Propietarios de tierras en Chiapas que fueron invadidas por el EZLN cumplen 25 años en incertidumbre jurídica

Un grupo de pequeños propietarios de “tierras recuperadas” durante la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, realizaron este miércoles una marcha, para exigir el pago de sus predios que abarcan más de 40 mil hectáreas o que se generen las condiciones para su retorno.

Los manifestantes instalaron un plantón en la plaza central frente al palacio de gobierno para demandar al gobierno federal y estatal atienda sus peticiones e instale una mesa de trabajo.

A casi 25 años del levantamiento armado del EZLN, pidieron que el gobierno haga valer la ley interna de desplazados, ya que quedaron desamparados desde 1994 cuando tuvieron que abandonar 441 ranchos o predios en los tres municipios para salvar sus vidas, dijo Augusto García Alvarez, uno de los propietarios rurales afectados.

Augusto García Alvarez, uno de los propietarios rurales afectados, dijo que 25 años después no han podido recuperar sus tierras y unas cuatro mil personas son desplazados desde 1994. 

Señaló que durante los primeros meses del levantamiento armado,  firmaron diversos acuerdos con los gobiernos federal y estatal para el pago de una renta de 45 pesos por hectárea, pero los gobiernos, sólo cumplieron seis meses.

Margarita Morales Gamboa, del municipio de Altamirano, aseguró que todos los afectados tienen escrituras y documentos como comprobar que los predios les pertenecen por ley, pero “no podemos ingresar porque el conflicto continúa”.

En un documento que entregaron a las autoridades estatales, los pequeños propietarios, plantean como opción de solución definitiva, el pago a cada propietario a un precio justo, tomando en cuenta que las tierras aún están ocupadas por simpatizantes del EZLN, lo que hace imposible su regreso.

“Una vez que la propiedad esté a favor de la Nación o de la dependencia que se designe, se puede promover la vuelta a la gobernabilidad de los hoy invasores, a través de la oferta institucional, tanto federal como dstatal, de la regularización de las tierras que ocupan, lo cual posicionaría positivamente al actual Gobierno Mexicano en el contexto internacional”.

Lo anterior “también haría posible que se promueva que esa gran zona del estado vuelva a ser productiva y generadora de desarrollo, sobre todo en vista del proyecto de la instalación del tren Maya del presidente” Andrés Manuel López Obrador, manifestaron.