A un año del asesinato del defensor y comunicador Samir Flores Soberanes, en Amilcingo, Morelos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que, “se incrementó el riesgo a la vida, seguridad e integridad de las defensoras y defensores del territorio, en México”.
Desde San Cristóbal de Las Casas, dijo que acompaña la Jornada en Defensa del Territorio y la Madre Tierra Samir Somos Todas y Todos, que se realizará los días, 20, 21 y 22 de febrero, en 20 estados de México y en al menos 7 países más: Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Canadá, Grecia y Dinamarca”
S un año subrayó el organismo “también se intensificó la criminalización en contra de comunidades de pueblos originarios opositoras a proyectos de gobierno, en específico de quienes conforman el Congreso Nacional Indígena” (CNI), al que pertenecía Samir”.
En un comunicado dijo que “la cultura y la vida de los pueblos son amenazadas por la imposición de modelos de ‘desarrollo’, que confrontan las formas de vida comunitarias”.
“Desde las instancias de gobierno se simula el respeto a los derechos colectivos, pero testimonios evidencian el mismo método de control para ajustar que los sistemas tradicionales avalen decisiones tomadas previamente”, manifestó el Frayba.
El organismo que fundara el obispo Samuel Ruiz García señaló que en Chiapas “las resistencias mayas y zoques organizadas desde la autonomía, develan que proyectos y programas de gobierno tienen como objetivo fortalecer la apropiación de territorios para promover intereses económicos de los grupos en el poder, locales, estatales o nacionales”.
Un ejemplo es, “el programa Sembrando Vida, cuya promesa de apoyo monetario fecunda los conflictos sociales de disputa por la tierra, provoca devastación ambiental y contribuye a intensificar la violencia hacia las mujeres, tal y como lo expresó el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio en noviembre del año pasado”.
La reactivación del proyecto de carretera San Cristóbal- Palenque, actualmente ampliada a Pijijiapan, “es otra muestra de la violación a los derechos colectivos a la libre autodeterminación, la autonomía y al territorio de los pueblos originarios, en el sureste mexicano”.
El Frayba sostiene que “desde los gobiernos federal y estatal se concibe a la madre tierra como un bien al uso y servicio, por encima de la cosmovisión de cuidado de la casa común”.
Indicó que “son los pueblos originarios que caminan la autonomía los protegen el legado de vida, quienes desde acciones cotidianas y comunitarias resguardan los sitios sagrados como son los manantiales, las montañas, los bosques, la flora y la fauna. Por eso los criminalizan y asesinan, pero insisten en tejer resistencias”.
Luego de agradecer al CNI “su ser guardianas y guardianes de la madre tierra”, el organismo exigió al Estado mexicano “respetar los derechos a la autonomía, la libre autodeterminación y al territorio de comunidades de pueblos originarios que integran el CNI, así como cesar la criminalización, amenazas, hostigamiento y agresiones a las cuidadoras y cuidadores de la madre tierra”.
