Militarización de los espacios civiles en Chicomuselo a un año de la inauguración del cuartel militar en la región: Ongs

La instalación de un cuartel del Ejército Mexicano en el municipio de Chicomuselo, ha provocado la militarización de los espacios civiles de la población, que trae como consecuencia un aumento de armas y violencia por el consumo de alcohol, drogas y la prostitución, debido a la presencia militar, afirmaron organizaciones de derechos humanos. 

A un año de entrar en funciones el 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional,  en Chicomuselo aumentó la inseguridad en la cabecera municipal y en las comunidades del municipio, sostiene en un informe el Comité para la Promoción de la Defensa de la Vida Samuel Ruíz García y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

El Comité Samuel Ruiz y el Frayba, sostienen que “la militarización en el municipio de Chicomuselo, ha afectado significativamente la vida civil, así como el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio en la región”, por lo que alertaron sobre la  «normalización» de la presencia militar en la vida cotidiana de la localidad de la región de la Sierra.

«Los  militares se encuentran en los espacios de recreo público en la cabecera municipal, como son el parque municipal, la cancha municipal, el mercado». 

Aunado al  consumo de bebidas alcohólicas de los soldados que ha provocado conflictos y accidentes en las  carreteras y la localidad, denunciaron las ONGs. 

Incluso, el Ejército ha instalado retenes en las salidas de la cabecera municipal y de algunas comunidades. Llegaron para “dar más seguridad, pero no se han disminuido los robos y asaltos en las carreteras del municipio», denunciaron. 

En el informe, los organismos destacan: En 2019 había un promedio de 35 movimientos del Ejército por mes, sólo en las calles de la cabecera Chicomuselo: en los meses febrero, marzo y agosto se pudo documentar mínimo de 40 hasta 50 movimientos. 

En promedio se puede constar que una tercera parte de los movimientos son altamente armados con elementos encapuchados. Desde el mes de agosto en algunas situaciones se pudo observar también la presencia de la Guardia Nacional, en dos ocasiones junto con soldados en los vehículos del Ejército.

“El Comité Samuel Ruiz y el párroco, desde mayo pasado, han denunciado la infiltración de militares en actos organizados por la parroquia, desde esa fecha han tenido vigilancia de los militares en la casa parroquial, en donde se reúnen las y los integrantes del Comité Samuel Ruiz y en donde vive el párroco, esta vigilancia se hace de manera evidente en la puerta de la casa parroquial y en la iglesia”, acusaron. 

Además, el párroco Eleazar Juárez Flores, ha indicado el intento de militares de ingresar a las instalaciones de la parroquia, así como el seguimiento a él y a los integrantes del Comité Samuel Ruiz; por lo que exigieron  a la Secretaría de la Defensa Nacional, el cese de acciones de vigilancia militar a defensores de derechos humanos integrantes del Comité Samuel Ruiz, así como al sacerdote Juárez Flores. 

Los defensores sostienen que desde la habilitación del cuartel militar, el Comité Samuel Ruíz y  Juárez Flores, párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo, han denunciado constantemente que la presencia militar «es para intimidar la resistencia minera que hay en las comunidades» 

Así como para vigilar el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio; además con la presencia del Ejército hay un aumento a la venta de alcohol. 

El Frayba y el Comité Samuel Ruiz refirieron que el  8 de noviembre de 2018, el entonces gobernador de Chiapas y actual senador, Manuel Velasco Coello y el  Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, inauguraron el cuartel con el argumento de “fortalecer las acciones y protocolos de seguridad en la región y en la frontera sur”.