13 familias indígenas tsotsiles de la comunidad Puebla del municipio de Chenalhó en la región de Los Altos de Chiapas, que fueron obligados a desplazarse de manera forzada en mayo de 2016, por violencia política, y que permanecían en la cabecera municipal, retornaron hoy a sus hogares.
El grupo de 68 personas, entre niños, niñas, mujeres y hombres, regresaron luego del pago de una multa de 15 mil pesos por familia que pagó el presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, quien en su momento fue uno de los perpetradores del desplazamiento forzado, afirmó Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Cadenas Gordillo quien ha venido acompañando y asesorando a los desplazados, consideró que las victimas sean condicionadas a pagar una multa a sus agresores para poder retornar a su comunidad de origen, “lejos de ser acción que ayude a evitar la repetición del acto, resulta un aliciente para repetir desplazamientos en el futuro”.
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, informaron que el retorno de las familias tsotsiles se dio luego que signaran un convenio de civilidad y respeto mutuo, en un evento al que asistió Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno, quien destacó el diálogo entre las partes; y señaló que “el gobierno le apuesta a la pacificación y reconciliación de los pueblos indígenas”.
En los tres años de destierro, las familias recibieron en un campamento, el apoyo y alimentos del gobierno del estado, aseguró la fuente.
En mayo de 2016, los tsotsiles del ejido Puebla huyeron de su comunidad luego de varias diferencias con la autoridad municipal que entonces encabezaba, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Para que se diera el retorno de las familias, los desplazados acordaron con las autoridades comunitarias dar por concluida cualquier diferencia que exista; además que se comprometieron a la sana convivencia. Los retornados aceptaron las normas que rigen al ejido, entre ellos la prohibición de sembrar cualquier tipo de droga, de lo contrario, se les aplicará una multa.
Por conflictos agrarios, intercomunitarios, y de violencia política, miles de indígenas se encuentran desplazados de sus comunidades de origen. Las autoridades no tienen la cifra exacta, pero la mayoría vive en campamentos situados en San Cristóbal de las Casas.
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