Un juez federal amparó y protegió a un grupo de 16 tsotsiles del paraje Shulvó municipio de Zinacantán desplazados de su comunidad desde 2015 por simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( EZLN), y ordenó al gobierno de Chiapas otorgar asistencia humanitaria “satisfactoria de cobijo, alojamiento básico y vestido adecuado”, informó Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Ku’Untik.
La sentencia adquiere relevancia, porque es la primera ocasión que un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado en Chiapas, que ha afectado a “miles de familias de pueblos originarios, principalmente de las regiones Altos y Selva, donde los gobiernos no han accionado mecanismos idóneos para la prevención y atención de estos conflictos”, dijo el también representante legal Coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.
La justicia federal resolvió que para cumplir con el cobijo y alojamiento básico, así como proporcionar vestido adecuado, el erario estatal debe disponer para los desplazados de una vivienda en buen estado con servicios básicos y la entrega en especie de ropa adecuada de acuerdo con las condiciones del clima en San Cristóbal de las Casas, donde actualmente residen, o en su caso, entregar un monto económico para cubrir esas necesidades.
La familia de Juan Pérez Pérez, de 16 integrantes, conformada por su esposa, hijos, nueras y nietos, fueron desalojados por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI ) del poblado Shulvó , donde se asienta el municipio autónomo rebelde del EZLN, Vicente Guerrero, en Zinacantán.
El tzotzil fungió como catequista durante 23 años. Con el desplazamiento perdió ese cargo en la demarcación católica; dejó abandonada también la vivienda familiar y 20 hectáreas de tierras ejidales, comunales y de propiedad privada donde cultivaba maíz, frijol, legumbres y criaba aves de corral.
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