Foto portada: Frayba
Alto a la represión y criminalización a Pueblos Originarios que defienden su territorio: Frayba
El Juez de Control en Cintalapa, determinó en audiencia modificar la medida cautelar de prisión preventiva, para que José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continúen su proceso penal presentándose a firmar cada 15 días en el Juzgado de Control de Ocosingo; así como les prohibió salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado, informo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El organismo refirió que los defensores comunitarios están acusado del delito de motín, por oponerse a la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, por lo que considera, “son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades”.
El Frayba asumió la defensa jurídica de José Luis y César, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa.
Para el organismo Gutiérrez Hernández y Hernández Feliciano como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastián Bachajón, por lo que exigió al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de la base militar en el municipio de Chilón, así como se respeten los derechos y cultura de los pueblos originarios.
En un comunicado, el Centro dijo que documentó violaciones a derechos humanos como: Privación Arbitraria de la Libertad, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas: obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.
“Además el uso de la prisión preventiva constituye una vulneración al derecho a la libertad personal, y una pena anticipada violentando también el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar la disidencia social”.
Agregó que “la protesta, es una acción legítima como derecho de la población socialmente invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está implícitamente vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público”.
Sobre el caso dijo, organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos4 y Front Line Defenders hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de César y José Luis. Y expresaron que: «el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México».
El Frayba reiteró al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los Pueblos Originarios que defienden sus territorios así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.
“Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta”.
El organismo que fundó el Obispo Samuel Ruiz García, finalmente apuntó que se suma a la exigencia de suspender la construcción del la base de la Guardia Nacional en el territorio del Pueblo Maya Tseltal, en el ejido de San Sebastián, en Chilón.