25 años después Gobierno reconoce a 4 indígenas Tseltales como víctimas de tortura sexual por parte de militares

El Estado Mexicano ofreció disculpas públicas a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indigenas Tseltales golpeadas y violadas en 1994 en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por soldados del Ejército Mexicano, así como a su madre, Delia Pérez, que fue obligada a presenciar los hechos.

El 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez de Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, salieron como siempre, acompañadas de su madre a vender sus verduras a la cabecera municipal. Al pasar por un retén militar, los soldados les aventaron sus cosas, las jalaron, las aventaron, las patearon para luego ser  violadas por seis o siete militares, mientras otros 30 observaban. Su madre escuchaba sus gritos, fue amagada y encañonada.

En un evento en la plaza central de Ocosingo, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero expresó: “Ana, Beatriz, Celia González Pérez, a nombre del Estado Mexicano, les pido una disculpa pública por haber sido detenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”.     

Luego se refirió a su madre: “Señora Delia Pérez, le pido una disculpa a nombre del Estado Mexicano por su detención ilegal y por el agravio sufrido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”.

Las tres indígenas tzeltales, aceptaron las disculpas, pero manifestaron su inconformidad porque en el evento no hubo representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables directos del agravio.

Ana dijo que desde que fue violada, no es la misma, “siento como que he quedado enferma”. Expresó que no se sentó al lado de las autoridades, “porque siento mucho coraje, no han resuelto mi caso, además soy pobre, y porque quiero mostrar que habemos muchas indígenas violadas a las que no se les resuelven sus casos porque no saben hablar”.

Celia manifestó: “no queremos a los militares en nuestros pueblos, porque nos hacen daño”, o que provocó que mujeres de organizaciones feministas corearan: “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera Ejército de él”.

Al acto al que acudió también el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la Fiscalía General de la República, la Secretaria de Gobernación, reconoció la valentía de las cuatro mujeres que denunciaron los hechos. Mencionó que “desde hace 25 años el caso se encontraba en total impunidad, porque el Estado mexicano no había con su deber, sancionar a los responsables”.

Señaló que con el acto de disculpas públicas “se buscará ir construyendo el principio de no repetición, y sobre todo, restaurar en la medida de lo posible, lo que los hechos lamentables han impactado en la vida de las agraviadas”.

Al tomar la palabra el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, refirió que el 4 de junio de 1994 las hermanas González Pérez y su madre “fueron detenidas ilegalmente por integrantes del Ejército Mexicano en el retén militar localizado en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, de Altamirano”.

“Una de ellas, era menor de edad, durante dos horas, estuvieron ilegalmente privadas de su libertad; las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas por elementos del Ejército”.

Los hechos, relató, fueron denunciados en la Procuraduría General de la República, pero como no prosperó la investigación, en enero de 1996 las mujeres acudieron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el Informe de Fondo No. 53/01 en 2001, declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Alejandro Encinas dijo que “no se puede ignorar el contexto en el suceden los terribles agravios de este caso. Parten del conflicto armado de 1994 en contra de las comunidades y pueblos indígenas, quienes exigían el reconocimiento de los derechos más básicos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. No bastaron los quinientos años de explotación y marginación: la voz de los pueblos fue callada a toletazos”.

Con esta disculpa pública, abundó, “el Estado Mexicano se compromete a tomar las recomendaciones de la CIDH de realizar una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez, y de aplicar las sanciones legales correspondientes a los culpables”.