Personas con capacidades diferentes protestaron afuera del palacio de gobierno por la desaparición del transporte urbano Conejobus, cuyas unidades con plataforma especial proporcionaban servicio de transporte adaptado a ese sector vulnerable en la capital chiapaneca.
Las decenas de autobuses, ocho de ellos adaptados para personas con problemas motrices, dejaron de circular el pasado fin de semana tras el cierre del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, una empresa constituida por el gobierno y socios concesionarios.
Los manifestantes movilizados en sillas de ruedas, denunciaron que la decisión de desaparecer la empresa pública de transporte, constituida en 2010 durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, con un 51 por ciento de participación gubernamental y 49 por ciento de socios concesionarios, fue una decisión discriminatoria con los sectores vulnerables de la ciudad.
La declaratoria de desaparición del servicio no consideró al público usuario ni a las personas socialmente vulnerables que a diario se trasladaban en las unidades de sus domicilios a sus centros de trabajo y al centro de la capital, señaló uno de los inconformes.
El gobierno y la extinta empresa procedieron con discriminación y desprecio contra las personas de la tercera edad y las personas con capacidades diferentes, manifestaron.
Atropellaron la dignidad, los derechos de las personas con capacidades diferentes y el trato respetuoso e incluyente consagrados por la Constitución y leyes relativas. Al quitarnos el servicio de movilidad especial del Conejobus fue como «arrancarnos otra vez las piernas y los pies, y ponernos en graves riesgos en el tráfico de la ciudad», acusaron.
Los manifestantes pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaron que enviarán la queja a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
El Conejobus fue también el medio de transporte para adultos mayores, a quienes se les proporcionaba descuentos especiales mediante tarjetas de derechohabiente.
Las unidades constituyeron la única alternativa de movilidad con plataformas adaptadas para personas discapacitadas , que circulaban operadas por conductores capacitados para atender a ese sector de la población.
La declaratoria de desaparición del servicio no consideró al público usuario ni a las personas socialmente vulnerables que a diario se trasladaban en las unidades de sus domicilios a sus centros de trabajo y al centro citadino.
El gobierno y la extinta empresa procedieron con discriminación y desprecio contra las personas de la tercera edad y las personas con capacidades diferentes, acusaron.
Atropellaron la dignidad, los derechos de las personas con capacidades diferentes y el trato respetuoso e incluyente consagrados por la Constitución y leyes relativas. Al quitarnos el servicio de movilidad especial del Conejobus fue como «arrancarnos otra vez las piernas y los pies, y ponernos en graves riesgos en el tráfico de la ciudad», acusaron.
Pidieron además la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, y enfatizaron que enviarán la queja a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
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