Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 Agos.- Un juez del poder judicial del estado determinó cambiar la medida cautelar del urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencias y Medicina Critica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, procesado por el delito de abuso de autoridad, de prisión domiciliaria a libertad con firma periódica cada 15 días, informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El cambio de medida cautelar, “obedece al análisis jurisdiccional y con libre determinación del juez del poder judicial, que de manera objetiva atiende las solicitudes de las partes para ejercer justicia con total apego a derecho”, indicó en un comunicado.
Con la nueva medida, explicó el TPJ, el médico tiene prohibido salir de Chiapas, en tanto concluye el plazo solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para concluir su investigación.
Explicó que “la acción, referente al caso del médico Gerardo «N» fue autorizada en una audiencia realizada dentro de los tiempos y formas de Ley en un ejercicio del 14 de agosto del 2020”.
Antonio Juárez Navarro, abogado defensor del médico, dijo que ahora la calidad en la que encuentra Grajales Yuca es de investigado, por lo que en las próximas semanas, estarán aportando pruebas de que los hechos por los cuales se le acusan son falsos, con testigos que afirman que las cosas no sucedieron.
El especialista que permanecía en arresto domiciliario por motivos de salud, fue detenido el 25 de julio, luego de la denuncia interpuesta por Karen Alejandra Ramírez Molina, por supuesto abuso de autoridad, después de que su padre, Miguel Arturo Ramírez López, exdiputado local y exdirigente del estatal partido Mover a Chiapas, falleciera de Covid-19.
La quejosa acusó al médico de solicitarle medicamentos para atender a su padre en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).
La FGE inició posteriormente otra carpeta de investigación, luego de que el abogado Jorge Gustavo Cervantes Yáñez, contagiado con Covid-19, declaró que el imputado le pidió “entre 550 mil y 650 mil pesos” por atenderlo “en una habitación con una curación integral porque estaba grave, y que era posible que necesitara intubación” en el hospital que se sostiene con cuotas de los trabajadores del estado.
De acuerdo con el abogado Juárez Navarro, defensor de Grajales Yuca, FGE inició el pasado 11 de este mes, una nueva carpeta de investigación que “ya no apunta” hacia su cliente, sino a directivos del Isstech, que presuntamente crearon un área VIP para atender a particulares enfermos de Covid-19, la cual contaba con aparatos de alta especialidad.