Los centros de derechos Indígenas (Cediac) y Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exigieron al Estado mexicano atienda a 262 tzeltales desplazados hace dos años de las comunidades de Carmen San José y de San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, ya que “sobreviven en condiciones de hacinamiento y precariedad”.
Los organismos, demandaron “garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 59 familias en desplazamiento forzado” de ambas localidades e “investigar imparcial y eficientemente los hechos que derivaron” en su desarraigo.
En un comunicado, señalaron que los 262 indígenas “sobreviven rentando pequeños cuartos o prestando espacios con familiares en otras comunidades o en la cabecera municipal; algunas jefas y jefes de familia migraron a distintas zonas del país para buscar recursos económicos”
Por lo que solicitaron evitar el desplazamiento forzado de familias que habitan en las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tsubute’el Santa Rosa, municipio de Chilón y de Santa Cruz, municipio de Sitalá, así como aplicar los principios rectores de los desplazamientos forzados internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el estado de Chiapas.
En la denuncia, el Frayba y el Cediac explican que durante los primeros meses de 2018 “inició una ola de violencia en contra de pueblos tzeltales en Chilón, y desde entonces, un grupo civil armado mantiene sitiadas a varias comunidades mediante secuestros, extorsiones, amenazas e intimidaciones, controlan el territorio e imponen el miedo”.
“El 3 de junio de 2018, la violencia escaló en la comunidad de Carmen San José, cuando el grupo civil armado privó arbitrariamente de la vida al joven Marín Luis Gómez Guzmán; las agresiones con armas de grueso calibre aumentaron a partir del 4 de junio, provocando a partir de ese día el desplazamiento forzado de familias enteras”.
Agregan: “el grupo civil armado, procedente de la comunidad de Pechton Icotsilha’, saqueó las pertenencias de las personas desplazadas, quemó sus cafetales, destruyó sus viviendas y la escuela primaria. A la fecha impide el retorno de las 34 familias (156 personas) que se encuentran en desplazamiento forzado, porque disparan a quienes intentan regresar a sus viviendas y trabajaderos”.
El 6 de diciembre de 2019, el mismo grupo desplazó forzadamente a 25 familias (106 personas) de San Antonio Patbaxil, por lo que las familias afectadas interpusieron 3 denuncias por los delitos de despojo, robo, daños, homicidio y secuestro, entre otros, sin que a la fecha la Fiscalía General del Estado haya investigado ni identificado a los responsables, por lo que el caso “se mantiene en total impunidad”.
A 2 años del desplazamiento forzado de las familias, manifestaron “el Estado mexicano no ha realizado acciones eficaces de protección y garantía de derechos humanos para las víctimas, ha sido incapaz de brindar seguridad, ofrecer ayuda humanitaria y restituir derechos, incluido el retorno a la comunidad de origen”.
“Los trámites para acceder a los servicios básicos de salud, alimentación, educación y alojamiento han sido burocráticos. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría General de Gobierno, han solicitado actas e identificaciones, con las que no cuentan muchas de las familias porque se perdieron durante el desplazamiento forzado y no otorgan las ayudas. También han incumplido las minutas firmadas en diversas reuniones, durante 2018 y 2019, con lo cual se revictimiza a las personas en desplazamiento forzado”.
Frente a la crisis mundial por Covid-19, los organismos “exhortamos desde el pasado 3 de abril a los gobiernos federal y estatal, la puntual atención para las familias víctimas de desplazamiento forzado”, ya que “dada su posición de grave vulnerabilidad, tienen un mayor riesgo de contraer el virus: Ante la falta de una alimentación sana y variable sus defensas se mantienen frágiles”.