El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), alertó que “la contingencia por el Covid-19, aumentó el riesgo en el que se encuentran, en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de desplazamiento forzado constante”, en el municipio de Aldama, a causa de un conflicto por la disputa de 60 hectáreas con sus vecinos de Santa Martha, municipio de Chenalhó.
“De acuerdo con testimonios (de pobladores de Aldama) persisten ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de corte paramilitar que operan en esa región, procedentes de Santa Marta”, afirmó el organismo en un comunicado.
El Frayba sostiene que “desde el 24 de marzo se intensificaron las agresiones, con disparos de armas de fuego de alto calibre”, durante todo el día, sin que se reporten lesionados.
Todavía este miércoles agregó, en la madrugada, “se reportaron disparos hacia la cabecera municipal” de Aldama y a las localidades de Xivit y Tselejpoptic.
Para el Frayba, “esta situación de violencia crea un ambiente de terror a la población de estas comunidades, así como en otras ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó”.
Señaló que “estos hechos de violencia por grupos civiles armados de corte paramilitar en los límites de Aldama y Chenalhó se han denunciado sistemáticamente desde 2018 y han dejado personas heridas y muertas en ambos municipios”.
“El defensor de derechos humanos, Cristóbal Sántiz Jiménez, indígena tzotzil y representante de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama”, se encuentra preso desde el pasado 14 de marzo en el penal de El Amate, refiere en su denuncia el organismo.
Por lo que exige al Estado mexicano “tomar las medidas de seguridad y precautorias para evitar hechos que sean de difícil reparación, como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado”.
Asimismo, que “investigue de manera pronta y adecuada, así como sancionar, desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas”.