DE NORTE A SUR

La entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría afectar a los campesinos mexicanos más que su antecesor, el TLCAN.  Hace poco más de una década, las importaciones incrementaron 50 por ciento, condenando a los productores nacionales a la pobreza, dos millones abandonaron sus actividades después de que inició el acuerdo, desencadenando una serie de problemas de las que nuestro país todavía no se recupera.

En el arranque del nuevo tratado, más de 80 organizaciones campesinas expresaron su preocupación, especialmente ante los transgénicos, por lo que solicitaron desde el año pasado, y sin tener respuesta todavía, que se emita un decreto para prohibir los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en todo el país, como se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña a la presidencia. El temor frente al nuevo acuerdo es que grandes empresas con las que los pequeños no pueden competir acaben por eliminar las pocas oportunidades que les ofrecen, mediante la apropiación de las semillas.

Organizaciones campesinas como Agricultura Regenerativa, Campaña Nacional sin Maíz no hay País, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec), Carnaval del Maíz y el Sindicato de Trabajadores del Inca Rural piden al gobierno de AMLO que se emita un decreto para proteger los granos mexicanos y se actúe en contra de los OGM en todo el país.

Recuerdan que el poder judicial otorgó una “medida cautelar que prohíbe a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitir permiso de siembra de OGM de maíz en todo el territorio nacional desde septiembre de 2013. El T-MEC obligaría a México a adherirse al Convenio UPOV 91, que considera patentar las variedades y genes y de esta manera se asegurarían los derechos de propiedad intelectual de las empresas sobre este bien común de la humanidad que ha sido preservado por los campesinos.

México firmó el 9 de agosto de 1997 el Acta 1978 de UPOV que mantiene el «Privilegio del Agricultor de usar su semilla propia y el Derecho del Fitomejorador», permite el intercambio milenario de semillas y la derivación esencial. Sumarse ahora al Acta de 1991 implicaría ir en contra de derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales en derechos humanos, en lo que tiene que ver con el uso y acceso a recursos fitogenéticos y los derechos de los agricultores.

Por eso, estas organizaciones piden que se prohíban permisos de liberación de OGM, ya sea para cuestiones experimentales, piloto o comercial en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como edición genética o mutagénesis.

Asimismo, solicitan que a fin de evitar la liberación y distribución de granos viables de OGM de maíz y de otras especies de las que México es centro de origen, “sólo se permitirá la importación de granos y semillas de países que no siembren OGM, y en caso de que eso no sea posible en el corto plazo, sólo se autorizará importar granos con un certificado de que han sido esterilizados en el país de origen y semillas certificadas sin OGM.

También exigen “implementar el compromiso de Diconsa de no granos de maíz importados en sus más de 25 mil tiendas y almacenes” y la publicación mensual por la Sader- Senasica y Semarnat-Inecc de los resultados de sus análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental”. El ejemplo del maíz es el que más ilustra cómo y cuánto perdió México con el TLCAN.

Los productores salieron muy afectados por las políticas que permitieron la importación desmesurada. Hace poco más de 10 años este grano representaba más de 60 por ciento de la producción agrícola nacional en términos de volumen y valor y ocupaba alrededor de 62 por ciento de la superficie cultivada.

Cuando inició el TLCAN, en 1994, el gobierno acordó el ingreso de 2.5 millones de toneladas métricas de maíz libre de aranceles. Estas importaciones se ampliarían a un interés compuesto de 3 por ciento anual hasta llegar a la liberalización total del mercado, en 2008. La cuota de importación fue rebasada y millones de toneladas de este grano ingresaron a México sin cubrir aranceles.

Entre 1993 y 1999, las importaciones de maíz crecieron 3 mil por ciento al pasar de 152 mil toneladas a 5.4 millones de toneladas; en ese periodo se adquirieron en total 29 millones, de las cuales 12.9 millones estuvieron por encima de las cuotas de importación. El presidente López Obrador asegura que el nuevo Tratado “va a significar inversión, es decir, va a seguir llegando inversión foránea, extranjera.

Es muy importante que entre en vigor el tratado y muy oportuno, porque estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial”. El T-MEC promete impulsar el comercio en beneficio de todas las partes y mayor libertad en los mercados, un comercio más justo y un sólido crecimiento económico en América del Norte. Sin embargo, para muchos campesinos este nuevo acuerdo sólo beneficiará a grandes productores.

Cuando arrancó el TLCAN se prometió modernizar al sector agrícola paulatinamente y brindar al productor un horizonte de planeación de largo plazo. Con el tratado que inicia se promete lo mismo.

Pero los pequeños productores temen que se siga beneficiando a las empresas que pueden producir en grandes volúmenes por lo que ellos quedarán relegados nuevamente. El Fondo Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Washington, expuso en un estudio que, en los primeros ocho años de operación del TLCAN, el sector manufacturero mexicano ligado al ciclo económico de Estados Unidos generó 500 mil puestos de trabajo, mientras que el sector agropecuario de México perdió 1.3 millones en el mismo lapso.

México pasó de ser el país del maíz al que más lo compra al extranjero. El exceso de las importaciones hizo que cayeran los precios del grano lo cual perjudicó a pequeños y grandes productores. El costo de las importaciones es menor que el del producto nacional, por lo que finalmente los consumidores lo prefieren.

El gobierno mexicano debe responder ante la amenaza de los OGM, pese a que el presidente López Obrador ha prometido varias veces que en su mandato están prohibidos. En las negociaciones respecto al capítulo agrícola se debe dejar en claro que México no se sumará a acuerdos que atenten en contra de los derechos humanos.

Aceptar un acuerdo en el marco de UPOV 91 es abrir la puerta empresas monopólicas para dominar el mercado de semillas y esto significaría el olvido de una soberanía alimentaria.

DESDE EL CENTRO Las cuentas pendientes de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo son por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), también robó millones de dólares al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que militaba, según documentos de la Audiencia Nacional de España