San Cristóbal de Las Casas.- El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) presenta información a Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas y a Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra sobre graves violaciones de Derechos Humanos a la comunidad indígena chol de Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá durante la pandemia del covid19.
Este Comité Digna Ochoa informa que ha enviado información sobre las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de indígenas choles de la comunidad Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá, a la sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra quienes a través de su oficina en México nos remitieron un cuestionario para obtener información de primera mano en torno a pueblos indígenas y covid19 como parte del Grupo de Trabajo sobre Covid19 que se conformó en Ginebra, Suiza.
A la sra. Relatora le solicitamos su intervención urgente ante el Estado Mexicano que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador por las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometieron hacia la comunidad indígena ch´ol de Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá quienes fueron víctimas de un ilegal cerco, limitación de derechos constitucionales y como Pueblos Indígenas estigmatizados por autoridades gubernamentales y atacados con armas de fuego por policías municipales y un grupo de choque al servicio del Presidente Municipal de Yajalón.
En las respuestas al cuestionario sobre el impacto del covid19 en los Pueblos Indígenas decidimos centrarnos en la situación que se está viviendo en la región Norte-Selva de Chiapas, en la que este Comité Digna Ochoa cuenta con monitores y monitoras indígenas de Derechos Humanos y realizamos una labor de acompañamiento desde hace 10 años que surge este espacio de base de defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, siendo la comunidad de Hidalgo Joshil un lugar en donde trabajamos permanentemente.
Señalamos que las Comunidades indígenas del Estado de Chiapas en donde trabajamos viven en extrema pobreza, con serias limitaciones en acceso a unidades médicas y atención en salud, con carencia de médicos y medicamentos esenciales en las comunidades, con altos índices de mortalidad materno-infantil, con limitaciones en el acceso al agua potable, alimentación saludable, que los Pueblos Indígenas en su exigencia de sus derechos humanos y en la defensa de sus territorios han sido estigmatizados y criminalizados por el gobierno federal y estatal, y están sufriendo actos de discriminación por el covid19 en los municipios de Tila, Tumbalá y Tila en donde se han establecido cercos sanitarios y limitación de derechos sin que haya un sustento legal para ello por parte del Alcalde de Yajalón Juan Manuel Utrilla Constantino y el Gobierno de Chiapas del sr. Rutilio Escandón Cadenas. Llegando al extremo el día 27 de abril de 2020 de reprimir con policías municipales y un grupo de corte paramilitar con el uso de armas de fuego a indígenas choles que protestaban para exigir que se les permita la libertad de tránsito y que se les garantice el derecho a la salud, con un saldo de por lo menos 4 personas heridas por arma de fuego.
Consignamos nuestra preocupación de la situación económica en los próximos meses, que ya se reportan aumento de precios de alimentos de primera necesidad como el maíz, frijol, huevos e insumos de limpieza. Aunque el gobierno adelantó el pago por tres meses de diversos programas sociales, estos recursos son vistos como un paliativo y hay quejas de que de nada sirve que les adelantaran este pago si el gobierno nunca les pagó meses anteriores de diversos programas y mucho de este dinero que recibieron ya lo deben.
Muchas personas indígenas de la región han manifestado su temor por las acciones gubernamentales que consisten en el establecimiento de un cerco sanitario con elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tumbalá, sin ser consultados sobre el impacto que este hecho tiene en sus vidas y territorios, se han limitado derechos sin sustento legal ya que hasta ahora solamente se ha emitido una declaratoria de emergencia sanitaria que no contempla la limitación de derechos, así como que señalan que no son informados de pacientes que presumiblemente tienen covid19 y se encuentran aislados en unidades médicas de otros municipios, ni siquiera han recibido información que confirme si están contagiados de covid19 o su enfermedad es una infección respiratoria. Manifiestan no haber recibido información en su lengua sobre el covid19.
A la Relatora le expresamos nuestra preocupación de que ha sido del conocimiento de este Comité Digna Ochoa que luego de los hechos de agresión en contra de los indígenas choles de la comunidad de Hidalgo Joshil, el delegado de la Secretaría de Gobierno de Chiapas instancia del Gobierno de Chiapas sostuvo un diálogo con ellos, en donde a cambio de una indemnización a la víctima gravemente herida por el ataque armado, su familia firmara que se desistía de su exigencia de justicia, cuando al tratarse de delitos graves y de violaciones de Derechos Humanos se persiguen de oficio y no prescriben de acuerdo a la Constitución y los estándares internacionales. Por ello, la intención de la Fiscalía General del Estado de Chiapas de criminalizar e intimidar a los indígenas choles, para que se desistan de darle seguimiento a estos graves hechos que vulneró gravemente sus derechos humanos, y envía un mensaje de intimidación hacia este Comité Digna Ochoa, quienes trabajamos y acompañamos a comunidades indígenas de los municipios de Tumbalá y Tila desde hace 10 años, y cuenta con monitores indígenas de derechos humanos siendo quienes nos informaron de lo que ocurría y por lo que denunciamos de manera inmediata.
Así como nuestra preocupación de que en el portal de noticias Chiapas Paralelo se registró que La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, informó de los avances de la carpeta de investigación iniciada por los hechos violentos ocurridos en el municipio de Yajalón, en los que resultaron involucrados policías municipales y habitantes de la comunidad Hidalgo Joshil del municipio de Tumbalá en donde se pretende convertir en responsables a las víctimas de la comunidad de Hidalgo Joshil.
México ha dado pasos importantes para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos mediante la reforma del artículo 1 de la Constitución en 2011. Según esta reforma, las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por México son directamente aplicables en todos los niveles de la estructura federal y se deben respetar y garantizar en las legislaciones, políticas públicas y sentencias judiciales. Estas obligaciones incluyen los tratados internacionales de derechos humanos en los cuales México es parte; el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1975; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México en 1981, y su interpretación mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el documento que envíamos a la Relatora nos sumamos al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los Estados en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), que “urge a los Estados a enfrentar el grave riesgo en el que se encuentran los pueblos indígenas y a adoptar medidas urgentes para proteger el derecho a la salud de esta población. En particular, la Comisión hace una advertencia sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial, y resalta la necesidad de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural.”
“La CIDH recuerda que la histórica discriminación hacia los pueblos indígenas se ha traducido en una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La proporción de personas indígenas y no indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema en la región es un reflejo de ello. El Banco Mundial señala que el 43% de la población indígena de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Perú se encuentra en situación de pobreza moderada, en comparación al 21% de la población no indígena de estos países. Asimismo, el porcentaje de la población indígena en situación de pobreza extrema en estos países triplica al de la población no indígena.”