Ciudad de México. En 18 años, de 2002 a junio de 2020, el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 898 agresiones contra mujeres periodistas en México, entre ellas 19 casos de feminicidio.
Ante el creciente número de agresiones y con el objetivo de abonar a la construcción de la memoria histórica, este jueves CIMAC presentó la “Cartografía de la violencia contra las periodistas”, una página web donde se visualizan los casos por entidad y a través del tiempo.
La periodista y directora de CIMAC, Lucia Lagunes Huerta, explicó en la presentación que el mapa virtual muestra la evolución de la violencia y destacó que por medio de esta herramienta se puede visualizar que los estados con más casos registrados son Ciudad de México (154 casos), Veracruz (100), Puebla (84), Coahuila (63) y Guerrero (52).
En esta violación al derecho a la libertad de expresión, dijo la periodista, el Estado tiene una responsabilidad, pues los principales agresores son autoridades de gobierno y a la par las instituciones encargadas de garantizar justicia, al permitir la impunidad porque actúa con una mirada misógina.
Al participar en la presentación virtual de esta cartografía, la periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho Ribeiro, enfatizó que una forma de atacar a las democracias es atacar a las mensajeras, quienes están investigando, en condiciones pauperizadas, termas como la pobreza, el ecocidio y nuevas formas de corrupción y mafiocracia del Estado mexicano.
La violencia contra mujeres que se muestra en este trabajo es la respuesta al papel que juegan en las transformación del entorno y la dinámica del periodismo, dijo Lydia Caco, quien desde hace un año vive en exilio después de que el 21 de julio de 2019 dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible.
Para la reportera de investigación, las periodistas son quienes han llevado la perspectiva de género, de Derechos Humanos y de paz al periodismo latinoamericano, enfoques que han aprendido en lo individual y lo colectivo y que ha hecho la diferencia. “Hemos cambiado el periodismo y esa aportación tienen un costo enorme”, expuso.
La autora de 16 libros, entre ellos “Los Demonios del Edén”, que le valió ser perseguida y torturada en 2005, señaló que las mujeres periodistas son violentadas por sus técnicas y estrategias de investigación y documentación, pero también porque son mujeres que se revelan ante el poder patriarcal.
En el contexto mexicano y de la región, dijo, una de las estrategias de los gobiernos es la guerra informativa donde los poderosos se victimizan diciendo que son perseguidos por las y los periodistas, como si la verdad fuera un ataque; por esa razón tratan de ocultar la realidad que las comunicadoras documentan.
Cacho Ribeiro criticó que los gobiernos se empeñen en señalar que el periodismo de investigación tienen algo de “perverso” en contra de los patriarcas de la política y que por eso utilicen tácticas de denigración, descalificación y manipulación de la vida privada de las periodistas,.
En su participación, el relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, explicó que cuando se habla de discriminación estructural contra las periodistas no sólo significa que la situación de violencia le ocurrió a una mujer, sino que este hecho se basa en una histórica desigualdad de poder y de estigmatización estructural.
Lanza, quien ha sido relator de la CIDH por casi 6 años y en octubre próximo concluirá su mandato, consideró que a las mujeres se les ha confinado al espacio privado, del hogar y los cuidados, por eso explicó que quienes se dedican al periodismo son atacadas, porque hay una intención, manifiesta o inconsciente, de reducirlas a ese papel.
El también abogado, experto en libertad de expresión, agregó que los Estados de la región deben incorporar esta mirada de género y ver que existe una discriminación y violencia especifica contra mujeres periodistas y de alto perfil público.
En el caso de México, señalo que después de la visita oficial que realizó al país en 2017, junto con el relator especial sobre Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, constató que todos los gobiernos mexicanos han tenido problemas con la prensa, y aunque se pensó que el gobierno que llegó al poder en 2018 iba a ampliar el espacio democrático y no reducirlo o atacarlo, esto no sucedió.
Las altas autoridades, mencionó, tiene un discurso y estrategia que reduce la democracia mexicana, por ejemplo cuando se usan frases como “sicarios de la tinta” (aludiendo a la frase “prensa sicaria” que se ha popularizado en México), que acuñó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para referirse a la prensa.
El relator también destacó que los asesinatos de las periodistas Miroslava Breach Velducea, en Chihuahua, el 23 de marzo de 2017; y de Maria Elena Ferral, en Veracruz, el pasado 30 de marzo, así como la amenaza a Lydia cacho Ribeiro, tienen un hilo conductor: ellas investigaban el poder patriarcal de las regiones coludido con el crimen organizado. “No es casual que cada ves las mujeres este tomando el papal de investigación”, dijo.
Las periodistas y el experto en libertad de expresión coincidieron en que aun faltan más mujeres en puestos de decisión, en la necesidad de mantener los recursos para las medidas de protección a periodistas en riesgo y señalaron su preocupación por la persistencia de los ataques contra la prensa.
La cartografía expone que en 70 por ciento de los casos de agresiones se trató de reporteras que estaban realizando investigaciones periodísticas donde se evidenció corrupción, desvío de fondos y violaciones graves a los Derechos Humanos.
El resgistro de este mapa identifica que la violencia psicológica es la más recurrente (77 por ciento de los casos la presentan), la cual se expresa en amenazas, desprestigio de la labor periodística y hostigamiento. En 37 por ciento de los casos fue violencia física como detenciones arbitrarias, privación ilegal de la libertad y ataques con arma de fuego.
En 12 por ciento de los casos se trató de violencia patrimonial relacionada con allanamiento de vivienda, despojo de material de trabajo y daños a los bienes de las periodistas. En 6 por ciento de los casos se trató de violencia sexual como acoso sexual en redes sociales o en el espacio físico o campañas de difamación o amenazas con connotaciones sexuales.
Los hechos violentos suceden principalmente en espacios institucionales (46 por ciento), seguido de comunitarios (30 por ciento), laborales (3 por ciento) y en los últimos años se ha registrado un aumento en espacios digitales (18 por ciento).
La cartografía, expuso la encargada del área de Libertad de Expresión y Género, de CIMAC, Adriana Ramírez Vanegas, indica los casos documentados. Por ejemplo, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han documentado 271 casos de violencia contra mujeres periodistas, es decir, cada dos días una periodista es violentada. Al primer semestre de 2020, ya se vislumbra como el año más violento, con 127 ataques contra las informadoras.
Las periodistas y el experto señalaron que la impunidad es la constante, por eso llamaron a tomar las recomendaciones de los organismos internacionales para fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de la protección e investigación de estos crímenes y al gremio a reforzar redes de apoyo.
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