Una de las primeras acciones que Laura Olivia Villaseñor Rosales debería emprender, ahora que su nombramiento como secretaria de la Función Pública sea validado por el Congreso del estado, sería revisar los antecedentes de algunos funcionarios de primer y segundo nivel del gabinete barbosista.
Concretamente debería cerciorarse que todos aquellos que colaboran con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta estén limpios, es decir, que no estén inhabilitados del servicio público, tengan órdenes de aprehensión o cuentas pendientes con la federación o en estados donde también han laborado.
Villaseñor Rosales podría comenzar esta revisión con la Secretaría de Movilidad y Transporte, en la cual fue nombrado como subsecretario Seth Yassir Vázquez Hernández, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le fincó daño patrimonial y le obligó a resarcir, junto con su regidor de Obras y su tesorera municipal en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, casi 6 millones de pesos.
Pero esto, que ya se lo había adelantado el pasado 3 de octubre, no es lo más grave, pues en Chiapas Yassir Vázquez tiene otros procesos abiertos por peculado, daño patrimonial, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa por 56 millones 655 mil pesos.
Dicha cantidad es el resultado de una serie de irregularidades en 57 obras ejecutadas en 2011 dentro del programa “Que Viva el Centro” del gobierno municipal presidido por Yassir Vázquez en la capital chiapaneca.
Yassir Vázquez fue alcalde de Tuxtla Gutiérrez de 2010 a 2012 y en una auditoría del Órgano de Fiscalización del Congreso de Chiapas a su gestión, éste halló anomalías en 22 de 23 obras seleccionadas del referido programa.
Según los peritos Nuria González Zúñiga y Sergio David Gómez Méndez, en esas 23 obras se ejercieron 29 millones 702 mil pesos, sin embargo 16 millones 151 mil pesos tuvieron una aplicación irregular, ya que no hay documentación comprobatoria de 12 millones 801 mil pesos.
Para consultar el dictamen de los peritos haga clic aquí.
Además de hay erogaciones improcedentes por 1 millón 886 mil pesos, pagos excesivos en ejecución de obras por 177 mil pesos, deficiencias técnicas de construcción por 916 mil pesos; conceptos fuera de especificación por 272 mil pesos y erogaciones no justificadas en pagos en demasía por 96 mil pesos.
Por todas estas anomalías el Juzgado Segundo del Ramo Penal en Atención a Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, actuando dentro de la causa penal 153/2015, libró una orden de aprehensión en contra del hoy subsecretario de Transporte del estado de Puebla por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, peculado y asociación delictuosa, contra la que Yassir Vázquez ha venido amparándose en diferentes instancias federales.
Todos los amparos que ha promovido los ha perdido o han sobreseído, por lo que la orden de aprehensión emitida todavía dentro del viejo sistema penal sigue vigente, lo que significa que en cualquier momento podría ser detenido si la Fiscalía de Chiapas gira un oficio de colaboración a su similar de Puebla.
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Después del mal sabor que dejó la imposición de José Félix Cerezo Vélez como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, algunos legisladores locales de la 4T han comenzando a valorar que quizás el nombramiento de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado no sería la mejor opción.
De entrada porque no genera consensos entre los grupos parlamentarios, por su manifiesta parcialidad —hoy a favor de Morena—y cercanía con el gobernador Miguel Barbosa, el presidente de la Junta de Gobierno de la LX Legislatura local, Gabriel Biestro Medinilla, y algunos de sus principales operadores políticos como el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto.
Porque sus colegas, auditores y contadores —con los cuales se ha distanciado por lo que tuvo que dejar el Colegio de Contadores— tampoco lo perciben como un profesional de la fiscalización y la rendición de cuentas, sino como un político oportunista y convenenciero.
Y porque su nombramiento pondría en entredicho los compromisos de Morena y Miguel Barbosa para que la Auditoría deje de ser lo ha sido en los últimos años: un garrote político a favor del gobernador en turno.
Texto tomado de e-consulta.com