisión de la Corte Federal,por lo cual insistieron a la Corte Federal de Apelación “que tome en serio nuestra petición. Hay evidencia sustancial que la embajada canadiense  en México aumentó el peligro que enfrentaba mi padre, y urge una investigación para asegurar que esto no vuelva a pasar”.

Acompañado de su tío Uriel Abarca, y del ambientalista Gustavo Castro, integrante de la organización Otros Mundos, explicó que su familia y grupos de organizaciones mexicanas y canadienses entregaron la denuncia original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018 con base en documentación obtenida a través de una petición bajo la Ley de transparencia en Canadá.

Los documentos, “revelan que la embajada brindó apoyo esencial a la empresa Blackfire Exploration de Calgary, Canadá, para que pudiera operar la mina de barita en Chicomuselo. Luego, “seguía dando apoyo a la empresa – ´inclusive pidiendo que las autoridades de Chiapas callaran protestas de las comunidades´ – a pesar de su conocimiento sobre la intensificación de amenazas y criminalización que Mariano estaba enfrentando en las semanas y meses antes de su asesinato”.

Al dar lectura a un documento, José Luis Abarca, refirió a las expresiones del abogado de derechos civiles, Yavar Hameed de Ottawa, quien representa a su familia.  “Este caso  lleva a la luz el asunto de los estándares éticos que los funcionarios públicos de Canadá tienen  que alcanzar con respecto al peligro para los  defensores de derechos humanos en el contexto de los intereses canadienses en el sector extractivo en el mundo».

Señaló que las  decisiones del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública y de la Corte Federal de Canadá con respecto a la petición de la familia Abarca para una investigación, pone en cuestión “si los funcionarios públicos tiene obligación de seguir políticas publicadas en el sitio web del gobierno canadiense o anunciado en público”.

En este caso,  denunciaron, su responsabilidad de seguir políticas relacionadas  con la responsabilidad empresarial social, la corrupción y los defensores de los derechos humanos ha sido citado por los litigantes. Ninguna autoridad ha estado dispuesta a  realizar una evaluación seria  de los argumentos “en base del interés público” para abrir una investigación.

Uriel Abarca, dijo que la familia continuará la exigencia de justicia, “convencidos que las autoridades canadienses tienen cierta responsabilidad por la injusticia que sufrió mi hermano hace diez años y la importancia de asentar un precedente para otros”.

El ambientalista Gustavo Castro, afirmó que este caso no es el único en donde la embajada canadiense “sale a defender” sus inversionistas mineros en medio de conflictos fatales en México.

Mariano Abarca,  líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Mineros Afectados por la Minería, fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 por defender los derechos humanos y el medio ambiente en su pueblo de Chicomuselo, donde estaba activa la empresa minera canadiense Blackfire Exploration con sede en Calgary, provincia de Alberta.

Blackfire Exploration, que fue disuelta en 2017, siempre negó cualquier implicación en el asesinato, el cual sigue impune.