Tuxtla Gutiérrez, Chis. 8 Junio.- Ayuda humanitaria a 59 familias desplazadas hace dos años de las comunidades de Carmen San José y San Antonio Patbaxil, debido a que un grupo armado las amenazaba y les exigía dinero, pidió el llamado gobierno comunitario del municipio de Chilón a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Las familias desplazadas se encuentran viviendo en condiciones inhumanas por falta de un lugar digno, de recursos económicos para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, así como para atender sus enfermedades, denunciaron en un comunicado.
Un grupo de 34 familias desplazadas de Carmen San José y las 25 de San Antonio Patbaxil, están viviendo con familiares, en casas prestadas o rentadas en el ejido Bachajón, en “condiciones de hacinamiento y pobreza”, señalaron en un comunicado.
El gobierno comunitario informó también que pobladores de las comunidades de Juan Sabines y Tsubute’el, Chilón, y Santa Cruz, municipios de Sitalá, están en una situación de “vulnerabilidad” por amenazas desplazamiento en la que se encuentran por el hostigamiento y amenazas de grupos armados”
“Ante la pandemia del Covid-19 que hoy aqueja al país, los desplazados son grupos vulnerables a falta de espacios para respetar la sana distancia”.
Al cumplirse este lunes, dos años del desplazamiento, relataron que de enero a la fecha, las familias desplazadas han recibido pocas despensas, aparte de que no se han instalado las mesas de diálogo para tratar de resolver el problema.
Por lo que manifestaron su preocupación ya que no se han implementado las medidas cautelares emitidas por las comisiones Nacional y estatal de Derechos humanos en favor de los afectados.
“Chilón ha sido escenario de grandes violaciones a los derechos colectivos, de los cuales gobierno comunitario ha sido testigo y víctima. En estos últimos años se ha encrudecido esta realidad, nuestro pueblo han sido atropellados con difamaciones, encarcelamiento injustificado, desplazamiento forzado, abuso de autoridad, con la tolerancia y justificación del gobierno”, destacaron.
El gobierno comunitario, instancia conformada en 2017 por representantes de localidades con la finalidad de ejercer su derecho a la libre determinación y elegir a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres, señalaron que las autoridades “no ha dado puntual seguimiento a las Carpetas de Investigación y ejecución de las órdenes de aprehensión ni ha informado a las víctimas sobre este seguimiento” de las denuncias en contra del grupo armado denominado Pechtoneros, de la comunidad Pechtón Ic’osiljá, municipio de Chilón.
Por lo que demandaron “solución por parte de las autoridades del gobierno local y estatal para el pronto retorno de las familias desplazadas y la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los agresores, así como la implementación efectiva de las medidas cautelares emitidas por la CNDH y CEDH en favor de los desplazados, ya que se encuentran en vulnerabilidad por las denuncias que han realizado”.