Gaby Coutiño | Noticias

Un juez federal, Silvino Arturo López Hernández, encontró pruebas suficientes y razonables para vincular a proceso por el probable delito de ejercicio indebido de funciones y facultades como parte de las investigaciones de la Estada Maestra, al ex delegado en Chiapas de la extinta Sedesol, Ezequiel Saúl Orduña Morga.

En una audiencia de más de tres horas, celebrada en el Centro de Justicia penal Federal de Tapachula, el juez resolvió que existen indicios de pruebas para que el priísta enfrente las acusaciones en su contra por haber solicitado a la Sedesol el pago de 28 millones 721 mil 300 pesos para la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), aun cuando no tenia la comprobación del servicio prestado.  

El juzgador determinó ratificar para Orduña Morga, también ex alcalde de Tapachula, las medidas cautelares para que  acuda cada 15 días al Centro de Justicia Penal Federal y no pueda salir de Chiapas. 

En la comparecencia, el juez López Hernández determinó no vincular a proceso al Subdelegado de la misma dependencia, Rodolfo Molina Monterrosa, señalado en la misma causa penal 95/2019.  A Molina Monterrosa se le acusaba por un monto de 24 millones 380 mil 960 pesos, pero el juez señaló que el Ministerio Público Federal no dio los argumentos ni pruebas necesarias.

La extinta Sedesol y la UNACH firmaron en 2015 un acuerdo en el marco de la Cruzada contra el Hambre, para que la universidad ayudará a la dependencia a formar comités comunitarios y a través de esos órganos se identificarán prioridades de demarcaciones en pobreza. 

Pero de acuerdo a las acusaciones e investigaciones del Ministerio Público Federal y de la Auditoría Superior de la Federación,  la UNACH no creó los comités comunitarios ni les brindó asesoría para identificar las necesidades locales pero sí recibió el pago de más de 28 millones de pesos solicitados por Orduña Morga y que fueron depositados en cinco cuentas bancarias a nombre de la Universidad.  

Además, la supuesta pruebas del ejercicio de ese recurso fueron entregados seis meses después de la solicitud de pago, pero al ser revisadas por la autoridad se identificó que la mayoría correspondía a ejercicios de 2013 y 2014, y no al año 2015 que fue cuando se firmó el convenio de colaboración.