Lourdes Godinez Leal-Cimacnoticias
Ciudad de México. “Este acto de disculpa pública no es como un acto de disculpa pública porque nosotros dijimos que queríamos que representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) nos pidieran la disculpa pública porque ellos cometieron los agravios, y ustedes van a quedar como testigos de que el Sedena no estuvieron presente”.
Enseguida, las personas que se encontraban reunidas para atestiguar el acto de disculpa pública de las hermanas González Pérez, en Chiapas, la secundaron gritando una y otra vez ¿dónde está Sedena?, ¿dónde está Sedena? ¿dónde está Sedena?
Este día, después de 25 años de perseguir justicia, las hermanas tzeltales, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, violadas por militares; y su madre, Delia Pérez, recibieron una disculpa pública, por parte del Estado mexicano, quien las reconoció como víctimas de tortura sexual y a quienes se les violó su derecho a la justicia por su condición de mujeres, pobres, e indígenas.
En el evento, al que asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de la misma dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entre otras invitadas, Encinas Rodríguez dijo que este es un acto de justicia y desagravio de las hermanas González Pérez, como compromiso y garantía del Estado mexicano para reparar las graves violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto.
Reconoció que las hermanas fueron retenidas ilegalmente y acusadas de pertenecer al movimiento indígena de 1994, por lo que estas disculpas, dijo, representan también un desagravio a las comunidades indígenas de Chiapas que fueron perseguidas en el contexto del levantamiento armado.
El funcionario agregó que el Estado mexicano, se compromete a cumplir las recomendaciones de la CIDH para castigar a los autores de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, y aplicar las sanciones legales correspondientes, a dar seguimiento adecuado a los procesos adecuados de restauración acordados con las víctimas y organizaciones que las acompañan.
A 25 años de buscar y exigir justicia, este día, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en su mensaje, que el Estado mexicano asume la responsabilidad en dos sentidos: la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y por otra, reconoció que este abandono institucional y marginación social en que han permanecido, coloca en extrema vulnerabilidad a las niñas y mujeres indígenas, y que fueron estas condiciones las que permitieron que se violaran impunemente sus Derechos Humanos y la dignidad de las hermanas González Pérez.
En 1996, a dos años de ocurrida la violación y tortura sexual contra las mujeres indígenas, el caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo que sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por primera vez, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.
“Ana, Celia y Beatriz, les ofrezco una disculpa pública por haber sido retenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
“Señora Delia le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por el agravio cometido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
A nombre del Estado mexicano ofrezco una disculpa por la falta de investigación, de acceso a la justicia y de reparación a las víctimas”.
En su idioma, el tzeltal, la señora Delia, madre de las tres hermanas respondió:
“lo que vamos a decir no es mentira, lo que estoy diciendo es la verdad y si las autoridades lo van a arreglar que lo arreglen bien porque no estamos mintiendo”
Señora Delia Pérez, madre de las hermanas González
La primera de las hermanas en tomar el micrófono dijo:
“nosotras, las que estamos aquí presentes hemos venido anunciando esto desde hace muchos años, nosotras somos las mujeres que hemos estado luchando desde hace muchos años porque nos han maltratado…nos quisieron hacer pagar por el movimiento del zapatismo, yo soy una mujer pobre e indígena, no tengo estudios, pero no me dejé después de haber sufrido violación por los militares”
hermana Gónzález Pérez
Ahora me están arreglando mi caso pero yo no nomás quiero que este caso sea el único que sea arreglado, lo que quiero es que todos los casos sean arreglados porque hay muchos casos similares a los de nosotras, porque desde que nos violaron, yo no me siento la misma, me siento enferma”.
“Estos 25 años traen mucho sentimiento y dolor en el corazón, si se dan cuenta yo no me quise sentar del lado de las autoridades porque siento mucho coraje porque no han resuelto mi caso y tengo mucho coraje hacia ellos, pedí sentarme al lado porque lo que quiero es mostrar que también hay muchos indígenas que somos violados pero que no se nos resuelve nuestro caso porque no sabemos hablar.
Hermana González Pérez
Hay muchas organizaciones que hay atrás de este caso y han venido empujando el caso ante las autoridades.
¡Que no se vuelva a repetir más esta violencia que hemos vivido nosotras, que no se vuelvan a violar más mujeres aquí en Chiapas!”
hermana González Pérez
La tercera hermana en hablar frente al panel de autoridades les reprochó:
“las mujeres que venimos hoy enojadas, venimos enojadas, venimos con mucho coraje hacia las autoridades, hoy venimos en buena fe, hemos estado viniendo de buena fe desde hace muchos años. Yo quiero exigir justicia, después supe que lo que me había pasado tenía que saberlo el mundo porque sucede todos los días y nunca nadie más las va a conocer”
hermana González Pérez
“El gobierno no nos ha creído, desde ayer hemos estado planeando y aún así hoy en día pareciera que no nos toman en cuenta totalmente. Mandamos un documento en donde nosotras decíamos que no queríamos ver a soldados y militares en este evento, y hoy en la mañana nos percatamos de que militares se estaban paseando por la plaza y eso quiere decir que no nos están tomando en cuenta” y cuestionó a las autoridades, la ausencia de la Sedena, quien cometió los agravios contra ella y sus hermanas.
EL ESTIGMA DE SER ZAPATISTA
“¿Qué es ser zapatista? si tú me preguntas yo creo que es porque traigo zapatos. No tengo ningún saber de lo que preguntas”, respondieron tres hermanas tzeltales el 4 de junio de 1994, detenidas en un retén militar, acusadas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), antes de ser violadas por militares en el municipio de Altamirano, Chiapas.
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, salieron, como siempre, acompañadas de su madre Delia a vender sus verduras en el centro de la cabecera municipal.
En el municipio, tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994, los retenes militares eran parte de la vida cotidiana del lugar, relatan las hermanas en el libro “Las Alzadas”.
El 4 de junio de 1994 pasaron el retén militar para ir a vender. “A la entrada nos aventaron, se cayeron nuestras cosas, tiraron todo al suelo, eran varios”, relata la hermana mayor.
“¡Ustedes fueron las que tomaron Altamirano, ustedes son zapatistas, ustedes hicieron todo este daño!”, gritaba un soldado, quien las intimidó con mandarlas al penal de Cerro Hueco o matarlas.
Las aventaron, las jalaron, las patearon. Fueron llevadas al cuarto de descanso de los militares, donde les advirtieron que tenían que quedarse una noche “para no dar parte a la autoridad”.
“Confiesen, digan dónde están sus capuchas, sus armas. Si se quedan se salvan. No tiene nada de malo que se queden, no van a tener familiar, no les pasará nada”, insistía un militar.
La hermana mayor desafió a los militares: “¿Qué es ser zapatista?, si tú me preguntas yo creo que es porque traigo zapatos. No tengo ningún saber de lo que preguntas”. En respuesta recibió una bofetada.
Fueron violadas por seis o siete militares, mientras otros 30 observaban. Su madre escuchaba sus gritos a lo lejos, donde era amagada y encañonada por los militares.
Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el informe No. 129/99 de la CIDH.
El expediente se trasladó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994, cuando el MP se declaró incompetente para investigar.
El 2 de julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”, pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
EL CASO LLEGA AL SISTEMA INTERAMERICANO
Como en casos similares, donde militares cometen violaciones a Derechos Humanos contra civiles, la justicia militar resultó en impunidad, por lo cual el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunció ante la CIDH el 16 de enero de 1996 la detención ilegal, violación, tortura y falta de investigación y reparación del daño a las tres mujeres tzeltales.
Se violaron varios derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), documentó el Cejil, entre ellos el de la integridad y libertad personal; el de las garantías judiciales; la protección de la honra y de la dignidad, y los derechos del niño, ya que una de ellas tenía 16 años.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999 y en abril de 2001 recomendó al Estado mexicano, como responsable por la violación a varios derechos de la CADH, que investigara completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana los hechos para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.
Ocho años después, la recomendación no se cumplió; el caso se archivó en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH mostraron desinterés.
Según el Estado, no se cumplieron las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello decidió cerrar el caso.
En mayo de 2009 la Procuraduría de Chiapas, amplió y ratificó la denuncia de las tres hermanas y su madre y realizó las diligencias que para entregar el caso a la justicia civil: completar la declaración de las víctimas, una pericial fotográfica (identificación de los agresores a través de fotografías) y ratificar la denuncia de la madre y la hermana menor.
En octubre de 2010, bajo el gobierno de Juan Sabines Guerrero, se les ofreció la reparación del daño por 500 mil pesos para cada una de ellas, seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y proyectos productivos.
En ese entonces, las hermanas dijeron que aceptarían pues era la única prueba que tenían de que el gobierno reconocía públicamente su responsabilidad en los hechos, pero ellas lo que querían era castigo ejemplar para los militares que las violaron, al tiempo que enviaban el mensaje que no estarían presentes en ningún acto público.
Este día, después de 25 años, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la tortura sexual cometida a manos de militares contra las tres hermanas, y las diferentes violaciones a sus Derechos Humanos; y se comprometió a investigar, buscar y sancionar a los responsables.
19/LGL