Sonia Gerth.- CIMACNoticias
Ciudad de México. De acuerdo con la La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, 70.1 por ciento de la población usaba Internet. De un total de 80.6 millones de personas usuarias, 51.6 por ciento fueron mujeres, lo que las colocó incluso encima de los hombres, con 48.4 por ciento de los usuarios.
Sin embargo, la distribución del acceso al internet es muy desigual, principalmente entre zonas urbanas y rurales, y la metodología del Inegi no recopila la manera en que se usa el internet, por lo tanto, se puede asumir que hay millones de mexicanas que no pueden quedarse en casa y hacer teletrabajo, o que no tienen las herramientas para acceder a informaciones verídicas sobre la pandemia del COVID-19.
“Primero que nada hay que definir un acceso funcional”, explicó la autora Gisela Pérez de Acha, en la presentación de su informe “¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?“, sobre la brecha digital de género en México, publicado en 2018. Ella y otras organizaciones que trabajaron el tema, como APC Women, Artículo 19, Luchadoras y Data Cívica, sostienen que los datos del Inegi, que miden si hay una computadora en el hogar, o si las personas poseen un celular inteligente (Smartphone), no dicen mucho sobre la conectividad de las mujeres.
“Para nosotras, hay acceso a internet cuando la red sirve como una herramienta para aprender y conocer; cuando como mujeres podemos pagarla sin abandonar otras prioridades; si tiene contenidos que nos interesen y sean relevantes para nosotras; si podemos producir y co-crear estos mismos; si un espacio seguro para compartir y disentir, en comunidad, en su propio idioma”, escribió Pérez de Acha.
Varios factores influyen en el acceso de las mujeres al internet. En primer lugar, hay una diferencia sustantiva entre las zonas urbanas y rurales. De acuerdo con la ENDUTIH, 76.6 por ciento de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en las zonas rurales, son 47.7 por ciento, cifra que el Inegi no desglosó por sexo. “Las estadísticas no tienen perspectiva de género”, criticaron las expertas de organizaciones en derechos digitales en 2018.
Por ejemplo, el Inegi sólo mide la conectividad en los hogares. “Pero si una mujer vive violencia en su casa y el único celular para conectarse es del esposo que la maltrata, no puede entrar a internet para encontrar solución”, dijo Lulú Barrera de Luchadoras. Otro obstáculo serían las barreras culturales y actitudes sociales machistas en torno al acceso, como la creencia que “las mujeres no deben usar internet.”
La falta de tiempo, sería otro factor que impide las mujeres acceder a la red, destacó el informe. Las mujeres tienen la doble carga de trabajo, el doméstico, y el trabajo laboral profesional, y disponen de menos tiempo ‘libre’ para conectarse. Además, la violencia en línea, como hostigamiento y acoso, llevaría a las mujeres a una autocensura al usar el internet.
Otro limitante es el costo de conectarse al internet. “La brecha salarial de género disminuye la habilidad que las mujeres tenemos para pagar acceso a internet”, escribió Pérez de Acha. Lo mismo aplicaría para los planes de telefonía móvil, cuyos costos representarían una fracción muy alta de los ingresos mensuales. “Estos factores afectan más a mujeres indígenas con menos educación y menos recursos económicos, que además viven en zonas rurales”, destacó el informe.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el programa “México Conectado” tuvo el objetivo inicial de 200 mil puntos de conexión en espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas, pero durante el mandato su alcance fue recortado a 100 mil, enfocándose principalmente en centros educativos.
Sin embargo, la organización Data 4 documentó que los lugares se establecieron en zonas que ya estaban muy conectadas, y que no hubo forma de medir cuántas personas, o cuántas mujeres, utilizaron los puntos de conectividad, por lo tanto, consideraron “poco probable que “México Conectado” contribuya eficazmente a contraer la brecha digital.” Además, el nuevo gobierno no prolongó los contratos de acceso a internet de por lo menos 47 por ciento de los puntos, el acceso a los cuales, siendo espacios públicos, sería restringido bajo la contingencia actual del COVID-19.
Después de su toma de protesta en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “Mexico Conectado” sería restituido por el programa “Internet para tod@s”. A mediados de 2019, se creó la empresa ‘CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos’, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y sin fines de lucro, para garantizar el derecho constitucional de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo a las comunidades en situación de pobreza.
Sin embargo, el sitio web del gobierno sobre “Internet para tod@os” tiene escasa información y no rinde cuentas sobre la cantidad de líneas que se pudieron instalar, por ejemplo.
Otro lugar que brindaría a las mujeres la oportunidad de conectarse y educarse sobre internet y las tecnologías de comunicación, serían las escuelas. Sin embargo, el informe “¿De qué hablamos cuando hablamos de Internet?” destacó que según la organización México Evalúa, en 2017 tan solo 26 por ciento de las escuelas tenía acceso a internet.
Con todo esto, queda claro que gran parte de las alumnas no tienen las herramientas técnicas para participar en clases vía remota; las y los profesores de las escuelas públicas no están capacitados para impartir clases vía remota, y las madres y los padres no están capacitadas para ayudar a sus hijas e hijos.
Encima de eso, con las medidas de contingencia, las madres tienen la triple carga de su trabajo laboral, el trabajo doméstico, y la enseñanza de sus hijos e hijas, porque los roles patriarcales en la sociedad mexicana, les imponen el cuidado de la niñez, como indicó el Instituto Nacional de Mujeres. Todo en conjunto, pinta un panorama oscuro para el acceso de las mujeres al internet en tiempos de COVID-19.
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