Los conflictos comunitarios latentes en todo Chiapas

Los conflictos comunitarios están latentes no solo en Tila. Están presentes en casi todo Chiapas.

Esos conflictos son ya de dos o tres generaciones. Prácticamente, gobiernos van y vienen y no logran solucionar los problemas agrarios y comunitarios vigentes; solo han administrado los problemas.

Por mencionar algunas problemáticas más recientes: Esta semana además de Tila, en Chamula se prendieron los fotos de la violencia comunitaria.

El miércoles es detenido Juan Shilón, quien se autonombra, presidente concejal de Chamula. Horas después de su detención, sus partidarios se hacen presentes en el penal de San Cristóbal echando tiros. Al día siguiente, bloquean la autopista Tuxtla – San Cristóbal y otro grupo bloquea la vía San Cristóbal -Ocosingo.

En ese contexto, los seguidores de  Shilón retuvieron a dos elementos de la policía estatal y un civil, exigiendo la liberación de su líder. El sábado los agentes y el civil fueron liberados.

En Ocosingo, hay un conflicto vigente entre la ORCAO y simpatizantes del EZLN. Hace unos días, simpatizantes de la ORCAO quemaron una bodega de la gente del EZLN.

En Chenalhó y Aldama el conflicto entre los dos municipios no logra atenuarse. Este domingo el Frayba reportó otro herido de bala. Reportó también que comunidades de Aldama estuvieron bajo fuego 32 horas.

La cara más visible de los conflictos comunitarios en Chiapas, son los Desplazados.

Sin embargo, tal parece que son visibles solo para las organizaciones no gubernamentales, para el periodismo crítico. Pero no para el gobierno local y federal.

Los conflictos comunitarios nos causaron la tragedia de Acteal, y hoy no se ha llegado a ello, pero tal pareciera que estamos en un preludio para ver algo parecido a Acteal. eso no ha ocurrido todavía; pero esos conflictos nos han dejado miles de desplazados. En Chiapas hay desplazados en Chenalhó, Aldama y el Ejido Cintalapa de Ocosingo.

Hay conflictos comunitarios por todo Chiapas, pero este fin de semana, todo el estado estuvo atento a lo que sucedía en Tila.

El municipio de Tila es mayoritariamente Chol, y los antecedentes del conflicto actual es la posesión de la tierra. Cuando los choles de Tila quisieron que ese derecho se expresara legalmente, el gobierno federal validó mediante un decreto su derecho a poseer tierras. Pero no se las entregó. A pesar de ello, la figura legal fue un ejido.

En el decreto presidencial de 1934 no se dotó de tierras a los habitantes del pueblo de Tila, se legalizó y se les dio seguridad jurídica mediante el reconocimiento expreso de posesión ancestral, estableciéndose así el ejido.

En otras palabras, para la gente de Tila hubo respuesta a su petición con la figura del ejido. Pero sin tierras. En los hechos, con ese decreto solo fueron reconocidos como pueblo originario. Y por ende, con derecho a la tierra. Pero sin posesión legal.

Luego, en 1966 la Secretaría de la Reforma Agraria creó el fundo legal con 130 hectáreas del ejido con la intensión de crear propiedad privada. El ejido se amparó, hubo decretos estatales, el ejido se amparaba, pero hoy el conflicto tiene aristas e intereses de todo tipo.

Conflicto, polarización y vacío de poder

Tila, Aldama, Chenalhó, Ocosingo y los incidentes comunitarios condensan hoy la historia de Chiapas. En ese sentido; hay dos conceptos que nos definen: el conflicto y la polarización. Podríamos incluso agregar un elemento más: El vacío de poder.

Difícil rebatir los primeros dos conceptos; el del Chiapas conflictivo y polarizado.

Respecto al tercer elemento que nos define: el vacío de poder; hay quienes dicen que no existe, que ese vacío es llenado siempre por “algo o alguien”.

Agregaría que quien debe de llenarlo; es el estado-nación, porque su brazo operador, es decir del gobierno; es quien tiene la obligación ética y los instrumentos para hacerlo. Los instrumentos de seguridad pública, los instrumentos legales y los instrumentos fiscales. Es decir, es el gobierno quien debe proveer, la aplicación de la ley, el equipamiento, la infraestructura, la salud y la educación. 

Históricamente, eso es lo que nos falta en Chiapas: leyes, salud, educación, infraestructura, y esa situación es precisamente lo que nos lleva al conflicto y a la polarización social.

Chiapas es diverso; cultural, social, geográfica y económicamente. Pero en todos lados, hay agravios y ausencia del estado de derecho. Nuestras regiones son distantes geográficamente, pero las une -obviamente- la identidad chiapaneca y también modalidades tradicionales y ahora también, formas modernas de control político.

Esto se traduce en una sempiterna exclusión social y política, en pobreza y marginación sobre todo, de los pueblos indígenas., pero ¿cuáles son esas modalidades tradicionales y modernas de control político? las tradicionales son los usos y costumbres, sobre todo en los pueblos originarios.

Las más modernas, son la falta de identidad política de la clase política estatal que la hace saltar de partido en partido y de gobierno en gobierno.

En Chiapas nuestros políticos tienen “doctorados” en “chambismo” y “chapulineo”, pero son reprobados en cuanto a resultados de su trabajo y el impacto de sus acciones.

El saldo es que vemos a familias enteras que se traspasan el poder, que influyen en las decisiones políticas locales; pero que poco se preocupan por el bien común.

Mientras que el eje de la lucha social en Chiapas es la demanda por infraestructura. Los chiapanecos pedimos aulas, carreteras, escuelas, agua potable, caminos, carreteras. Los más jóvenes ven una salida a la marginación y la pobreza en la lucha por las plazas magisteriales y claro está, en la migración.

En tanto que el gobierno federal solo transfiere recursos a Chiapas, y ha dejado a una clase política -que no tiene identidad pero que se arraiga y retiene el poder- a que administre esos recursos, que además han sido cuantiosos.

Hace unos días, un informe de OXFAM titulado “La otra mafia del poder” demuestra que el gasto social no ha resuelto los problemas de desigualdad en México, por supuesto que tampoco los problemas de Chiapas. El informe dice que en nuestro país, de cada diez pesos que se pierden en potenciales actos de corrupción, cinco están destinados al gasto social.

Cita también que se pierde más dinero en los programas con mayor potencial redistributivo, en las regiones más pobres y en las acciones más útiles para combatir la pobreza tales como políticas y servicios de salud, educación y desarrollo.

Incluso, el informe afirma que hay 94 municipios que han perdido más del 90 por ciento de los recursos que les han auditado, 51 de ellos pertenecen a los cinco estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. El caso que destaca es el de Chamula, porque es el municipio con mayor cantidad de dinero perdido.

Habría que decir también que en muchas ocasiones, el gobierno federal y sus decisiones respecto a Chiapas, solamente han empeorado la situación en un estado en donde el conflicto agrario es permanente.

Por ejemplo, hay decretos sobre decretos. Montes Azules ya la Selva Lacandona son la prueba. Pero también es el caso en Tila. Donde hubo un decreto ejidal y derecho a la tierra. Pero no hubo posesión de ella.

Ese es precisamente el contexto general en Chiapas. El de polarización social, el de los conflictos comunitarios, el de las marchas y bloqueos. El de la lucha agraria. Lo que nos ha llevado hoy a una crisis social y económica sin precedentes, porque ya parece una crisis que es permanente, que no cede.

Vemos a una estructura gubernamental paralizada por las deudas de otras administraciones y; vemos un fenómeno nuevo que no quisiera dejar de comentar: El secuestro o retención por parte de las comunidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno; exigiendo obra pública a cambio de la liberación.

No hay obra pública, no se ejecuta. O se promete pero no se cumple.

Hay algunos casos en los que las comunidades exigen el dinero en efectivo, precisamente porque no hay confianza en las autoridades.

Una falta de confianza que choca con las demandas de los chiapanecos de más educación, carreteras y el largo etcétera de las necesidades no satisfechas.

Los conflictos comunitarios saltan por todos lados.

Aldama contra Chenalhó. La presencia del EZLN y el choque entre comunidades zapatistas contra las que no lo son. La ORCAO contra bases zapatistas en Ocosingo. La falta de apoyo a los empresarios del Soconusco. La falta de empleo en las ciudades chiapanecas. Los desplazados internos

Los conflictos ya la polarización en Chiapas son un asunto casi permanente. Estructural, si pudiera decirse. La clase política sigue siendo la misma. La demanda social también. Igual, las tensiones sociales y políticas.

Lo que cambia son las coyunturas. Antes hablábamos de guardias blancas, de paramilitares. A ellos se les acusaba de estar armados. Hoy en el estado, cualquiera tiene un arma.

Para resolver los problemas de conflicto social; lo primero que habría que hacer, es un programa de desarme, porque mientras haya acceso a las armas para cualquiera, podrán venir las mesas de diálogo que sean. Podrá haber distensión. Pero no habrá paz.

Menos si el gobierno no asume la responsabilidad también de responder a las demandas sociales.

Hay varios Chiapas, hay dualismo en el estado, lo rural, las ciudades, lo moderno, lo atrasado; pero también el Chiapas marginado, excluido e indígena que no tiene otra salida más que protestar.