A dos años de los sismos de septiembre, en Chiapas no funcionan las alarmas sísmicas

El 7 de septiembre de 2017, Chiapas fue sacudido por el sismo más potente que la historia de México haya registrado. El epicentro fue en la costa de Chiapas, en el municipio de Pijijiapan, pero sus efectos se sintieron en la mayoría de los municipios del estado y también en Oaxaca, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec.

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició un proceso de reconstrucción que desde el inicio, fue muy cuestionado. Los censos se levantaron apresuradamente, mucha gente afectada no alcanzó el apoyo financiero para la reconstrucción y de acuerdo a numerosas denuncias, dicho apoyo se otorgó condicionado a intereses políticos locales.

Para empeorar el panorama y desatar la sicosis colectiva, el 19 de septiembre, doce días después del sismo de Chiapas, otro sismo sacudió a la Ciudad de México. El epicentro se localizó en Puebla. Este sismo, trágicamente ocurrió coincidentemente en la misma fecha del sismo de 1985 que la memoria colectiva mexicana recuerda. 

A pesar de la emergencia nacional y estatal, a dos años de distancia; el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador estimó que a finales del 2020 quedará concluido el Programa de Reconstrucción.

En Chiapas, la propia SEDATU ha dicho que hay un avance del 30 por ciento en la reconstrucción del estado y que hacia el segundo o tercer trimestre del 2020 se habrán concluido los trabajos en Chiapas.

No hubo entonces rapidez ni efectividad para atender a las más de 186 mil familias afectadas en Chiapas. Incluso SEDATU precisó que sus trabajadores están de regreso a las comunidades y pueblos para volver a censar y determinar los montos que deben invertirse.

Un proceso de reconstrucción por efectos de desastres, requiere la inversión pública en forma de estímulos económicos para reactivar las economías locales, apoyo a los hogares para la reconstrucción de vivienda, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura de caminos, entre otros aspectos que contribuyen a fortalecer de nuevo el tejido social lo más rápido posible.

A ese nivel de importancia se tiene que poner a la gestión del riesgo de desastres o cultura de la prevención. Ello requiere colaboración y coordinación efectiva entre los niveles de gobierno y las comunidades humanas vulnerables por su pobreza, por el lugar de asentamiento y en general por la posibilidad de sufrir un evento de carácter natural o provocado por las actividades de los seres humanos.

Precisamente en materia de protección y prevención ante los sismos, la instalación de alarmas sísmicas contribuye a fortalecer la cultura de la prevención.

Datos de la Secretaría Estatal de Protección Civil, afirman que en Chiapas, el doce por ciento de sus municipios cuenta con una alarma sísmica.

Entre esos municipios, se encuentran los más grandes, la capital Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Palenque y Villaflores son algunos de los que cuentan con alarma sísmica. El problema es que de acuerdo a denuncias de ciudadanos, ninguna de las alarmas sísmicas de los distintos municipios sirve.

Esas alarmas, que suman 17; tuvieron un costo cada una de cerca de 1.3 millones de pesos. Es decir, el gobierno del estado realizó una inversión de más de 22 millones de pesos que se tiraron a la basura.

Las empresas que instalaron esas alarmas sísmicas que no funcionan, son la “Comercializadora UNICOM”, Comercializadora San Miguel” y el Grupo “DIGA”, empresas.

Denuncias de empresarios prestadores de servicios lamentan que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a cargo de Luis Manuel García Moreno tenga años favoreciendo a la empresa UNICOM con contratos millonarios.

El titular de la secretaría del ramo lleva prácticamente tres sexenios al frente de esa institución oficial y es increíble que con tantos años al frente de la Secretaría de Protección Civil, las alarmas sísmicas instaladas en el estado, no sirvan.

Sobre todo también, que siempre sean las mismas empresas favorecidas por esa institución. Empresas que por ciento, deberían de ser investigadas le comentan a esta reportera diversos prestadores de servicios que exigen reglas claras en los procesos de adjudicación de contratos.

A dos años del sismo que estremeció Chiapas y México, en el estado hay muchas cosas que lamentar; la falta de una reconstrucción efectiva, las irregularidades de las dependencias de gobierno y la falta de una cultura de la prevención.

¿Cómo podría darse en Chiapas una respuesta efectiva ante un desastre natural como un sismo; si las alarmas sísmicas instaladas para ese propósito no funcionan? Esta pregunta tiene que ser respondida por las autoridades competentes. Por lo menos, los años en el cargo le dan la experiencia suficiente para hacerlo.