Mujeres presas en la cárcel de San Cristóbal exigen protocolos contra Covid 19

La emergencia sanitaria del Covid 19, agravó las condiciones en las que viven un grupo de 26 mujeres pobres, en su mayoría indígenas, madres de familia monoparental, procesadas o sentenciadas por delitos graves que no cometieron, internas en el centro penitenciario número 5 de San Cristóbal de las Casas; en el cual existe el temor de contagios, ya que no se cuenta con protocolos de protección ante el Coronavirus, alertó la “Colectiva Cereza”.

“En ese centro penitenciario, por lo menos desde hace 10 años las mujeres sólo reciben 2 raquíticas comidas al día, no cuentan con personal médico ni les proporcionan medicamentos, están incomunicadas a menos que paguen tarjetas telefónicas, por tanto, se afectan sus relaciones familiares y con su defensa, el gobierno no cubre a cabalidad sus necesidades básicas de alimentos, artículos de higiene, cobijas sino que es la familia quien tiene que cubrirlas”, señaló la Colectiva en una denuncia pública.

 

“Al día de hoy, varias mujeres en el CERSS 5 están con síntomas de COVID 19”, alertó la Colectiva Cereza, un equipo interdisciplinar de mujeres activistas y feministas de la sociedad civil, universidad y mujeres que han estado en prisión.

Las mujeres indicó, víctimas de violencia estructural durante toda su trayectoria vital, son mujeres pobres, sin acceso a instrucción escolar, que por necesidad o que por ser víctimas de violencia de género cayeron en manos de la justicia (también misógina), “no tienen acceso a agua potable con lo que se afecta su derecho a la salud.

“Ellas deben cubrir el costo del gas si quieren cocinar, cosa que es preferible puesto que las condiciones de higiene y cocción de la comida ya elaborada que les proporcionan es pésima”.

En la denuncia la Colectiva explica, que frente a la emergencia del Covid, las medidas que tomó la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y de Medidas de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, “es prohibirles las visitas a las mujeres, cosa que las priva del acceso a los recursos más elementales”.

Ya que las mujeres del penal, “no tienen acceso a agua potable y enseres de limpieza, y eso aumenta el riesgo sanitario, ademas, no tienen forma de obtener el mínimo ingreso que ganaban de la venta de artesanías por la falta de visitas”.

En condiciones inhumanas se encuentran las mujeres reclusas

Aunado a ello, destaca la Colectiva, “en el CERSS No. 5 no se implementaron protocolos de salud relacionados con la crisis sanitaria, pues es un hecho notorio que por lo menos hay casi una decena de positivos con COVID 19 confirmados y un custodio fallecido, por lo que es lógico que el virus se haya extendido ante la indolencia de las autoridades penitenciarias”.

Colectiva Cereza, refiere que el 20 de mayo de 2020, la población femenil del CERSS 5 San Cristóbal de las Casas, llevaba 4 días sin línea telefónica. “Las mujeres presas exigían poder tener comunicación con sus familiares y no les hacían caso, por tanto, por la desesperación del doble o múltiple aislamiento motivado por el mal manejo de la crisis sanitaria y las consecuencias aludidas, optaron por manifestar su inconformidad.

“Ante ello, las autoridades penitenciarias reaccionaron reprimiéndolas con un gas tóxico que rociaron hasta en el interior de las celdas donde se hallaban las mujeres, incluida Marisela con su bebe de 2 meses y medio y Hermila de 65 años de edad con diabetes y asma”.

Las mujeres, relata la Colectiva, quedaron con problemas respiratorios, con dolor de cabeza, quemaduras en rostro y manos o irritación en los ojos por efecto del gas. “Esta acción delictiva fue ordenada por José Miguel Alarcón García, actual Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad debido a que el anterior director del CERSS 5, Javier Sánchez Ríos, había sido dado de baja desde el lunes 18 de mayo de 2020 por padecer COVID 19”.

De los hechos, las mujeres internas, en colaboración con Colectiva Cereza, lograron presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por las condiciones inhumanas en las que se encuentran, como por la represión aludida.

La CEDH emitió la medida cautelar 67/2020 con la que se recomienda garantizar la salud, integridad, comunicación y alimentación de las mujeres en prisión en el CERSS 5, haciendo alusión además a que la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad no implementó ningún protocolo de prevención de salud contra el covid19, no sanitizó las instalaciones y además ocultó por un mes que ya había enfermos por covid19 entre la población penitenciaria y el personal de custodia.

Sin embargo, no fue hasta el 1 de junio, es decir, 12 días después de presentada la queja que la CEDH se presentó a verificar las condiciones en las que se encontraban las mujeres, recabar sus testimonios y vestigios de la acción de represión llevada a cabo por las autoridades penitenciarias y ello lo hizo debido a las exigencias por parte de la Colectiva Cereza.

En esa diligencia, agregó la Colectiva, “se recabaron indicios consistentes en restos de cartuchos de gas”.

La tardanza de la diligencia, “refleja la falta de independencia de la CEDH que tiene como consecuencia promover la impunidad de las autoridades responsables. Más aún cuando el centro penitenciario dio muestras de continuar con el hostigamiento pues el día miércoles 27 de mayo, el “grupo lobo” intentó entrar a realizar la búsqueda de los indicios que se habían conservado por las mujeres y lo hizo con la intención de borrar evidencias de la gaseada, con la agravante de hacerlo en un momento de emergencia sanitaria en el que el covid19 se habrá extendido entre el personal de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y de Medidas de Seguridad de Chiapas.

Lo anterior, destaca la Colectiva Cereza, “pone en evidencia que el proceder de las autoridades penitenciaras, de la defensoría pública y los órganos jurisdiccionales que tienen la obligación de vigilar la protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad han exacerbado la vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres y las coloca en una situación de riesgo sin precedentes, contraviniendo normatividad nacional e internacional y en contracorriente de lo que ha declarado la Corte Interamericana”.

Es decir, “los centros penitenciarios están empleando criterios innecesarios y desproporcionales en contra de personas en situación de vulnerabilidad como son las mujeres privadas de libertad que, además, son en su mayoría indígenas, de alta marginalidad con lo que tenemos que las autoridades refuerzan un sistema que discrimina a estos grupos”.

Todo lo anterior coloca a las autoridades que aquí se señalan en una situación de incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de compromisos internacionales, apunta la Colectiva Cereza.