Foto portada: AFP
Pide a la Guardia Nacional y el INM localizar a migrantes agredidos y reparar el daño
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que agentes de migración y elementos de la Guardia Nacional violaron los derechos de los migrantes de una caravana a la que se impidió el paso en enero en la frontera con Guatemala.
La investigación de la CNDH constató que del 20 al 23 de enero de este año personas migrantes que intentaban ingresar a México fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por integrantes de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
El uso de piedras, porras y escudos contra los migrantes constituyó uso excesivo de la fuerza, afirmó el organismo en un comunicado.
A la Guardia Nacional debe adiestrársele en el respeto a los derechos humanos y a los migrantes afectados compensárseles como víctimas, agregó.
El incidente ocurrió a finales de enero durante el último intento en gran escala de migrantes centroamericanos de formar una caravana para llegar a Estados Unidos.
Los migrantes, principalmente hondureños, intentaron rodear el río Suchiate desde Guatemala, pero se toparon con una línea de elementos de la Guardia Nacional y agentes de migración en los márgenes del río del lado mexicano.
Algunos de los migrantes forcejearon con los efectivos de la Guardia en la ribera, mientras otros lograron escurrirse a través de la línea de las fuerzas del orden y se pusieron a caminar por una carretera rural, aunque la mayoría fueron detenidos el mismo día.
Otros más fueron detenidos en el lugar o perseguidos entre la maleza de la zona. Algunos migrantes les lanzaron piedras a la policía y los guardias, que se protegían con sus escudos de plástico y les devolvían algunas de las piedras.
La CNDH señaló que los elementos de la Guardia actuaron indebidamente cuando detuvieron a migrantes, dado que esa acción es responsabilidad del Instituto Nacional de Inmigración. Ninguno de los organismos hizo comentarios sobre el comunicado de la comisión.
Históricamente, la CNDH no opina sobre actos provocadores cometidos por particulares, porque por ley se pronuncia sólo en torno al proceder de autoridades en lo que respecta al respeto a los derechos humanos, y no sobre el de personas ordinarias.
Las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, pero las dependencias gubernamentales deben explicar sus razones si no las aceptan.