Una veintena de organizaciones sociales, colectivos y comunidades exigieron a los tres niveles de gobierno, el cumplimiento de las medidas cautelares MC-506/14, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para salvaguardar la vida e integridad física del párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, constante amenazado de muerte.
“Implementar de manera urgente el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, a cargo de la Secretaria de Gobernación para cuidar su seguridad”, dice el documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otras autoridades.
Las Ongs también demandan que se realice de manera urgente una investigación en contra de los responsables de las amenazas al sacerdote de origen tzotzil, quien también se desempeña como coordinador de la pastoral social de las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.
Así como detener, consignar ante los tribunales y vincular a juicio a los responsables e informar a los afectados y a la sociedad sobre su cumplimiento.
A los pueblos de Chiapas, de México y del mundo, así como a organizaciones sociales en lucha por los derechos, les hicieron un llamado a “continuar unificándonos comunitaria y solidariamente para fortalecer nuestra organización territorial con el fin de proteger la integridad física del sacerdote Marcelo Pérez y de las demás personas amenazadas y para continuar defendiendo la vida, el territorio y los recursos naturales de nuestra madre tierra”.
Demandan al gobierno federal, “se haga justicia pronta e inmediata a todos los representantes sociales, estudiantes, ambientalistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país, para terminar con esta larga cadena de impunidad, complicidad y corrupción que mantiene agraviado y en permanente peligro a nuestros pueblos y comunidades”.
Y es que destacan, que “debido a la crisis de violencia, inseguridad e impunidad que vivimos en México, agravada aún más con los efectos de la pandemia sanitaria, muchos líderes sociales, estudiantes, ambientalistas y defensores de derechos humanos han sido asesinados por grupos de poder económico, político y delincuencial, durante el actual y anteriores gobiernos, con el objeto de continuar imponiendo el modelo neoliberal y los megaproyectos trasnacionales, así como contener y reprimir las justas luchas y movimientos sociales en beneficio de nuestros pueblos y en defensa de la vida, el territorio y los recursos naturales”.
Entre las agrupaciones que firman el documento se encuentran el Colegiado Plural por un Estado de Justicia y Equidad, el Comité de Padres y Madres de los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, el Congreso Estatal de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Chiapas, el Consejo de Representantes Indígenas y de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chiapas y el Consejo General de Barrios, Colonias y Fraccionamientos de la Zona Norte de San Cristóbal de las Casas.