Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Mayo.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que recibió denuncias de disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar vestidos de negro, procedente del vecino municipio de Chenalhó.
De acuerdo con los testimonios que recibió, el organismo señaló que “el pasado 1 de mayo, aproximadamente a las 8 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades” de Chalchihuitán, municipio tsotsil de los Altos de Chiapas.
“Un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar”.
El Frayba indicó que esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de Covid-19 a las 273 familias (mil 236 personas) desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad”.
Manifiesta su especial preocupación por las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab, de Chalchihuitán y Majompepentik, Chenalhó.
El organismo señaló que a pesar de que las comunidades en deslazamiento forzado cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17), además de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2018, “las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente y eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas”.
“Las comunidades de pueblos originarios son históricamente uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos”.
El organismo fundado por el Obispo Samuel Ruiz, solicitó “de manera urgente al Estado mexicano, que garantice los derechos humanos a pueblos originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid-19”.