El gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, bajo la ideología política de austeridad republicana, envió con fecha 9 de diciembre al Congreso Local una iniciativa de ley para reformar los artículos del 72 al 79 de la Constitución Política de Chiapas con la finalidad de replantear la conformación del poder judicial del estado.
La iniciativa, en su exposición de motivos propone “establecer un nuevo orden jurídico en la designación de jueces y magistrados”, además sustituir los órganos jurisdiccionales en materia laboral, burocrática y de justicia constitucional.
“El objetivo es la realización de una reforma profunda al Poder Judicial del Estado para hacer mas eficiente la administración de justicia aplicando los recursos necesarios, sin derroches, para la sustentación de la infraestructura física y humana necesaria, que a diferencia de tiempos pasados no se utilice para mantener un aparato burocrático sin la preparación y sin animo de servir en una materia tan delicada como la administración de justicia, pilar para mantener el orden, el desarrollo y la paz social”.
Se propone, la extinción del Tribunal del Trabajo Burocrático y del Tribunal Constitucional, cuya actividad -dice la iniciativa de decreto- puede ser absorbida y vuelta a la luz bajo un nuevo orden que permita celeridad en el trabajo y ahorro de recursos.
“Con la desaparición del Tribunal Burocrático sus actividades serán absorbidas por un juzgado especializado y competente para resolver las controversias que surjan de las relaciones jurídicas del trabajo burocrático establecidas entre los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, de los Municipios, y de la entidades públicas estatales y los trabajadores de base y de confianza a su servicio”.
Por su parte, los juzgados laborales se avocarán a resolver las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones que no sea competencia del Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Federación.
A partir de esta reforma la justicia laboral burocrática será atendida por juzgados especializados en la materia y el hasta ahora Tribunal Administrativo será parte del Poder Judicial, extinguiendo el ahora denominado Tribunal de Justicia Administrativa.
La iniciativa tiene como uno de sus propósitos, que los espacios laborales se ocupen por verdaderos operadores del derecho con el objeto de que su actuación fortalezca la tarea del poder judicial; y esto —aduce la iniciativa- solo puede lograrse con Jueces y Magistrados preparados, designados mediante un procedimiento que reconozca su trayectoria judicial y su dedicación en la administración de justicia”.
Aunado a ello, con las reformas que el ejecutivo estatal propone, se busca que los Magistrados sean designados con una sola categoría y gocen de la misma categoría y percepciones.
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