Tuxtla Gutiérrez, Chis. 16 Oct.- El desalojo violento que policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) y de la Guardia Nacional llevaron a cabo en el crucero Temó, en la carretera Ocosingo -Palenque, dejó “una desaparición forzada, dos detenidos arbitrariamente y 13 heridos como resultado del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública en la represión a la manifestación pacífica en Chilón”, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
En un comunicado, el organismo denunció que “hasta el momento, se encuentra desaparecido el ejidatario Juan Hernández Morales, de aproximadamente 24 años de edad, originario del Centro San Gabriel, ejido San Jerónimo Bachajón, en Chilón. Juan está desaparecido desde las 10:30 horas, del día 15 de octubre de 2020, cuando comenzó el violento operativo policiaco-militar de desalojo; el se encontraba en la manifestación pacífica”.
Indicó que en el lugar, “privaron arbitrariamente de su libertad a José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) y César Hernández Feliciano (César) además de lesionar a 13 personas”.
Acusados del delito de ataques a las vías de comunicación. (Carpeta de investigación: C.I: 031-031- 1006-2020), José Luis y César fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Justicia Indígena Octavio Luis Martínez en el municipio de Ocosingo. El término de 48 horas para la resolución de su situación jurídica se cumple el día 17 de octubre de 2020, a las 13:00 horas.
Sin embargo el día 16 de octubre de 2020, fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 10 de Ocosingo, donde adelantaron la Audiencia de Control que se estaba realizando a las 23:00 horas del viernes.
El Frayba denunció que durante la audiencia, el Secretario de Acuerdos del Juzgado, David Mancillas Murias, realizó obstrucción de la documentación de violaciones a derechos humanos, al negar información a los abogados y defensores del organismo e intentar sacarlos de la sala con amenazas de trasladar a los detenidos a El Amate, así como intimidarlos con la presencia de patrullas de la Policía.
“Consideramos desde la documentación realizada por este Centro de Derechos humanos, que los señores José Luis y César, deben ser liberados debido a que las acciones que estaban realizando están sustentadas en la libre manifestación y protesta. Acción colectiva desde los derechos colectivos como Pueblos Originarios en la defensa de su territorio, referido en nuestra Carta Magna, en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración, Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas y en Los Acuerdos de San Andrés”.
Agregó que en el operativo violento, “de manera arbitraria la Secretaría de Seguridad Pública decomisó un vehículo Tsuru propiedad del ejidatario Sebastián Gómez Méndez, una Nissan estaquita propiedad del ejidatario José Luis Gutiérrez Hernández, una Nissan estaquita propiedad del ejidatario Nicolás Gómez Gómez, una motocicleta dínamo propiedad del ejidatario Manuel Gutiérrez Hernández, una motocicleta honda 150 propiedad del ejidatario Narciso Gutiérrez Moreno, así como un celular marca Huawei”.
En un acción urgente el Frayba hace un llamado al Estado mexicano, para presentar con vida y urgentemente a Juan Hernández Morales, para proteger su vida, integridad y seguridad personal.
Así como liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes fueron están privados arbitrariamente de su libertad.
Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación y protección a su territorio. Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, así como respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.
El organismo pidió también que se garantice el trabajo en la defensa de los derechos humanos de los abogados y defensores del Frayba.