Ongs ven falta de capacidad de la COMAR para atender asilados en Tapachula

La oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en Tapachula, se encuentra colapsada, carece de capacidad para dar respuesta a solicitantes de refugio, por lo que “el  sistema de asilo en México enfrenta un creciente colapso”, afirmó la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano.

El Colectivo que conforman más de cien organizaciones nacionales e internacionales, señaló que la incapacidad de dar respuesta rápida a los solicitantes de asilo, ocasiona que las personas tengan que quedarse mucho mas tiempo en Tapachula sin trabajo y en condiciones de desamparo, porque carecen de servicios básicos y de trabajo.

Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una de las organizaciones que integran la misión dijo en conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en San Cristóbal de las Casas, que la falta de atención a las solicitudes, “provoca que las personas se queden y permanezcan en Tapachula y que esa ciudad se vea como una cárcel, ya que están aprisionadas sin poder acceder al refugio ni al trabajo”, 

“Muchas personas migrantes se quedan afuera de las instalaciones migratorias o en parques sin asistencia humanitaria alguna”, manifestó. 

Señaló que no se tienen datos precisos acerca de cuántos indocumentados de Centroamérica, Africa y el caribe permanecen en Tapachula, en espera de que las autoridades migratorias les otorguen documentos para permanecer legalmente en el país.

Una mujer Nicaraguense, que asistió a la rueda de prensa, dijo ser perseguida política en su país, por lo que huyó y ingresó a México el 9 de junio pasado, junto con su esposo y un hijo de 15 años, pero fueron detenidos en un retén migratorio en Tuxtla Gutiérrez.

Contó que desde el 9 de julio la COMAR aprobó su solicitud de refugio, pero hasta la fecha no han recibido respuesta, aún con todas las pruebas que ha presentado. “Estamos sin empleo, rentando una casa y mi hijo sin acceso a la educación”, por lo que pidió al gobierno mexicano que “si no tiene las condiciones para albergar a los migrantes, no nos detenga y nos dejen continuar”.

El Colectivo, exigió al Estado mexicano “cumplimiento y congruencia con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión, al tiempo que no contribuya al fortalecimiento de los discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región”.

Señalaron que la Misión buscará “documentar y visibilizar la crisis humanitaria en la región, incidir para conseguir una respuesta integral a nivel local y federal y pensar mecanismos de respuesta desde un enfoque de acogida e integración que permita el goce efectivo de derechos sin ninguna discriminación”.

“Participamos seis redes de sociedad civil convocantes; 12 organizaciones que hacían parte de estas redes; nueve organizaciones invitadas de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos; seis representantes de la academia; dos organizaciones internacionales observadoras y seis medios de comunicación, que cubrieron tres rutas” de Chiapas, por las que transitan los indocumentados.

El Colectivo, se pronunció porque los tres niveles de gobierno garanticen una coordinación que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos” y “eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional”.

También demandó “asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas” y “sostener una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia”.