Foto portada: Frayba
Organizaciones civiles que trabajan en la construcción de soluciones asociadas a la salud, la nutrición, el acceso al agua y el saneamiento seguros, la economía local, la alimentación y la equidad de género en los Altos y selva de Chiapas, pidieron al gobierno que “haga un mayor esfuerzo por combatir la desinformación y genere información oficial relevante, accesible y culturalmente apropiada y sensible sobre la Covid-19”, dirigida a poblaciones rurales e indígenas, para evitar, entre otras cosas, agresiones a personal de salud.
“A pesar de la implementación de programas emitidos por las autoridades federales y estatales para controlar la pandemia, como el “quédate en casa” y “susana distancia”, en esta entidad “la dinámica de localidades rurales, campesinas e indígenas se encuentra en un contexto de escasa cobertura de telecomunicaciones, incluyendo el internet, fenómenos como la movilización intermunicipal, flujos comerciales y, más aún, la presencia de flujos de migrantes y desplazamientos forzados, constituyen elementos que dificultan el cabal cumplimiento de dichas medidas oficiales”.
En un comunicado señalaron que “la desinformación ha llevado a que algunos habitantes de algunas localidades agredan a los trabajadores de las organizaciones, bajo la consigna de que son ellos los portadores del virus y que sus acciones son contraproducentes para el bienestar de la comunidad”.
“La falta de confianza en las instituciones y autoridades de estado se tradujo en la privación de la libertad de trabajadores de la agrupación Cántaro Azul, condicionados a un pago de 2 mil pesos y el posterior desmantelamiento de las unidades para el lavado de manos ahí instaladas”.
Por ello plantearon a las autoridades de los tres niveles, que para evitar la desinformación, consideren los contextos particulares, los medios de comunicación locales y los idiomas indígenas que existen en Chiapas y México.
Pidieron que, “de manera urgente ofrezcan, traductoras(es) en lenguas indígenas en todos los hospitales de las cabeceras de regiones indígenas, para que contextualicen a los pacientes y sus familiares, con el fin de informar sobre las medidas necesarias de intervención para pacientes graves, así como los protocolos necesarios en caso de fallecimiento por Covid-19 y que se explique por qué no se pueden llevar a cabo los ritos funerarios de acuerdo con las costumbres de cada familia”.
Solicitan que conjuntamente con las organizaciones civiles se diseñen “acciones de atención a la epidemia, en un diálogo constante con las propias comunidades, creando estrategias asociadas a la emergencia sanitaria, diseñadas y consultadas con las propias autoridades municipales y comunitarias, para hacer más eficientes las medidas sanitarias implementadas actualmente, que busquen profundizar la apropiación desde las comunidades rurales e indígenas, y las poblaciones periurbanas de alta marginación”.
A las comunidades rurales les pidieron “no caer en actos de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas, sobre todo de aquellas que genuinamente buscan acercar medidas de atención y contención contra la pandemia”.
El documento está firmado por Alianza Crecer Juntos-Sitalá; Alianza Pediátrica Global; Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición (Asan); Centro de Capacitación en Ecología y Salud Para Campesinos y Defensoría del Derecho a La Salud (CCESC); Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C.; Fondo Para La Paz; Fundación Cántaro Azul, A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec); Yaxalum Chiapas, A.C.; Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas (Cpmsvch) y por Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
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