Serán los primeros funcionarios universitarios acusados por “peculado”
Avanza el juicio político a Rosario Robles
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh) por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada «Estafa Maestra».
Se trata de Rafael “N”, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto “N”, Secretario Administrativo de la UPCh, los dos directivos de la institución educativa chiapaneca ya fueron requeridos para una audiencia; pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación por el Covid-19, la audiencia fue reprogramada para después del 20 de abril.
De acuerdo a la Fiscalía federal, los directivos de la UPCh serán el primer caso de la “Estafa Maestra” en el que la FGR fincará el delito de peculado a directivos universitarios en cuyas instituciones de educación superior se realizaron operaciones consideradas bajo dicho esquema.
Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la UPCh, el monto de los cuatro convenios es de 186.1 millones de pesos.
La UPCh estaba obligada a entregar a la SEDATU un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas en el estado de Chiapas; de los municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con el puerto de Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.
En marzo y abril de 2016, la SEDATU pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando dichos convenios fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo; la UPCh sin licitar, subcontrató los servicios solicitados por SEDATU mediante adjudicación directa con la empresa “Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C.”, por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.
La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCh se quedó con más de 104 millones de pesos, es decir; el 56 por ciento de los recursos que recibió de la SEDATU.
Según las investigaciones de la FGR, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.
De acuerdo con la imputación de la FGR, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con SEDATU, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica “Big Data” y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.
El juicio político a Rosario Robles
Como ya es del conocimiento público, la exsecretaria de SEDESOL y SEDATU en el sexenio de 2012-2018 Rosario Robles, se encuentra acusada penalmente por el esquema de la “Estafa Maestra” y la justicia federal la condiciona a seguir el proceso judicial en el penal de Santa Martha Acatitla.
Varias veces, la exsecretaria ha solicitado a la justicia afrontar el proceso penal en libertad. Sin embargo, esto le ha sido negado. Aunado a ello; la Cámara de Diputados le inició un procedimiento de “juicio político” identificado con el número de expediente SI/LXIV/JP/01/2019.
En uno de los procedimientos para dar paso al juicio político, quien fuera la titular de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando se documentó el caso; Muna Dora Buchahin Abulhosn, fue invitada a dar su testimonio frente la Comisión de diputados que desahogaba el caso y los abogados de la acusada. En ese testimonio, la exfuncionaria dice que las observaciones que realizaba la ASF eran “insolventables”.
Tan solo unos días después, la Cámara de Diputados se erigió como “Órgano de Acusación” y aprobó con 271 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la acusación contra la exsecretaria Robles Berlanga ante el Senado de la República “por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.
El Diputado Pablo Gómez de MORENA, Presidente de la Sección Instructora, Explicó que la acusación se basa en lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación y que documentó la “Estafa Maestra”. La Sección Instructora, dijo, se ha apoyado también en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”
La UPCh sin salida y la UNACH en la trama desde el 2013
Desde el inicio del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, proyecto que derivó en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad Politécnica de Chiapas en la “Estafa Maestra”, esta reportera recibía denuncias de trabajadores de las dos universidades que describían numerosas irregularidades.
Pero la realidad era otra. En los documentos de la ASF, Navor Ballinas, Rector de la UPCh reconoció por escrito a la ASF que no se habían realizado estudios similares a los prestados a la SEDATU, por lo que no tenían experiencia y manifestó que «fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la SEDATU (Rosario Robles)».
En junio del 2018 en el documento denominado “Marco de referencia sobre la fiscalización superior”, correspondiente a la “primera entrega de los informes individuales de la cuenta pública 2018; la ASF describía que las dos universidades eran cada una, motivo de una denuncia de hechos ante la FGR. El documento puede verse en https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017a/documentos/InformeGeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf y se refiere a la UNACH y la UPCh en sus páginas 61 y 62.
SEDESOL-Universidad Politécnica de Chiapas por un monto de 121.6 MDP y SEDESOL-Universidad Autónoma de Chiapas por un monto de 60.9 MDP. A pesar de la evidencia, las dos universidades siempre negaron su participación en este esquema que ha llevado a Robles Berlanga a las puertas de un juicio político.
En agosto de ese año 2018, esta reportera vía accesos a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia demostró que tanto la ASF como la FGR integraban una carpeta de investigación contra las dos universidades. El reportaje puede verse en esta liga: https://bit.ly/2y25TYi, aún así; los directivos de las dos universidades negaban lo que ya era evidente.
Sin embargo, con el cambio de gobierno la realidad ya no se pudo negar. El Abogado General de la UPCh fue vinculado a proceso en noviembre del año pasado.
En febrero de este año, se conoció que el exdelegado de la SEDESOL en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, fue condenado a cinco meses y 29 días de prisión por una contratación indebida de más de 28 millones de pesos con la UNACH. El exfuncionario se declaró culpable y fue sentenciado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, según fuentes del Poder Judicial de la Federación. Como parte del fallo, el juez también le impuso el pago de 99 días de multa, equivalentes a 6 mil 759 pesos, considerando que cada día equivalía a 68.28 pesos al momento del desvío de recursos.
Además, fue condenado a la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante el mismo plazo que la sentencia en prisión. Aunque, el exdelegado cumplirá su sentencia fuera de la prisión
Con el juicio político a Rosario Robles en vías de ser ejecutado en la Cámara de Senadores ahora se conoce que la exsecretaria mentía cuando afirmaba con mucha vehemencia que nunca había firmado ningún convenio.
Su firma está estampada en por lo menos dos convenios; uno con la Universidad Autónoma del Estado de México y otro con la Universidad Autónoma de Chiapas. Con la UNACH en mayo de ese año y con la universidad mexiquense en junio de este mismo año.
Esos documentos pueden consultarse en la “Gaceta Parlamentaria” del Miércoles 18 de marzo de este año en las páginas de la 126 a la 138. El documento, que contiene toda la justificación del “juicio político” se puede consultar en la liga: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-A.pdf
Respecto al convenio con la UNACH, el documento, como ya citamos, se firmó en el 2013 siendo Rector Jaime Valls Esponda y finalizaba el 30 de noviembre del 2015. Además la Gaceta Parlamentaria dice que “ni la SEDESOL ni la UNACH proporcionaron evidencia que acredita la realización de los trabajos comprometidos en el convenio específico de coordinación”.
Ante la evidencia documental, la vinculación a proceso de funcionarios de la SEDESOL y la UPCh, el reconocimiento de la “Estafa Maestra” en la UNACH por el exdelegado de SEDESOL en Chiapas y el juicio político a Rosario Robles en puerta; es imposible para la UNACH y la UPCh ocultar la realidad.
Saltan a la mente algunas preguntas fundamentales; ¿Por qué el Rector Navor Ballinas de la UPCh sigue en el cargo? ¿Porqué un exrector de la UNACH tiene un cargo federal y otro exrector un cargo estatal?
La ética profesional indica que si hay una investigación en curso, lo menos que se puede hacer es “a un lado” para no entorpecer las investigaciones. ¿Porqué ellos no lo hacen? ¿Qué le impide al gobierno de MORENA hacer ya una necesaria sacudida antes que la justicia haga su trabajo?.