El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), demandó “justicia y un debido proceso” para los indígenas tzeltales, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, del ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón, detenidos el 15 de octubre cuando participaban en una protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional.
“Los hechos violentos de represión ejercidos por el presidente municipal de Chilón (Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo), al accionar la fuerza pública en contra de los hermanos y hermanas que ejercían su derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica”, además de que “se les negó una mesa de diálogo para tratar sus demandas del hecho suscitado; aunque se menciona que hubo diálogo existen pruebas de todo lo contrario”, aseguran en un comunicado.
Modevite condenó “la detención arbitraria y violenta de los hermanos del ejido San Jerónimo Bachajón por parte de la policía municipal, que injustamente han sido juzgados por delitos (ataques a las vías de comunicación) que no cometieron, además de que no ha habido un debido proceso”.
La agrupación se deslindó de la protesta que el 15 de octubre, cuando alrededor de 300 agentes de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales desalojaron a decenas de ejidatarios tzeltales de Chilón que realizaban un bloqueo a la altura del crucero de Temó para oponer a la construcción de un cuartel de la primera corporación.
“El Modevite ha caminado en la defensa del territorio de los pueblos originarios maya ante la constante amenaza de empresas transnacionales que en complicidad con el Estado saquean los pocos recursos que les quedan dejando a los pueblos en desolación, miseria y pobreza, y se ha manifestado en distintos escenarios bajo la filosofía de la no violencia”.
Refirió que eI 15 de octubre se realizó una manifestación por parte de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastien Bachajón, Chilón, ejerciendo su derecho como ejidatarios ante los proyectos que violentan su autonomía; sin embargo, las autoridades locales a través sus operadores políticos, medios de comunicación y redes sociales han afirmado la participación del Modevite en este evento con el único objetivo de manchar su imagen, desprestigiar y criminalizarlo”.
Aclaró que el bloqueo carretero en ningún momento fue convocado por la coordinación general del Modevite, “sino que fue organizado por los mismos hermanos y hermanas del territorio de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón”, pero “tenemos conocimiento de la violación a los derechos humanos y colectivos a los que fueron sometidos los compañeros por el gobierno del municipio de Chilón”.
Por lo que condenó enérgicamente los señalamientos y difamaciones de las autoridades gubernamentales, de los medios de comunicación, de las redes sociales en contra de nuestro movimiento que desvirtúan y criminalizan nuestros procesos para proteger la vida y el territorio.
De igual forma condenó “la marcha manipuladora del 21 de octubre” la cual aseguró, se hizo “para justificar los hechos violentos del 15, y enfrentar a los mismos hermanos del municipio, para lo cual se obligó a la gente de las comunidades a salir a defender proyectos de muerte y de saqueo como la carretera de las culturas (San Cristóbal-Palenque), el cuartel de la Guardia Nacional y el Tren Maya, entre otros; todo esto en complicidad de sus operadores políticos como agentes municipales, comisarios ejidales y delegados de gobierno”.
Ante estos hechos se preguntó: ¿Por qué se criminaliza al Modevite? ¿Cuál es el interés del gobierno de los tres niveles de acabar con las organizaciones sociales? ¿Por qué no se permite la libertad de expresión y el derecho de manifestación de los pueblos originarios? ¿Cuál es el temor? Vemos con preocupación cómo los derechos de los pueblos originarios que tienen fundamento en nuestra Carta Magna y en los convenios Internacionales, son violentados cada vez con mayor facilidad por las autoridades de gobierno”
Modevite finalmente demandó al Estado mexicano “alto a la represión y persecución en contra de los movimientos sociales en defensa de los derechos indígenas y del territorio; no a la supresión de los derechos de liberta de expresión y de manifestación pacífica”.