Foto: Frayba
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 21 Mayo.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informó que tres reos del penal número 5 iniciaron este jueves, una huelga de hambre, para exigir garantías de seguridad a la salud frente a la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus, “que pone en peligro la vida y la integridad de los presos”.
Ayer miércoles, se confirmó un brote de Covid-19, en el penal de San Cristóbal de las Casas, que inicialmente afecta a ocho reos tzotziles, pertenecientes a la agrupación llamada Solidarios de la voz de El Amate, quienes permanecen aislados en el área de enfermería.
El organismo indicó en un comunicado, que otros cinco presos más, acompañarán la protesta con un plantón en el interior del reclusorio que se ubica a 15 kilómetros de esta ciudad, mientras que el reo Marcelino Ruíz Gómez, inició también un ayuno en el penal ubicado en Comitán con la misma demanda.
Los presos que comenzarán la huelga de hambre en el penal número 5, son Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, integrantes de las organizaciones La Voz de Indígenas en Resistencia y La Voz Verdadera de El Amate, “sobrevivientes de tortura y otras violaciones a sus derechos humanos y enfrentan procesos jurídicos con fabricación de pruebas ilícitas para acusarlos de delitos que no cometieron”, agregó el Frayba.
Añadió que en el plantón participan, Osman Alberto Espinales Rodríguez, Pedro Trinidad Cano Sánchez, Cristóbal Roblero Roblero, Alexander Hernández Zalazar y Bacner Maldonado García.
En conferencia de prensa, Alberto Patishtán Gómez, indultado en 2013 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, luego de permanecer 13 años en la cárcel, pidió a las autoridades que atiendan a los ocho reos contagiados con Covid-19 y que se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.
El Frayba por su parte, exigió a las autoridades penitenciarias que otorguen “atención médica adecuada y digna para las personas privadas de su libertad en distintas prisiones de Chiapas, especialmente a mujeres y hombres integrantes de pueblos originarios estructuralmente en vulnerabilidad y violación sistemática a sus derechos humanos”, así como dar prioridad la protección a niñas y niños que viven con sus madres en la cárcel.
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