Escala la violencia y el desplazamiento forzado en Chiapas: Frayba

Que el Estado mexicano genere las condiciones para el retorno de 190 indígenas tzeltales desplazados de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, en el municipio de Chilón, por un grupo de hombres armados de la vecina localidad de Pechtón, demandaron los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y de Derechos Indígenas (Cediac).

En conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, los centros denunciaron  que el 7 de junio del año pasado los integrantes del grupo armado desplazaron a 125 personas de Carmen San José, cuyas casas fueron quemadas y sus pertenencias robadas, y el pasado 6 de diciembre hicieron lo mismo con 65 San Antonio Patbaxil.

Por lo que exigieron que se garantice la vida, seguridad e integridad personal de los afectados; que se investigue imparcial y eficientemente los hechos que derivaron en su desplazamiento forzado y se evite el desplazamiento de habitantes de las comunidades de Juan Sabines Verapaz y Tzubute’el Santa Rosa, municipio de Chilón y así como de Santa Cruz, municipio de Sitalá, amenazados por el mismo grupo.

Representantes de los 190 indígenas aseguraron que el grupo armado está integrado por unos 25 hombres que se dedican a robar, extorsionar y agredir a habitantes de Chilón y Sitalá, desde que el ahora exalcalde Leonardo Guirao Aguilar (2012-2015) los contrató como sus guardaespaldas y les dio camionetas y armas.

Por su parte, los integrantes del llamado gobierno comunitario de Chilón, que luchan por el ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación para elegir a sus autoridades municipales por medio del sistema de usos y costumbres, igualmente demandaron al gobierno federal y estatal que intervengan para que los desplazados retornen a sus comunidades en condiciones de seguridad, y que sea desarmado el grupo de civiles que “siembra el terror” en la zona.

Señalaron que a pesar de que cinco miembros del grupo armado han sido detenidos (Jorge Daniel y Eleazar Alvaro Guillén, apenas el pasado 10 de este mes), continúan las amenazas de nuevos desplazamientos. “Estos delincuentes no se han calmado con la detención de sus cinco compañeros, sino que parece que más coraje tienen y se burlan diciendo que pronto saldrán de la cárcel”. 

Los desplazamientos 

La violencia en la región escaló desde el 03 de junio de 2018, cuando un grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán, en la comunidad de Carmen San José. El 04 de junio, los agresores regresaron a la comunidad y dispararon al aire causando terror en la población. 

Posteriormente hostigaron, amenazaron, intimidaron y extorsionaron a quienes habitan en el lugar. Además realizaron robos y secuestros, controlando el territorio mediante el terror (2). Desplazaron forzadamente a 25 familias desde el mes de junio de 2018.

Posterior al desplazamiento forzado de la comunidad Carmen San José, el grupo civil armado robó sus pertenencias, quemó los cafetales, destruyó sus casas y la escuela primaria. Desde entonces han impedido el retorno de las familias que se encuentran en desplazamiento forzado, disparando en dos ocasiones a quienes intentaron regresar a sus terrenos de labor y vivienda.

Por los hechos narrados, el 25 de julio de 2018, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Chilón, Chiapas, Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado.

Desde el 15 de octubre de 2019, los Centros de Derechos Humanos Cediac y Frayba informamos a los gobiernos Estatal de Chiapas y Federal de México, la situación de violencia en los municipios de Chilón y Sitalá (3). 

En intervenciones privadas solicitamos medidas cautelares urgentes, necesarias y eficaces para proteger a la vida, seguridad e integridad de la población de la región amenazada por grupos civiles armados, especialmente de 2 comunidades en desplazamiento forzado y 3 en riesgo de desplazamiento forzado.

Sin embargo, el Estado mexicano no cumplió con la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la población en la región, acorde a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas. 

El 6 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 6:00 horas, el mismo grupo civil armado atacó con armas de fuego de alto calibre a la comunidad tseltal de San Antonio Patbaxil, desplazando forzadamente a 65 personas aproximadamente entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres.